El Gran Hermano sanchista te vigila: el 'hodiómetro' culmina la estrategia del Gobierno para controlar las redes y las noticias

Guillermo Serrano

En 2024, y coincidiendo con la apertura de diligencias previas contra Begoña Gómez, Pedro Sánchez inició una cruzada contra la desinformación y los bulos que en la práctica se traducen en un mayor control de los mensajes críticos.

Más información:El Gobierno limitará al 35% la publicidad institucional de los medios y pondrá coto a las agencias y las redes sociales

El programagubernamental arrancó en realidad el 24 de abril de 2024, pero nadie lo sabía. Ese día amaneció con la noticia de que un juzgado de Madrid había abierto diligencias contra Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez. A las pocas horas, el presidente del Gobierno difundió en sus redes sociales una 'carta a la ciudadanía'.

Parecía que era una misiva de amor. En ella aseveró en dos ocasiones que estaba profundamente enamorado, pero también que colaborarían con la justicia y que se abría a un periodo de reflexión de cinco días para decidir si continuaba o no al frente del Ejecutivo.

Aquello no ocurrió en prime time, aunque la extravagancia trascendió a nivel internacional. En aquella misiva acuñó el primer término de un campo semántico que Sánchez lleva sembrando y regando desde entonces. "Esta estrategia de la máquina del fango trata de transformar el éxito político en un problema personal".

Cuando regresó, para decir que lo hacía con nuevos bríos para reforzar la democracia, deslizó una nueva palabra: seudomedios.

Así, en dos años, Sánchez ha ido engarzando poco a poco los eslabones de una cadena. Una ristra de medidas contra el supuesto auge del odio y los bulos que, tras el anuncio de HODIO, hoy inquieta a periodistas, juristas y veteranos activistas contra la intolerancia.

Desde aquella carta a hoy, Pedro Sánchez ha venido deslizando por capítulosun plan concebido para controlar a los medios de comunicación y las redes sociales. La herramienta HODIO, anunciada en el I Foro contra el Odio es, por el momento, el último paso.

Pero la caja negra que permite todo esto se configuró antes, en 2020. El 15 de marzo de 2019 el Consejo de Ministros creó un grupo de trabajo interministerial que alumbró un órgano nuevo: la Comisión Permanente contra la Desinformación.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez intervieniendo esta semana en la inauguración de la primera Cumbre Internacional contra el Odio. Chema Moya Efe

El 6 de octubre de 2020 el Consejo de Seguridad Nacional aprobó el Procedimiento de Actuación contra la Desinformación que la instituye formalmente como órgano permanente y es coordinado desde Moncloa.

Los inicios

Mientras el Gobierno vende transparencia, calidad democrática y lucha contra la desinformación, sus críticos alertan de un deslizamiento hacia un modelo donde el poder político mide, clasifica y, en última instancia, condiciona, o pretende condicionar, la crítica pública.

Tras aquella carta, en julio de 2024 Sánchez presentó en el Congreso el Plan de Acción por la Democracia, en el que precisó lo que ya anunció tras su parón de cinco días en varios ejes de acción.

El primero de ellos es el que presuntamente otorga más obligaciones de transparencia, más rendiciones de cuentas y ajustes en normas que afectan al funcionamiento del Consejo de Ministros y la acción de Gobierno.

Luego se propuso la 'cartera digital' para verificar la edad en el acceso a contenidos porno. Con la opinión pública rebautizándolo ya como elpajaporte, la idea era la de usar credenciales vinculadas al DNI o identificación electrónica para demostrar mayoría de edad a la hora de acceder a esos contenidos.

En la práctica, implica que el Estado intermediase en cada acceso y pueda saber que un usuario ha solicitado esa credencial y cuándo la usa. Tras el anuncio inicial y varias pruebas piloto técnicas, la medida está hoy encallada. ​

El registro de influencers, anunciado en las mismas fechas, sí ha cristalizado. Entró en vigor el 1 de octubre de 2025. Desde entonces, quienes superan ciertos umbrales de ingresos y audiencia están obligados a inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores del Servicio de Comunicación Audiovisual.

En septiembre de 2024 el Gobierno presentó 31 medidas que desarrollaban todas las acciones que esbozó meses antes en el Congreso dentro de su plan de acción por la democracia.

