- Sánchez moviliza 5.000 millones en 80 medidas para apoyar a "ciudadanos, pymes, sector primario e industria"
- El Gobierno congela los contratos de alquiler durante dos años
- Editorial. La factura global del conflicto se dispara
- Opinión. Los cuentos del Gobierno con las Cuentas
Sánchez asume las propuestas fiscales del PP y cede ante Sumar para congelar los alquileres. Los empresarios rechazan el mayor intervencionismo y el FMI exige destopar los alquileres.
Casi tres semanas después del comienzo de la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán, el Consejo de Ministros aprobó por fin ayer un plan de medidas para paliar el impacto del conflicto en Oriente Próximo sobre los consumidores y las empresas. Pero el tiempo transcurrido no ha servido para que Pedro Sánchez presentara un plan consistente y consensuado con la mayoría de los grupos parlamentarios.
Sensu contrario, en el Palacio de la Moncloa se vivieron momentos de tensión cuando los ministros de Sumar se negaron a participar en la reunión extraordinaria del Gabinete al no ver sus propuestas recogidas en el texto que se iba a someter a deliberación. El presidente medió para reconducir esta nueva crisis dentro de la coalición ofreciendo aprobar dos decretos: uno con las medidas que tendrán fácil refrendo por el Congreso de los Diputados, y otro con la congelación de los alquileres en 2026 y 2027 exigida por la formación de Yolanda Díaz, aun a sabiendas de que será rechazado por la mayoría de la Cámara Baja, como sucedió dos veces con los decretos que prorrogaban el veto a los desahucios.
Inseguridad jurídica
Lejos de dar certidumbre a los agentes económicos, como sostuvo Sánchez para justificar la concesión a Sumar, esta medida ultraintervencionista dispara la inseguridad jurídica en el mercado inmobiliario. Salvo que PSOE y Sumar sean capaces de convencer a sus aliados de Junts o PNV para que voten a favor de la congelación de los alquileres -que han rechazado en varias ocasiones-, este segundo decreto sólo estaría en vigor durante un mes. Este plazo es el máximo legal para convalidar cualquier medida que sea aprobada por el Ejecutivo por la vía de urgencia, como es el caso. Para más inri, la maniobra de Sánchez para salvar la coalición gubernamental de la amenaza de ruptura de Sumar supone cargar sobre los propietarios, en su mayoría particulares tal como ha reconocido el Ministerio de Vivienda, el coste del problema de accesibilidad que sufren cada vez más familias en toda España.
De ahí el contundente comunicado que emitió la patronal CEOE rechazando esta "injerencia injustificada en el derecho a la propiedad privada". Precisamente, el Fondo Monetario Internacional insistió ayer en el informe sobre su evaluación periódica de la economía española en la urgencia de destopar los alquileres ante la drástica caída de la oferta de vivienda por culpa de las políticas fallidas. Pero el Gobierno ha hecho todo lo contrario, además de desatender las recomendaciones de los expertos del sector para abaratar los costes de construcción.
Paradoja fiscal
Más atinada parece la rebaja del IVA de la electricidad, del gas y de los carburantes hasta el 10%, junto a la suspensión del impuesto a la producción eléctrica y la reducción del recargo especial a la electricidad. Además, se rebaja el impuesto de hidrocarburos al mínimo que permite la Unión Europea y se bonificarán al 80% los peajes que pagan las industrias electrointensivas. Se da la paradoja de que la vicepresidenta María Jesús Montero hace diez días calificó de "absurda" la propuesta del PP de rebajar todo lo posible la fiscalidad de la energía y criticó a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, porque "no tiene ninguna idea innovadora, sólo plantea rebajas fiscales".
Pues bien, Moncloa ha terminado asumiendo esas mismas medidas al constatar que no tiene apoyos para poner en marcha otro tipo de ayudas más del gusto de PSOE y Sumar. Sólo habrá subsidios directos para profesionales del sector agrario y el transporte. Sánchez defendió que su escudo "social" contra la guerra, cuyo coste para las arcas públicas cifró en 5.000 millones de euros pese a desconocer el tiempo en que estará vigente, es el mayor en volumen de los aplicados por los distintos gobiernos europeos.
Pero cabe recordar que desde 2022 se ha negado reiteradamente a deflactar el IRPF para ajustar sus tarifas con el fuerte aumento de los precios, lo que ha permitido a Hacienda acumular sucesivos récords de recaudación con los que puede financiar ahora las medidas paliativas del impacto económico de la tensión bélica en el Golfo Pérsico.
Tensión máxima sobre el petróleo y el gasOrmuz, punto débil de EEUU en el golfo PérsicoEl tóxico populismo pacifista de Sánchez Comentar ÚLTIMA HORA