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Empleo Hoy El Gobierno rescata la ‘Tarjeta Social Digital’ de Rajoy para controlar todas las prestaciones que reciben los ciudadanosLa medida también servirá para localizar indicios de fraude por parte de los beneficiarios.
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Eduardo Ortega Socorro Publicada 24 abril 2026 02:39h Las clavesLas claves Generado con IA
El Gobierno continúa con su estrategia de aumentar las capacidades digitales de la Administración, algo que facilitará el acceso de los ciudadanos a determinados servicios públicos... Pero también permitirá controlar mejor el gasto social y acechar posibles fraudes de sus beneficiarios.
Este es el caso de la "Tarjeta Social Digital", una fórmula que prepara el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Con ella, quiere tener un registro constante de las prestaciones sociales, incluidas las pensiones públicas, que reciben los ciudadanos.
La medida no es 100% producto del Gobierno de Pedro Sánchez. Es más, se trata de una iniciativa que diseñó el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2018.
Choque en el Gobierno por la ayuda universal de 200 euros por hijo: Sumar la anuncia ya pero el PSOE la abortaConcretamente, es una medida que el último Gobierno central del Partido Popular incluyó en los Presupuestos Generales del Estado de 2018. Unas cuentas que recibieron el visto bueno del Congreso mientras, en paralelo, los diputados también aprobaban la moción de censura a Mariano Rajoy.
De hecho, los Presupuestos Generales del Estado de 2018 se publicaron en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en julio con la rúbrica de Pedro Sánchez, que ya era el inquilino oficial del Palacio de la Moncloa. Pero, debido al pacto al que llegó con el PNV para que prosperara la moción, no podía tocar una coma del texto.
En esencia, la Tarjeta Social Digital (que es la denominación oficial que le ha dado el Gobierno al instrumento) será un sistema de información compartida entre el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales. Así lo indica el proyecto de real decreto que la desarrolla y su memoria de impacto normativo, a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.
En él van a estar registradas todas las prestaciones sociales (entre ellas, las pensiones, claro) que un mismo ciudadano (u hogar) reciba de las administraciones. Sin importar si son del Estado, de las autonomías o de los ayuntamientos.
El Estado acentúa su 'voracidad recaudatoria': prevé ingresar 5.200 millones más mediante el IRPF y las cuotas de autónomosEste registro informático también incluirá qué condiciones cumplen los beneficiarios para percibir prestaciones, así como los datos identificativos que sean necesarios para ello.
Hablamos de niveles de renta, discapacidad, dependencia, demanda de empleo o familia numerosa. También toda información subjetiva que "deba ser facilitada por las administraciones públicas, entidades y organismos con competencias de gestión o de coordinación estatal en la materia", recoge la documentación del departamento de Elma Saiz.
Como indica su nombre, los ciudadanos beneficiados también podrán acceder a esta Tarjeta Social Digital a través de dispositivos móviles o un portal web propio. Y podrán demandar cambios o actualizaciones de los datos personales que recoge la aplicación.
La incorporación de información a la Tarjeta Social Digital será progresiva. Es decir, que las prestaciones económicas vigiladas se irán sumando poco a poco. La idea es que el real decreto que permita la puesta en marcha de la medida se apruebe antes de que termine junio.
Conductas fraudulentas
¿La implementación de la medida le va a costar dinero al Gobierno? Sí, pero también va a suponer una herramienta contra el fraude. Según recoge el texto, permitirá "un mejor destino y uso de los recursos públicos como mecanismo de detección de concurrencias y duplicidades en las prestaciones e incluso o de indicios de conductas fraudulentas".
De hecho, los de Elma Saiz indican que esta herramienta también puede ayudar a "equilibrar la protección destinada a aquellos colectivos desprotegidos frente a los que reciben un exceso de protección".
Por otro lado, el Gobierno estima que el impacto presupuestario de la medida será de más de 839.000 euros. Esto es lo que costará reforzar los equipos humanos y materiales de la Seguridad Social para gestionar la medida.