Se trataba de una batería de medidas ambiciosas, en principio, contra desinformación, el odio y la vulneración de la privacidad en Internet. También reforzó el papel de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y de la Comisión Permanente contra la Desinformación, dependiente de Seguridad Nacional.

RTVE y los medios

Ese mismo mes aterrizó David Broncano por TVE para dirigir 'La Revuelta'. Concebido abiertamente para competir de manera directa con 'El Hormiguero' de Pablo Motos, el encaje del programa en la parrilla supuso un recorte de 20 minutos de la segunda edición del Telediario.

Un mes más tarde, y mediante un decreto aprobado en el Consejo de Ministros, Sánchez modificó el número de miembros del Consejo de Administración de RTVE, pasando de 6 a tener 15 miembros. Once de ellos, elegidos en el Congreso de los Diputados por mayoría de dos tercios, manteniendo los cuatro del Senado, donde el PSOE no tiene control.

La gestión de RTVE ha tenido más polémicas. En enero de este año el Consejo de Informativos de RTVE denunció que los programas 'Malas lenguas' y 'Mañaneros' incumplían de manera "habitual y reiterada" las normas fundamentales de elaboración de información de la Corporación pública. Es decir, que "las informaciones emitidas en estos programas no se rigen por criterios periodísticos".

Precisamente uno de los grandes ejes del plan de Sánchez se centra en los medios de comunicación privados y el derecho a la información.

Aquí se encuadran medidas como el registro oficial de medios, la obligación de hacer pública la financiación de los mismos, el señalamiento en el Boletín Oficial del Estado de los medios incumplidores, la revisión de la publicidad institucional y las reformas de las leyes de Derecho al Honor y de Rectificación.

En la reforma de esta ley, concretada en un anteproyecto, incorpora que las sentencias condenatorias por vulnerar el honor o la intimidad se publiquen en el Boletín Oficial del Estado, además de incrementar las indemnizaciones, que no podrán ser simbólicas.

El Plan Sánchez también aborda nuevos vetos para los medios de comunicación. El más importante, planteado el pasado 23 de febrero de este año, está en el Anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público.

El Ministerio de Transformación Digital quiere prohibir que los medios de comunicación puedan recibir más del 35% de sus ingresos mediante publicidad institucional que emanen de todas las administraciones de carácter público.

Además, persigue obligar a las empresas periodísticas a publicar su estructura de propiedad y sus fuentes de financiación, con el objetivo de “reforzar la transparencia”. Los medios estarán obligados a registrar y publicar los contratos de publicidad institucional. Con ello también se persigue prohibir el 'autobombo': que se utilice la publicidad institucional para promocionar partidos, cargos y gobiernos.

Formuladas ambas medidas como una defensa del pluralismo y de la información veraz, en la práctica el Gobierno decide quién entra en el registro o quién recibe dinero público. También, bajo qué umbral se considera que una información vulnera el honor o debe rectificarse de forma acelerada, con un evidente potencial de presión sobre los medios incómodos.

De La Liga al HODIO

En 2026 ha llegado el salto al control de redes, con el anuncio de la prohibición de redes a menores de 16 años, la trazabilidad reforzada, la posible verificación biométrica y, finalmente, HODIO como herramienta estatal para medir la "huella del odio y la polarización" en las cinco grandes redes sociales.

En realidad, HODIO no nace de la nada. Es el último eslabón de otra cadena que arranca en 2020 con los informes de Oberaxe, el Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En 2022 los informes pasaron a llamarse Alertodio y en 2024 cambia al sistema FARO (Filtrado y Análisis de Odio en Redes Sociales), desarrollado por La Liga, que lo concibió para detectar mensajes de odio en el deporte gracias a la Inteligencia Artificial.

Ahora se duplica y pasa a ser 'Huella del Odio y la Polarización' que, también bajo la responsabilidad de Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia monitorizará, clasificará y exhibirá con rankings públicos el comportamiento de los usuarios. Lo hará a través de sus mensajes en las grandes plataformas... tal y como viene haciendo el sistema FARO.

Vídeo | ¿Qué es HODIO? Así es la nueva herramienta de medición que ha presentado Sánchez

De hecho, en sus últimos informe, de diciembre de 2025 y enero de 2026, las tasas de retirada por red social para los contenidos de odio que notifican a las plataformas sitúan a TikTok como la más colaboradora, con una tasa de retirada de entre el 86 y el 89% de los contenidos reportados.

