Àlex, en el programa de Londres de 'Valencians pel mon', en el instante que recibe un saludo de su madre Consue Campos. À Punt
Valencia El hijo de una edil socialista reconoce en televisión que vivía en Londres cuando logró una vivienda protegida en el puebloLa compra, que exige al dueño residir de forma permanente, se produjo en 2022, y él afirma en À Punt que lleva ya "seis años" en Inglaterra.
Más información: La alcaldesa socialista de Quart de Poblet logró una de las viviendas protegidas que sorteaba en el pueblo Ferrobús
Dani Valero Valencia Publicada 21 mayo 2026 06:00h"Llevo ya seis años aquí". Así se explicó Álex en el programa Valencians pel Mon de À Punt grabado en Londres y emitido el pasado mes de marzo en la televisión autonómica. Su historia es la de tantos jóvenes que hacen carrera en el extranjero. Pero, en su caso, esta larga estancia en Inglaterra implica una controversia.
Se trata del hijo de la teniente de alcalde de Quart de Poblet María Consuelo Campos, quien, como informó EL ESPAÑOL, logró en 2022 una vivienda protegida en el municipio. Está en la zona de expansión de Molí d'Animeta y tiene vistas panorámicas desde su terraza. También piscina comunitaria, garaje y trastero, según consta en la nota del inmueble en el Registro de la Propiedad.
Las viviendas protegidas cuentan con un importante descuento en el precio de compra para facilitar el acceso de jóvenes a su primera casa. Por ello, su adquisición exige al comprador residir en la misma de forma habitual y permanente, salvo determinados supuestos muy concretos que deben ser autorizados por la Generalitat Valenciana.
El hijo de la teniente de alcalde de Quart de Poblet (PSOE) logró también una vivienda protegida con terraza, piscina y garajeEl currículum que Álex exhibe en LinkedIn ya daba a entender que había comprado este piso mientras vivía en Londres. Aparece en su perfil como afincado en en la city, y en la época de la compra trabajaba a "jornada completa" (entre 2021 y 2023) para una empresa radicada en la ciudad.
Tan solo cabía la duda de que pudiera estar teletrabajando desde España para esas firmas. Pero él mismo ha despejado la incógnita en televisión, al explicar que vive en la ciudad desde hace seis años. "Te echamos de menos", afirma en el mismo programa su madre y concejal de Quart, Consue Campos, que interviene a través de un vídeo sorpresa para su hijo en la parte final del programa junto al resto de su familia, todos alrededor de una paella.
En consecuencia, Álex, pese a marchar por trabajo a Londres en 2019 -según su LinkedIn- compró un piso protegido que le exigía residir en Quart en 2022.
La legislación, pese a requerir a los compradores que residan en su vivienda protegida, contempla fórmulas como el alquiler de las mismas -siempre a precio de vivienda protegida- en caso de que les surja después una oportunidad laboral en otro lugar.
Tales ausencias justificadas de la vivienda protegida requieren de autorización por parte de la administración autonómica. Solo son válidas si cuentan con esta autorización.
"Dentro de la legalidad"
Preguntadas al respecto, fuentes del Ayuntamiento de Quart de Poblet respondieron brevemente este martes a EL ESPAÑOL que "todo está dentro de la legalidad". No precisaron si Álex ha solicitado un permiso especial para vivir fuera ni ninguna otra explicación adicional a las ya manifestadas días atrás a este periódico.
Entonces expusieron que el inmueble adquirido formaba parte de una promoción de VPO privada que se empezó a vender en febrero de 2022.
"Él no compró hasta octubre, no tuvo ningún trato preferencial", recalcaron las fuentes consultadas. "Lo pusieron en lista de espera, y siempre hay gente que se va borrando. El chico compró en octubre porque estaba en la lista de espera", agregaron.
Como en el caso de la propia alcaldesa de Quart años atrás, el consistorio destacó que la transacción fue autorizada por la promotora privada -en este caso, la compañía valenciana Ática- y supervisada después por la Generalitat Valenciana.
Presentación de Álex en el programa de televisión. À Punt
El área de vivienda estaba entonces en manos del vicepresidente segundo Héctor Illueca, nombrado a propuesta de Unides Podem en el gobierno tripartito que presidía Ximo Puig (PSOE) también en coalición con Compromís.
Fuentes municipales consultadas por este periódico cuestionaron además la adquisición desde el plano ético y estético por un segundo motivo: la posesión de la familia del joven y la concejal de varias viviendas en el propio municipio, destinadas al alquiler.
Esta controversia no parece incurrir en ningún conflicto legal, ya que los únicos ingresos de renta que computan para cumplir o no con el umbral de acceso a una vivienda protegida son los del comprador. No importa lo ricos o pobres que sean sus padres.
