El Govern balear ha presentado alegaciones en contra del decreto de regularización extraordinaria de inmigrantes en situación irregular aprobado por el Ejecutivo central y ha solicitado su retirada inmediata por considerarlo inadecuado y carente de garantías jurídicas, institucionales y presupuestarias.
En rueda de prensa, el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha criticado la "falta de coordinación" del Gobierno con las comunidades autónomas, que son las que deberán atender a estas personas. En el caso de Baleares, esta regularización beneficiaría a 10.800 personas, y a 500.000 en todo el país.
En el escrito remitido al Ejecutivo central, el Govern expresa su rechazo a la tramitación urgente de la norma al entender que no concurren circunstancias sobrevenidas que justifiquen la reducción de trámites y garantías, dado que la iniciativa era conocida desde hace tiempo.
A juicio de Costa, una medida de esta trascendencia debería haber permitido la participación institucional de las comunidades autónomas y una planificación territorial y presupuestaria suficiente.
Además, el Ejecutivo advierte de la ausencia de datos fiables sobre el número de personas que podrían beneficiarse de la regularización y de la falta de una previsión territorial que permita evaluar su impacto.
El elevado número de personas en situación irregular responde, ha señalado Costa, a un sistema migratorio que ha dificultado las vías legales de entrada y la regularización ordinaria, por lo que considera que la solución pasa por reformar estos mecanismos y no por una regularización masiva que, a su juicio, podría generar un efecto llamada o desplazamientos hacia España.
Las alegaciones también aluden a deficiencias en el sistema de comprobación de antecedentes penales y policiales, en los mecanismos de verificación documental y en la ausencia de una evaluación individualizada de los solicitantes, así como a la falta de obligaciones efectivas de integración vinculadas al empleo, la formación o el aprendizaje lingüístico.
Según el Govern, estas carencias podrían derivar en situaciones de exclusión social, dependencia de prestaciones públicas y riesgos en materia de seguridad jurídica y seguridad ciudadana.
Por todo ello, el Ejecutivo solicita la retirada del proyecto y defiende un modelo migratorio basado en vías legales "ordenadas, criterios objetivos y verificables", coordinación entre administraciones y respeto al marco europeo, con el objetivo de garantizar una gestión responsable y sostenible de la inmigración.
Ayuso recurrirá si se impone el catalán para renovar la residencia
Por otra parte, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este viernes que la Comunidad de Madrid llevará a los tribunales al Gobierno de Pedro Sánchez si se impone la pretensión de Cataluña de que el catalán sea requisito para que migrantes puedan renovar la residencia en este territorio.
En su cuenta de X, Díaz Ayuso ha tildado de "xenófoba" e "ilegal" la pretensión del Govern de Salvador Illa, que ha presentado una enmienda al proyecto de real decreto de regularización extraordinaria que establece que las personas regularizadas tendrán un año, hasta la primera renovación del permiso de residencia, para iniciar el aprendizaje de las lenguas cooficiales del Estado.
"Una vez más, los socialistas pretenden saltarse la ley para construir un país destrozando a España entera", ha expresado la presidenta madrileña, y ha asegurado que la Comunidad de Madrid dará los pasos necesarios en los tribunales contra Sánchez para evitar esta medida, que ha calificado de "ocurrencia".
No obstante, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha aclarado que el conocimiento de las lenguas oficiales como el catalán no será obligatorio para recibir la autorización inicial de residencia y trabajo otorgada en el marco de la regularización extraordinaria que plantea llevar a cabo.