En segundo lugar se sitúa X (antes Twitter), con un 67% de retirada en diciembre, que sube al 84% en enero de 2026. Le sigue Facebook, Instagram y YouTube.

Sentimientos VS delitos

Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia, valora el anuncio de HODIO con la autoridad de quien lleva 35 años denunciando este tipo de delitos, que participó en la delimitación del concepto y logró la primera sentencia del Tribunal Constitucional en España, en 1991, contra el negacionismo del Holocausto.

Su balance es demoledor. “Yo soy muy escéptico y mi asociación es muy escéptica. Este nuevo instrumento, lo de la huella del odio… lo de medir tiene un interés relativo, porque erradicar es mucho mejor que medir”.

Ibarra, quien asistió precisamente a ese I Foro Contra el Odio, reprocha al presidente haber desaprovechado la oportunidad de anclar su discurso en la jurisprudencia reciente, con la que el Tribunal Supremo, con la histórica STS 114/2026 ha fijado criterio sobre la existencia de delito de odio por insultos racistas y por razón de ser inmigrantes.

El Supremo establece como doctrina que proferir este tipo de insultos racistas a inmigrantes o personas por su raza constituye un delito de odio, según el artículo 510.2 del Código Penal, y no meras injurias.

El condenado se dirigió al propietario de un establecimiento de hostelería en Valencia empleando expresiones como "mono", "negro de mierda" y "no español". Su importancia radica en que por vez primera se establece entre particulares, y no en el ámbito deportivo.

Fotomontaje del logotipo de HODIO en una fotografía de archivo de Pedro Sánchez Omicrono

“Pedro Sánchez no dijo en ningún momento nada de la erradicación y desaprovechó la oportunidad de hablar de esa sentencia, que dictamina que el derecho al insulto por intolerancia es un delito", indica.

Tampoco se abordó la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación "que está inutilizada porque no se aplica porque no está desarrollado el reglamento, pendiente desde 2001. También tenemos una fiscal nombrada pero no actúa por los mismos motivos".

Para el activista, el foco debería estar en fortalecer y propiciar la participación de las víctimas, mejorar la actuación judicial y fiscal, y en el caso de la Fiscalía, que sea "más proactiva".

También, "en reforzar la capacitación de policías y Guardia Civil". Nada de eso, denuncia, se concretó. "No participó ninguna asociación. Nos llamó para aplaudir. Prefirió sentar a una famosa".

Su escepticismo se convierte en acusación directa cuando habla de conceptos. Porque el presidente de Movimiento contra la Intolerancia advierte que "se está jugando a confundir el odio con el discurso de odio. El odio es una emoción, y eso no significa que sea un delito. Sí lo es el discurso de odio, que es un concepto jurídico regulado como delito contra las libertades y los derechos fundamentales”.

Subraya a EL ESPAÑOL del problema que puede generar este 'revolutum' como herramienta que mezcla emociones, mensajes éticamente reprobables y verdaderos delitos. "Un demócrata liberal no persigue tus pensamientos, sino tus conductas infractoras", incide.

"Yo salí más escéptico todavía de lo que entré. Esto no va a frenar el discurso de odio: se frena con la ley y con su aplicación frente a conductas y comportamientos delictivos. Hay que reforzar las leyes y su interpretación, no vale mezclarlos con sentimientos y emociones".

Aspectos jurídicos

Por su parte, el doctor en Filosofía del Derecho, Profesor, Abogado y Consultor y Experto en Derecho, Estrategia y Comunicación Digital Borja Adsuara Varela, consultado por EL ESPAÑOL, va al núcleo constitucional de la polémica.

“Lo que se está haciendo es confundir mensajes odiosos con delitos de odio”, y lo ejemplifica con la detención, esta semana, de dos hombres por amenazar a Ione Belarra.

Recuerda que la libertad de expresión está en el artículo 20 de la Constitución y que “lo que no esté en el artículo 510 del Código Penal, está amparado por ese derecho fundamental". Así, indica que "a mí me da la impresión de que se están inventando delitos que no existen".

Su ejemplo es claro y deliberadamente crudo: “Tú puedes decir que te caen mal los homosexuales y decir que odias a Pedro Sánchez o a Feijóo, porque expresar odio, o que tu mensaje sea odioso para algunos, no es delito”.

