Ampliar
El presidente de Sidenor José Antonio Jainaga, en el centro, sale de declarar en la Audiencia Nacional en noviembre pasado. EP El juez acepta que un médico palestino ejerza la acusación particular en el 'caso Sidenor'El instructor De Jorge considera «víctima» al testigo, el primer gazatí en declarar ante un tribunal occidental, y abre la vía para investigar la presunta cooperación de la siderúrgica con delitos de lesa humanidad y/o genocidio
Martes, 3 de marzo 2026, 18:59
... armamento en plena invasión de Gaza ha admitido a un ciudadano palestino como víctima y acusación particular en la causa. Una circunstancia procesal que abre la puerta no solo a indagar la posible comisión de un delito de contrabando, sino también de cooperación en otro de lesa humanidad y/o de genocidio por parte de Israel.En un auto dictado este martes, el juez considera «suficientemente acreditada la condición de víctima directa de las acciones del Ejército de Israel en Gaza» para Alathamna, al que «procede tener por parte en concepto de querellante acusador particular». Según los querellantes, la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa, es la primera vez que un palestino declara ante un tribunal occidental por la ofensiva israelí en Gaza. Un acontecimientos que no contó con la presencia de la fiscal del caso, Manuela Fernández, que según este colectivo «está bloqueando, de manera arbitraria y obstinada, cualquier intento de esclarecimiento de los hechos y la práctica de diligencias claves».
Enumera no solo su posición sobre el registro judicial de Sidenor, en el que la Policía halló algunos documentos relevantes sobre el presunto contrabando, sino que se negó a que compareciera en el procedimiento en condición de víctima Refaat Alathamna. Fuentes jurídicas enmarcan la postura del Ministerio Público en la derivada política y económica de una causa que afecta al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y a dos directivos de la siderúrgica en un momento de operaciones mercantiles estratégicas para el país.
Embargo y autorización
Los investigados defendieron ante el juez en noviembre pasado que cuando se realizaron las ventas de acero al conglomerado israelí IMI Systems, fabricante entre otros componentes de obuses, no existía «ninguna limitación» en las relaciones comerciales con Israel y las entregas «se cancelaron por decisión de Sidenor» tres meses antes de que el Gobierno decretase el embargo.
Sin embargo, el juez De Jorge sostiene que actuaron «con pleno conocimiento» de que el comprador «era un fabricante de toda clase de armamento, tanto pesado como ligero, y de que el acero iba lógicamente destinado a la producción de armamento, sin solicitar la correspondiente autorización al Gobierno y sin inscribirse en el registro correspondiente».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
Iniciar sesión Más información¿Tienes una suscripción? Inicia sesión