La Junta Electoral Central (JEC) se reunirá de urgencia el lunes 14 de septiembre a las 12.30 horas para iniciar cuanto antes el plazo que le ha dado el Tribunal Supremo para recabar el informe clave de la ley de nietos, según ha sabido EL MUNDO a través de fuentes de la Junta. Con este acelerón, la instrucción definitiva de la JEC estaría lista el 9 de octubre, a más tardar. Este movimiento se produce justo después de que el Supremo acordara, este martes, suspender las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes derivadas de la aplicación de la ley de nietos. Es decir, que quede en suspenso el ejercicio del derecho a voto a los nuevos inscritos mientras se resuelvan los recursos contra la reforma legal.
Ahora el órgano que arbitra los procesos electorales tiene 15 días para recabar los datos que la Oficina del Censo Electoral no le estaba dando, a pesar de que se los reclamó hace ahora dos meses. ¿Qué datos son? Los relativos a cómo se les asignan a los nuevos nacionalizados un municipio en el que votar, y la discriminación de qué personas nacionalizadas lo han hecho por el cauce ordinario y cuáles gracias a la Ley de Memoria Democrática, que en una disposición -a la que se llama ley de nietos- permite nacionalizarse a los hijos y nietos de exiliados. El primero de estos aspectos depende del Ministerio de Exteriores.
Ahora el Supremo obliga a que se entregue toda la documentación, pase lo que pase en 15 días. Es decir, el 29 de septiembre, dado que la reunión de la JEC se adelanta al 14. A tal efecto, «requiere» a la Oficina del Censo Electoral que «curse las instrucciones oportunas a los registros consulares» para que desglosen la información sin más dilación. Aunque se colapsen los consulados, como ya prevén las fuentes consultadas. Y, después, la Junta Electoral tendrá 10 días para la «aprobación de la correspondiente instrucción». Esto marca el plazo límite el 9 de octubre.
¿Qué ha ocurrido para llegar a este punto? La clave es que el espíritu de la norma pasaba, sólo, por nacionalizar a los hijos y nietos de exiliados por represalias de la Guerra y el franquismo, pero una instrucción de 2022 de la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, entonces dirigida por Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente, amplió la aplicación de la norma a los bisnietos y hasta tataranietos, y dio manga ancha.
Conviene explicarlo una vez más, por lo inédito de la interpretación de Puente, que rehacía y ampliaba el objeto de una ley a través de una instrucción. Puente interpretó que cuando la ley dice que se pueden nacionalizar «los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio...», ese «y que» quiere decir «y además aquellos que». Como si fueran dos grupos de personas diferentes, y no uno solo en el que concurre una serie de requisitos a cumplir.
Pero no es eso lo que se votó en el Congreso en ningún caso. De hecho, durante la tramitación de la Ley de Memoria Democrática, la mayoría de la Cámara Baja rechazó expresamente una enmienda de Ciudadanos que venía a decir eso mismo, que cualquiera podía recuperar la nacionalidad si había salido de España.
Esta pugna jurídica elevó ayer los decibelios de la batalla política en el Congreso. Alberto Núñez Feijóo acusó a Pedro Sánchez «no estar pendiente de los problemas de los ciudadanos sino sólo de manipular el censo electoral, de los problemas judiciales de su partido y de las declaraciones en los juzgados de los socialistas» que pueden señalarle.