La línea roja, insiste, a este periódico, no puede depender del gusto del Gobierno de turno. "Lo que no puede ocurrir es que dependa de según a quién le parece algo odioso, y mucho menos que dependa del Gobierno, porque es una herramienta que después será utilizada por los siguientes”.

Begoña Gómez y Pedro Sánchez, en una imagen de archivo, durante un acto del PSOE, junto a Carmen Calvo. GTRES

Adsuara considera que "suprimir mensajes que consideran odiosos es censura. Todo lo que no sea delito es censura, y todo lo que no sea delito es legal". Su impresión es que, en los últimos tiempos, "hay mucha gente preocupada por ponerle límites a la libertad de expresión, y pocos por defenderla"

El jurista enlaza esta crítica con un recuerdo de la pandemia, que señala como un precedente. "Durante la pandemia hubo un alto mando de la Guardia Civil que llegó a decir en una rueda de prensa que estaban monitorizando a quienes criticaban al gobierno y esto es muy peligroso, porque si tú recopilas mensajes, estás haciendo un tratamiento de datos personales, ¿con qué permiso?".

La preocupación no se limita al código penal. Adsuara alerta de que monitorizar cinco redes sociales para hacer rankings de plataformas implica recopilar opiniones y nombres propios. “Hay una sentencia del Tribunal Constitucional de 2019 que estipula que no se puede investigar ni revelar la ideología de las personas en sus redes sociales: está prohibido recopilar mensajes con los nombres”.

Ese tipo de tratamiento de datos, insiste, "puede vulnerar derechos fundamentales, porque la libertad de expresión; si sabes que te monitorizan, es censura, y además de la peor: la autocensura".

La duda se agrava con las propuestas de verificación de edad y control biométrico en redes, que implican trabajar con datos especialmente protegidos como el rostro o la voz. Son una puerta al acceso a bases de datos especialmente sensibles, por ejemplo, en el caso de los menores.

El papel de los medios

Luis Ayllón, vicepresidente primero para Asuntos Profesionales y portavoz de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), estima sobre HODIO a EL ESPAÑOL que la asociación "apoya cualquier medida que, respetando la libertad de prensa, contribuya a desterrar de nuestra sociedad los delitos de odio y el acoso a las personas".

"No obstante, desde esta asociación nos mantenemos vigilantes ante el peligro de que, escudándose en la lucha contra el odio, los poderes públicos pretendan limitar el derecho de los periodistas y de los medios de comunicación a informar libremente", advierte.

Ayllón rechaza que se confunda a periodistas con cuentas anónimas: “Resulta inaceptable que, en ocasiones, se trate de meter en el mismo saco a quienes, escondiéndose en el anonimato, actúan en las redes sociales y a quienes publican informaciones contrastadas u opiniones que pueden resultar molestas para aquellos que gobiernan”.

Recuerda además la existencia de una jerarquía básica para cualquier democracia. "La función de los periodistas es fiscalizar a los poderes públicos y no al contrario". Así, también recomienda "que gobernantes y políticos comiencen por desterrar ellos mismos de sus vocabularios los insultos, amenazas y señalamientos".

La APM, añade, "estudia todas las iniciativas del Gobierno sobre actividad periodística" y recuerda que el Reglamento Europeo de Libertad de Medios "es un instrumento para proteger la libertad y el pluralismo" y "no puede ser aplicado de manera que suponga precisamente una restricción de esos derechos".

La polarización

Las fuentes consultadas coinciden en que el problema del odio y los bulos es real, pero no es específico de España. “El problema no es español, es mundial”, subraya César Calderón, politólogo y CEO de RedLines.

Señala el experto que operaciones de desinformación ligadas a potencias como Rusia han intervenido en campañas de Estados Unidos, Francia, el Brexit o el procés catalán, con especial énfasis en favorecer opciones de extrema derecha. A ese caldo de cultivo se suma el uso partidista de la polarización interior.

En ese contexto, Calderón señala a dos grandes beneficiarios en España de este clima de trincheras: Vox, que “basa su estrategia en fomentar un clima político de emergencia”, pero también el propio Gobierno, aunque el sanchismo se muestre con Hodio en contra la polarización.

