Moncloa considera que el argumento de que la esposa del presidente se podría fugar en Turquía y en Londres, adonde sí le permite viajar, no es difícil de entender
Regala esta noticia Añádenos en Google El juez Juan Carlos Peinado. (R.C,)Madrid
06/07/2026 a las 19:21h.El Gobierno calificó este lunes de «incomprensible» el auto del juez Antonio Viejo, que sustituye a Peinado durante sus vacaciones, por el que se impide ... a Begoña Gómez viajar a Ankara para acompañar a Pedro Sánchez en la cumbre de la OTAN. Fuentes del Ejecutivo subrayan la contradicción de que el mismo auto que veta el desplazamiento a la cita internacional sí autorice a la esposa del presidente a viajar a Londres para la graduación de su hija, un trayecto de carácter estrictamente privado y sin ninguna cobertura institucional.
No es la primera vez que Moncloa encuentra incoherente la lógica judicial aplicada al caso. Cuando Peinado retiró el pasaporte a Gómez y la citó a entregarlo bajo amenaza de conducción por la fuerza pública, el Gobierno ya denunció que el juez «no tiene límites», y el ministro Óscar Puente cuestionó públicamente que la citación coincidiera con la comparecencia de Sánchez en el Congreso. El argumento del riesgo de fuga que sostuvo esa medida cautelar ha sido, desde entonces, uno de los puntos más contestados y no solo por el Ejecutivo. El propio Peinado llegó a sugerir que los escoltas de Gómez podrían ayudarla a huir del país, una idea que los sindicatos policiales calificaron de «barbaridad» y que llevó a Interior a pedir explicaciones al Poder Judicial.
La comparación que más ha calado en Moncloa, sin embargo, es la del juez José Luis Calama, instructor de la causa contra José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra. Calama rechazó imponer cualquier medida cautelar al expresidente, incluida la retirada del pasaporte, argumentando su «visibilidad pública y manifiesto arraigo en el territorio», la «ausencia de cualquier indicio de intención evasiva» y que tal restricción sería «incompatible con el principio de proporcionalidad». Son, exactamente, los mismos factores que el entorno de Sánchez sostiene que concurren en su esposa y que, pese a ello, no impidieron a Peinado adoptar la medida contraria.
El episodio de hoy, en ese sentido, no se lee en Moncloa como un hecho aislado sino como la última pieza de un patrón que el Gobierno lleva meses denunciando: el de una instrucción cuyas decisiones, dicen, no responden a un riesgo procesal real sino a una lógica distinta que consideran cada vez más difícil de justificar en derecho.
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