El Mauri se enfrenta a 27 años de prisión como presunto cabecilla del plan para secuestrar, torturar y robar a un conocido en una cuadra de Valencia
Regala esta noticia Añádenos en Google Joaquín Martins, 'el Mauri', hermano de Antonio Anglés, muestra una fotografía de una fiesta cuya fecha figura errónea en la causa. (Ignacio Cabanes)Ignacio Cabanes
14/07/2026 a las 10:02h.Amparados en la ausencia de huellas y vestigios biológicos que prueben su implicación en el secuestro el 29 de noviembre de 2021 de un hombre ... en Montserrat (Valencia), al que un grupo de entre siete u ocho encapuchados, se llevaron a una cuadra donde lo torturaron con unas tenazas, quemándole con brasas y dándole latigazos con una cadena, los seis acusados negaron este lunes cualquier implicación en los hechos. Entre ellos Joaquín Martins, 'el Mauri' – El Mauri ha mantenido la coartada que ya señaló en su entrevista a Las Provincias. Según asegura, y así lo han acreditado varios testigos durante las sesiones del juicio celebrado en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia, esa noche estaba en la discoteca K-Ché junto con otros de los acusados y fue testigo de una agresión con arma blanca, por la que ha tenido que declarar en otra causa. Admite que conocía al denunciante por ser amigo de su hermano Carlos y respecto al vehículo BMW X5 relacionado en los hechos asegura que era de su otro hermano Enrique –ya fallecido–, pero que lo habían vendido dos meses antes de lo ocurrido. Además de la coartada tras ser testigo de un apuñalamiento a un amigo en la citada discoteca, por la que tuvo que declarar ante el Juzgado número siete de Valencia, Joaquín Martins –nombre que utiliza desde que renunció al apellido Anglés– pone el foco en lo que considera «errores o mala información» por parte de la Fiscalía y la Guardia Civil, desmontando dos fechas. Por un lado, la reunión de la notaría, ya que la víctima del secuestro sostiene que vio al acusado tres semanas antes de ese 29 de noviembre de 2021. Sin embargo, el procesado ha exhibido documentación de la notaría que demuestra que dicho encuentro ocurrió meses después, el 28 de febrero de 2022. Según afirma, solo habló con él cinco o seis minutos para mediar y evitar que su hermano y la víctima se cruzasen al ir a cambiar de nombre unas tierras. También ha mostrado una fotografía de una fiesta que las acusaciones sitúan a los implicados en la presunta cuadra donde se agredió a la víctima durante la Nochevieja de 2021 a 2022. «La fecha de la reunión real ocurrió un año más tarde» (en la Nochevieja de 2022 a 2023), desfase temporal que también se ha hecho constar. «Si tenían la furgoneta balizada deben de saber quién la conducía habitualmente», cuestiona el principal acusado Sobre la baliza de geolocalización GPS que tenía instalada una de las dos furgonetas implicadas en el citado secuestro, el acusado sostiene que «si tenían el vehículo balizado deben de saber quién la conducía habitualmente». La abogada de la defensa de otro acusado, Natividad García, ha demostrado en el juicio que dicha prueba puede ser fácilmente manipulada, al no contar con código de seguridad de verificación del recorrido que realiza la baliza, y que se pueden modificar las coordenadas cuantas veces se quiera, como ha ejemplificado en la vista oral. Los hechos ocurrieron sobre las 18.45 horas, cuando la víctima fue interceptada en la CV-415, dirección a una urbanización de Montserrat. Le bloquearon el vehículo en el que circulaba, un BMW X5, con dos furgonetas que previamente habían sustraído para tal fin. La Citroën Jumper la colocaron por delante y la Peugeot Boxer por detrás, impidiendo cualquier posible maniobra evasiva de su objetivo. Este grupo de personas, que portaban pasamontañas, guantes e iban vestidos de oscuro, obligaron al hombre a salir del coche de manera violenta. Le apuntaron con dos armas de fuego -que no pudieron ser recuperadas por los investigadores- y fracturaron la luna delantera de su vehículo. Tras golpearlo y vencer su resistencia lo introdujeron en la furgoneta Boxer, donde lo engrilletaron. Posteriormente, trasladaron a la víctima a una parcela de un familiar de uno de los acusados en Catarroja. Allí, estando este engrilletado, le arrancaron la ropa y le golpearon exigiéndole 200.000 euros si quería que lo soltaran. También le amedrentaron con secuestrar a su mujer y su hijo. Aunque no están acusados del delito de torturas como tal, durante las cerca de tres horas de cautiverio, le propinaron latigazos con cadenas, le pincharon, le amenazaron con cortarle un dedo y le pusieron unas tenazas en la oreja. Además le realizaron quemaduras con las brasas de una barbacoa y le rociaron con un líquido para reanimarlo tras quedar semiinconsciente. Tras apoderarse de una riñonera con las llaves, el móvil, documentación y 100 euros en efectivo, a las 21.37 horas, abandonaron a la víctima desnuda y atada con bridas en una urbanización de Paiporta. Un cabo de la Guardia Civil fuera de servicio lo localizó y se activó todo el operativo y las investigaciones hasta dar con los ahora enjuiciados. El Ministerio Fiscal solicita para Joaquín Martins y para los otros cinco acusados penas de 27 años de prisión, tal y como adelantó en exclusiva este periódico, por los delitos de secuestro, lesiones, amenazas, robo con violencia, pertenencia a grupo criminal y daños por incendio, con las agravantes de alevosía, abuso de superioridad y haber ejecutado el hecho delictivo mediante disfraz ya que portaban pasamontañas. La fiscal ha detallado en su informe los pasos que dieron los investigadores del grupo de Homicidios de la Guardia Civil para identificar a los acusados, en lo que ha calificado de «obra de ingeniería informática policial» para, una vez establecidos los 27 puntos de interés extraídos de la geolocalización de la baliza instalada en la furgoneta, hacer un cribado entre un millón de números y llegar a reducir las pesquisas a quince teléfonos cuya coincidencia en varios de estos puntos los relaciona directamente con el secuestro. Aunque dichos terminales figuraban a nombre de titulares falsos, la fiscal ha explicado cómo se ha podido establecer que pertenecen a los ahora encausados. En algunos casos porque desde uno de estos móviles se contactó 368 veces con la pareja de uno de los procesados, el posicionamiento coincide con lugares de pernocta de los acusados, en otro caso porque dicho número lo había facilitado el sospechoso en bares y una gestoría o porque otro tenía su fotografía en el perfil de whatsapp asociado a dicho número. Por su parte, la acusación particular, ejercida por el letrado Miguel Ángel Sampedro, ha argumentado en su informe de conclusiones que todos los indicios apuntan en una misma dirección y que no es razonable pensar que los datos de geolocalización del recorrido de la baliza han sido manipulados si coinciden con puntos que no admiten discusión como el lugar donde es introducida por la fuerza la víctima en una de las furgonetas, o donde fue recuperada después de ser inutilizada con un extintor para evitar que los agentes de criminalística hallaran vestigios de los presuntos implicados. Esta acción que elimina cualquier posible huella o restos biológicos ha privado a los investigadores de pruebas directas que apuntalen la acusación contra los encausados.Le exigían 200.000 euros
Las acusaciones