'Anboto', a su salida de prisión. Efe
España ETA El Gobierno vasco concede de nuevo la semilibertad a la etarra 'Anboto' tras haberla tumbado un juez el pasado abrilLa Fiscalía calificó de "tercer grado encubierto" la anterior aplicación del 100.2 a esta interna y la Audiencia Nacional la devolvió a prisión.
Más información: El juez devuelve a prisión a la etarra 'Anboto' y propone que las semilibertades no se concedan sin previo aval judicial
Javier Corbacho Publicada 2 septiembre 2026 13:29h Actualizada 2 septiembre 2026 13:51h Las clavesLas claves Generado con IA
El Gobierno vasco ha concedido, de nuevo, la semilibertad a la etarra Soledad Iparraguirre, apodada Anboto.
El Ejecutivo autonómico —en concreto, el Departamento de Justicia y Derechos Humanos, en manos de la consejera socialista María Jesús San José— no ha empleado, para ello, la progresión al tercer grado, sino la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario (RP).
El Gobierno vasco ya tomó esta misma decisión a principios de 2026, pero el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional José Luis Castro la revocó el pasado mes de abril, tras revisarla.
El juez devuelve a prisión a la etarra 'Anboto' y propone que las semilibertades no se concedan sin previo aval judicialEl 100.2 RP —una polémica vía cuestionada por las víctimas del terrorismo, que la consideran "un tercer grado encubierto"— se ejecuta automáticamente.
Es decir, una vez el preso ya goza de la semilibertad y puede salir de la cárcel durante el día, es cuando la Fiscalía y el juez de Vigilancia Penitenciaria se pronuncian. Y no antes. La Justicia no tiene forma de frenar previamente esta decisión.
Por tanto, la decisión del juez José Luis Castro del pasado abril, que tumbó la primera aplicación del 100.2 a Anboto, supuso el retorno de la etarra a prisión.
Ahora, según ha podido saber EL ESPAÑOL, el Gobierno vasco ha vuelto a concederle la semilibertad empleando esta controvertida fórmula.
Por tanto, de acuerdo con las cifras que maneja la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), ya son sólo 32 los presos etarras que se mantienen en régimen ordinario (segundo grado), sin salir de prisión.
A finales de 2021, el Gobierno central transfirió a País Vasco las competencias en materia penitenciaria.
Esta decisión, sumada al goteo de traslados de etarras a las cárceles de Euskadi, permite ahora al Ejecutivo autonómico decretar la aplicación del 100.2 RP para dichos internos.
Ahora bien, incluso el juez Castro, el pasado abril, tras revocar la semilibertad de Anboto, cuestionó dicha medida.
El magistrado propuso un cambio legislativo para que este precepto no se aplique sin un aval judicial previo.
Si no, como advirtió el juez, podrían producirse situaciones en el futuro como la que sufrió Anboto: que un preso que ya goza de la semilibertad, concedida por el Gobierno vasco, vuelva a la cárcel por orden de la Justicia.
El fiscal critica la semilibertad dada por el Gobierno vasco a la etarra 'Anboto': la ve un "tercer grado encubierto"De hecho, no es descartable que esa misma situación vuelva a suceder respecto de Iparraguirre. Ahora, con la etarra ya fuera de la cárcel, la Fiscalía deberá dar su opinión y, después, tomará una decisión la Audiencia Nacional, que podrá revocar, de nuevo, su semilibertad.
Como subrayó Castro el pasado abril, la regulación actual constituye una "disfunción que no beneficia a nadie". "A la interna se le crean falsas expectativas y a las víctimas, desasosiego innecesario", indicó sobre el caso de Anboto.
"Tercer grado encubierto"
La Fiscalía, además, se había opuesto a la concesión de la semilibertad a Iparraguirre.
Próximamente, el fiscal Carlos García Berro deberá pronunciarse acerca de la segunda aplicación del 100.2 RP y aclarar si mantiene su criterio o si, esta vez, apoya que salga de prisión.
No obstante, conviene recordar la dureza de aquel primer informe de la Fiscalía, en el que se calificaba de "tercer grado encubierto" la aplicación del 100.2 RP para Anboto.
Soledad Iparraguirre es una de las presas más sanguinarias de la banda terrorista ETA.
El pasado abril, Castro recuerdó en su resolución la extrema gravedad de los delitos por los que fue condenada: diez asesinatos, tenencia de explosivos y de armas, atentados varios, estragos, incendios y delitos contra la Corona.