"Con el fin de movilizar a sus más de 2 millones de votantes que han pasado a la abstención, el Gobierno está tratando de crear una hidra bicéfala (PP‑Vox) responsable de toda la polarización y que debe ser derrotada con una participación masiva en las próximas elecciones”.

El resultado es un ecosistema donde el odio y el miedo se convierten en combustible electoral para ambos polos.

-¿Qué posibilidad de éxito puede tener Pedro Sánchez contra una red social como X, donde el logaritmo está escorado hacia la derecha y extrema derecha?

-Efectivamente desde la llegada de Elon Musk, la antigua red Twitter, simplificando mucho, y esto es un hecho avalado por estudios de diversas universidades, ha introducido sutilmente un algoritmo que premia los mensajes que favorece las posiciones de extrema derecha que, sorprendentemente, coinciden con los de su creador.

"Por eso Sánchez la utiliza básicamente como plataforma para posicionarse como la alternativa mundial al trumpismo y a la tecno-oligarquía, y digo la utiliza porque la misión principal de Sánchez no es solo generar impacto en esa red, sino escalar sus mensajes a los medios de comunicación tradicionales, tanto españoles como de todo el mundo. Y hay que decir que le está funcionando".

La medición

En cuanto a la medición, la inteligencia artificial ha reducido enormemente los costes de las plataformas de monitorización que se dedican a extraer datos de las redes sociales.

Se hace "mediante un proceso automático para detectar trigger-words, o palabras 'gatillo' tras la que normalmente se encuentra un mensaje de odio o construcciones semánticasmás complejas que van por el mismo camino", indica Calderón.

No obstante, "lo más difícil sigue siendo que un artefacto de este tipo asigne la polaridad de estas cadenas semánticas correctamente ya que, al menos de momento, no funcionan demasiado bien analizando el contexto de una conversación o sepan identificar la ironía o el sarcasmo, por lo que haría falta una última revisión humana que validase los resultados".

Eso mismo apunta José Gabriel García 'Garz', CEO de Agencia Phi y experto en estrategia digital. Consultado por EL ESPAÑOL, subraya que los sistemas de análisis automático de discurso, basados en inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje natural todavía tienen límites claros cuando se trata de interpretar contexto, ironía, dobles sentidos o referencias culturales".

Cuando se desarrollan estudios de este tipo dentro del marco institucional europeo o español, "deben cumplir con las obligaciones del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que establece principios muy claros: minimización de datos, anonimización cuando sea posible y uso de la información con fines de análisis estadístico o investigación, no para identificar a personas concretas".

"La clave, nuevamente, está en la transparencia metodológica. Cuanto más claro sea el sistema sobre qué datos se analizan, cómo se procesan y con qué finalidad, mayor será la confianza pública en la herramienta. En proyectos que buscan medir tendencias o dinámicas de conversación, lo relevante no es quién dice algo, sino cómo circulan determinados mensajes dentro del ecosistema digital".

Legislación europea

Indica Borja Adsuara a este periódico que en estos dos años,"hay muchas cosas que ha anunciado Pedro Sánchez que no son compatibles con el resto de estados miembros de la Unión Europea".

Pregunta.– ¿Por ejemplo?

Respuesta.– Enfrentarse a gigantes como las grandes plataformas de redes sociales, que son las que tienen más de 45 millones de usuarios.

Esas son, explica, competencia de la Comisión Europea. "Por eso a mí, que Pedro Sánchez dijera que iba pedir a Mark Zuckerberg que compareciera en el Congreso, me dio la risa floja porque no lo puede hacer".

En cuanto al acceso a las redes sociales de los menores y la limitación de contenidos, "podría hacerlo de acuerdo al Reglamento de Servicios Digitales, que es de aplicación directa en España. Lo que ha venido diciendo Pedro Sánchez que iba a hacer, por ejemplo con menores y redes sociales, lo podría haber hecho mucho antes y va tarde. Todo esto es verborrea, es humo".

Adsuara destaca que "todos los gobiernos siempre dirán que desinformación es lo que le viene mal. Por eso la peor desinformación es la que promueve el propio gobierno. A mí lo que me preocupa es que se desinforme desde el Consejo de Ministros manejando una información que es de los ciudadanos. Eso debería estar penado con la inhabilitación para ejercer cargo público".

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