Al filo de la concusión del mes de febrero, el Govern de Salvador Illa inicia el trámite para aprobar los Presupuestos de la Generalitat de 2026 sin contar aún con los apoyos necesarios.
La consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha trasladado al Parlament un proyecto de ley que necesita el voto de Esquerra Republicana para ver la luz verde. Unas cuentas públicas de alrededor de 50.000 millones de euros que aumentan en unos 9.000 millones la cantidad fijada en el ejercico de 2023, el último año en que un Gobierno catalán fue capaz de aprobarlas. Desde entonces, ni el Govern de Pere Aragonès (ERC) en 2024 ni el de Illa en 2025 consiguieron el consenso necesario.
El Ejecutivo del PSC ha aprobado este viernes su proyecto en una reunión extraordinaria del Consell Executiu. Los socialistas únicamente tienen el visto bueno de Comuns, gracias al pacto sellado la semana pasada con el grupo parlamentario liderado por Jéssica Albiach. Para lograr la mayoría absoluta, Illa necesita 20 votos más, es decir, el número exacto de diputados que ERC tiene en la Cámara autonómica.
Cesión del IRPF
Socialistas y republicanos se han dado tres semanas de margen para negociar un acuerdo, que ERC vincula a la cesión del 100% del IRPF a Cataluña. De este modo, el debate parlamentario con la votación de las enmiendas a la totalidad será el 20 de marzo [si la supera, la tramitación seguirá hasta el 24 de abril], pese a que, en las últimas horas, se había especulado con celebrar la sesión una semana antes. PP y Vox han anunciado hoy que presentarán enmiendas a la totalidad, mientras que Junts per Catalunya y la CUP, también críticos con el proyecto de ley, han dicho que tomarán una decisión tras analizar las cifras. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, amenazó el miércoles con enmendar la totalidad de las cuentas del Govern.
"Aprobamos el proyecto de Presupuestos más ambicioso y dedicamos hasta el último euro a lo que importa: vivienda, salud, educación, seguridad, transporte y oportunidades", ha manifestado Illa, que ha aprovechado para hacer un nuevo llamamiento a Esquerra a votar a favor: "Es hora de estar a la altura por Cataluña".
El año pasado, tras la prórroga presupuestaria, el Ejecutivo socialista recurrió a tres ampliaciones de crédito para dar fuelle a las finanzas de la Generalitat, que aportaron cerca de 4.000 millones de euros adicionales. En las tres ocasiones, el PSC necesitó los votos de ERC y Comuns, sus socios de la investidura.
Tras entregar al presidente del Parlament, Josep Rull (JxCat), el proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat para 2026, la consellera Romero ha destacado, entre otras partidas, que estas cuentas destinan "una cifra récord" de 1.900 millones de euros a políticas de vivienda. Asimismo, el Govern ha planificado dedicar 4.146 millones a inversiones para activar la economía y "mejorar las deficiencias" en infraestructuras como las de Rodalies. "Son los Presupuestos que necesita Cataluña, valientes y ambiciosos", ha presumido la responsable del Departamento de Economía y Finanzas.
Consorcio de inversiones
Mientras, el vicesecretario de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, ha reclamado a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "un mensaje público" que demuestre avances en la negociación para la cesión a la Generalitat de la recaudación del IRPF.
En concreto, en declaraciones a Ser Catalunya, Albert ha apuntado a que en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) se pueden abordar modificaciones legales que permitan a las comunidades mayor autonomía para recaudar impuestos. "Será la prueba del algodón", ha dicho.
En paralelo, Esquerra ha registrado hoy en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para crear el consorcio de inversiones pactado con el Gobierno. Este organismo tendrá como objetivo "garantizar el control y la ejecución real" de las inversiones estatales en Cataluña. Los republicanos destacan la importancia de este instrumento para "poner fin a los déficits estructurales acumulados durante décadas".
El consorcio estará participado por el Ministerio de Transportes y la Generalitat, al igual que una sociedad mercantil de inversiones que se encargará de redactar proyectos y ejecutar obras. La financiación de ambos correrá a cargo de la Administración General del Estado.