- DAVID CASALS Barcelona
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El Círculo de Economía, Pimec, la Cámara de Barcelona, el RACC y Femcat se suman al gesto de fuerza.
Junts vuelve a situarse en el epicentro de la política catalana, esta vez por la creación del consorcio de inversiones. Se trata de un nuevo ente que tutelaría las obras públicas del Estado en la comunidad, y cuya creación ERC arrancó a los socialistas en verano de 2024, en las negociaciones que permitieron a Salvador Illa acceder a la presidencia de la Generalitat.
Un año y medio después, el Govern del PSC y los republicanos ya han alcanzado un acuerdo, que este lunes presentaron en la sede del Círculo de Economía junto a varias de las entidades representativas del empresariado catalán. Este foro de opinión, Pimec y la Cámara de Barcelona cerraron filas con la propuesta en un acto al que también asistieron representantes de la agrupación de empresarios de corte nacionalista FemCat y el RACC.
Foment del Treball no acudió, aunque la patronal que encabeza Josep Sánchez Llibre está a favor de la propuesta. Sin embargo, la normativa en el Congreso que permitiría su creación únicamente puede fructificar si Junts la apoya. Además, la iniciativa también depende de otras formaciones nacionalistas como el BNG, Compromís, PNV o EH Bildu, que exigen también al Gobierno de Pedro Sánchez más inversiones en sus respectivos territorios.
A la espera de ver qué ocurre la próxima semana en la cámara baja, la consellera de Economia, Alícia Romero (PSC) y el dirigente de ERC Lluís Salvadó detallaron en qué consistiría el consorcio de inversiones. Contaría con representación paritaria de los dos Ejecutivos, sería considerado por parte del Estado como un medio de la administración y adoptaría la forma jurídica de una entidad empresarial pública.
Planificaría obras públicas, y en el caso de las partidas que se incluyan en los Presupuestos estatales pero que no se acaben ejecutando, estos fondos revertirían en el consorcio con un objetivo muy claro: garantizar su materialización.
A la espera de que el Congreso diera cobertura legal al nuevo órgano, su creación dependería en última instancia de un acuerdo de la comisión bilateral Estado-Generalitat. En cualquier caso, primero depende de las Cortes, donde el debate en el pleno para su toma en consideración tendrá lugar el 28 de abril.
Si supera este trámite para el que los siete parlamentarios de Junts son decisivos, se tramitaría entre tres y cuatro meses. Luego, debería realizarse una votación final, donde los neoconvergentes volverían a ser decisivos.
La formación que preside Carles Puigdemont ha intensificado sus críticas al Ejecutivo durante los últimos meses: así, se ha desmarcado del acuerdo de financiación por verlo insuficiente o ha arremetido contra el proceso de regularización extraordinario de migrantes ya que, según dice, el Gobierno omite el conocimiento del catalán.
Diagnóstico compartido
El Govern de Salvador Illa y ERC presentaron su acuerdo en la sede del Círculo de Economía, foro de opinión de empresarios, académicos y directivos que preside Teresa Garcia-Milà. Esta última definió su creación como un "paso adelante muy importante" ante el desfase entre proyectos que se presupuestan y lo que finalmente se acaba ejecutando.
Así, en el primer semestre de 2024, la ejecución del Estado se situó en el 20% de lo presupuestado, según los últimos datos disponibles. En 2023, el porcentaje se situó en el 45%, y en 2022, un 42,9%, según Intervención General.
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