No obstante, tal circunstancia, unida a la de su residencia en Londres y al elevado alquiler que paga en Inglaterra -2.000 libras mensuales, según cuenta él en el programa televisivo- invita a la suspicacia de que puedan estar ayudándole sus progenitores a pagar la casa protegida en la que no vive.
La alcaldesa
Como reveló previamente EL ESPAÑOL, la propia alcaldesa socialista de Quart de Poblet, Cristina Mora, también logró años antes una vivienda protegida en su municipio.
Fue en 2010. En su caso, la promotora elegía a los compradores por sorteo al haber más aspirantes que viviendas, si bien la dirigente la habría obtenido mediante una compra directa, sin quedar sometida al azar.
El equipo de Mora confirmó a este medio que compró junto a su pareja la vivienda protegida. Subrayó que fue una adquisición completamente legal a una promotora privada y supervisada por la Generalitat Valenciana, entonces gobernada por el PP. "El promotor vende a cualquiera que cumple con los requisitos, y quien supervisa es la conselleria", destaca.
Un alto cargo de Compromís logró una vivienda protegida sin rebasar el umbral de renta al ser nombrado en diciembreSegún ha podido contrastar este periódico, se trata de una vivienda con plaza de aparcamiento construida por la promotora Ferrobús en las antiguas áreas industriales de Faneca y Turégano, empresas que ocupaban espacios junto al río Turia ahora integrados en el casco urbano de Quart.
En base a la normativa vigente, Ferrobús realizaba sorteos entre los interesados para seleccionar a los compradores cuando éstos excedían el número de viviendas disponibles. Eran sorteos de una gran expectación, en los que los agraciados y descartados descubrían el resultado in situ, con éxtasis o decepción.
Según confirman fuentes conocedoras del proceso, Ferrobús recurrió al salón de actos del Ayuntamiento de Quart de Poblet, cedido por el consistorio a la promotora, para repartir viviendas del mencionado ámbito. Mora, sin embargo, afirma haberla adquirido "sin que mediara sorteo". "Como todos mis vecinos", apuntó en sus redes tras la publicación de esta cuestión en este diario.
Ver esta publicación en InstagramUna publicación compartida de Cristina Mora Luján (@cristinamoraalcaldesa)
El entorno de la actual alcaldesa insiste a EL ESPAÑOL en que aquella fue una operación en la que nada tuvo que ver la administración local.
De hecho, subraya que la afiliación al PSPV-PSOE de Cristina Mora no se produjo hasta el mes de julio de 2011, semanas después de haber sido elegida como concejal por los socialistas.
"La compró en 2010 cuando ni siquiera estaba afiliada al PSOE", asevera. Entonces la alcaldesa era la socialista Carmen Martínez, quien solo unos meses después la designó como concejal al ser reelegida como primera edil.
En efecto, fue justo unos meses antes de las elecciones de mayo de 2011 cuando se materializó la compraventa de la vivienda y el garaje, que fueron valorados entonces en algo más de 215.000 euros, según consta en el expediente público del inmueble en el Registro de la Propiedad.
La transacción, según esta documentación, se produjo en agosto de 2010.
"Antiestético"
"Es el piso en el que sigue viviendo y que sigue pagando", recalca el equipo de Cristina Mora. "Esta es una información filtrada para hacer daño. Ni siquiera es antiestético", asevera.
Lo ocurrido en el Residencial Les Naus de Alicante ha elevado el umbral ético sobre la adquisición de viviendas protegidas por parte de políticos, funcionarios y allegados, ante la suspicacia de que hayan tenido información privilegiada o un trato preferente por parte de la promotora. Los socialistas tropiezan ahora con su propio listón moral.
Más allá de los casos concretos en los que se investiga una posible prevaricación administrativa y tráfico de influencias, las compraventas que han trascendido de personalidades políticas de relevancia parecen legales, y solo cuestionables desde el plano ético o estético.
La mujer de Luis Barcala, alcalde de Alicante del PP, fue señalada por la adquisición en 2006 de una vivienda protegida que tiene alquilada.
Él argumentó que esa era precisamente la tipología de la vivienda, que la adquisición exigía que se destinara al alquiler. También, como ahora arguyen la alcaldesa socialista de Quart y su teniente de alcalde, que no hubo irregularidad alguna, que cumplía con todos los requisitos.
Otro dirigente, en este caso el exdirector del Institut Cartogràfic Valencià (IVC), Xavi Navarro, nombrado a propuesta de Compromís, se defendió de igual modo cuando fue revelada la compraventa de su vivienda de protección pública.
Él argumentó que cumplía con el umbral de renta para poder adquirirla, porque su nombramiento se produjo en el mes de diciembre de ese año y apenas tuvo impacto su nuevo sueldo de alto cargo en la renta del ejercicio 2015, la que computó para analizar a los aspirantes.