A diferencia de cuando diseñó el "escudo social" para hacer frente a los efectos económicos de la guerra en Ucrania, el Gobierno ahora hablará previamente con los agentes sociales y con todos los grupos parlamentarios, incluido Vox, antes de aprobar el paquete de medidas para "proteger" a particulares y empresas ante la subida de precios en España derivada del conflicto bélico en Oriente Próximo. Lo más significativo de este cambio de táctica es que para esa ronda de contactos a nivel de partidos presentes en el Congreso esta vez sí se contará con la formación de Santiago Abascal, habitualmente excluida de este tipo de reuniones bilaterales.
En Moncloa diferencian unas conversaciones con las que se van a intentar recabar apoyos en la Cámara Baja a cuestiones que previsiblemente irán en la línea de reducción del IVA en alimentos básicos y compensaciones por el incremento del coste del diésel y la gasolina -aunque aún no se ha concretado el contenido- que "a dar cuenta de la posición geopolítica del país". Éste era el caso de los contactos que se cancelaron a raíz del accidente de trenes de Adamuz (Córdoba), en el marco de los cuales Pedro Sánchez tenía previsto reunirse con todos los representantes salvo con el líder de la ultraderecha para abordar un hipotético de envío de tropas de paz a Kiev y los cambios en el tablero mundial a raíz de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.
En esta ocasión el que hablará con los grupos parlamentarios será el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, mientras que con los sindicatos y la patronal aún no se ha definido el nivel de interlocución, aunque se da por hecho que la vicepresidenta segunda y titular de la cartera de Trabajo, Yolanda Díaz, será una de las protagonistas. El Gobierno de coalición plantea las reuniones que ayer aún no se han agendado como "intercambio de ideas" y, pese a que reconocen a priori la dificultad de sentarse con Vox y más aún de llegar acuerdos, exponen que lo deseable es que este nuevo "escudo social" se pudiera aprobar "por unanimidad".
"Todo ello para poner en marcha una respuesta calibrada y eficaz en un doble plano: el coyuntural, con medidas para proteger a hogares, trabajadores y empresas afectadas, y uno estructural con medidas para acelerar la transformación ecológica y fortalecer nuestra autonomía estratégica", apuntó este martes la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz. "Decir No a la guerra es la mejor medida para mejorar la vida y los bolsillos de la gente", agregó recurriendo al lema que ha rescatado Sánchez en el nuevo capítulo de su oposición frente a Trump, ahora por el ataque de EEUU a Irán.
Reticencias en el Congreso
La ronda de contactos anunciada por el Gobierno choca de momento con la actitud muy escéptica de los grupos parlamentarios situados en la derecha. Cunde la sospecha en ellos de que puede tratarse, como señala el PP, de una "campaña propagandística" del presidente. El mismo recelo destilan el PNV y Junts.
Ayer, los grupos, y en este caso también los socios de izquierda del PSOE, lamentaban el retraso del Ejecutivo en poner sobre la mesa una propuesta de medidas para paliar los efectos de la guerra en la economía de ciudadanos y empresas. PP, Junts y Podemos ya se han anticipado registrando en la Cámara sus propios planes que, en el caso de los dos primeros grupos, inciden en la rebaja de impuestos especialmente los que afectan a luz, gas y combustibles.
Las diferencias radicales a la hora de plantear ayudas para superar esta nueva crisis no es un inconveniente menor habida cuenta de que cualquier paquete de medidas debe ser sometido a la aprobación del Congreso. En el Gobierno lo fían todo a su experiencia en "el diálogo y la negociación" para llegar a acuerdos.