El juez que investiga a José Luis Rodríguez Zapatero ha rechazado este miércoles la petición del ex presidente del Gobierno de abandonar las pesquisas sobre los 200.000 euros que cobró por sus gestiones ante el Gobierno de Bolivia. La defensa reclamaba al magistrado José Luis Calama "devolver" a la Udef el informe que destapaba esos cobros a través de una empresa pantalla.
Zapatero alegaba que los pagos recibidos a través de la sociedad peruana Focus Social Research "no figuraban en el ámbito objetivo de la investigación definido por los autos de imputación" y que los informes "no atribuían indicios delictivos a dichos pagos, que se describían como ingresos derivados de la actividad profesional legítima del investigado (conferencias, mediación, asesoramiento estratégico y labores académicas)".
La respuesta del instructor del caso Plus Ultra en la Audiencia Nacional al abogado Víctor Moreno Catena es que yerra en su idea sobre "el alcance de la instrucción y sobre una noción de investigación prospectiva".
La aparición de las transferencias sospechosas "no es el resultado de una fiscalización indiscriminada de la vida del investigado José Luis Rodríguez Zapatero, sino la consecuencia natural del análisis de fuentes de prueba válidamente obtenidas en el marco de unas diligencias judiciales que ya estaban en curso y que, por su propia naturaleza, permiten que afloren hechos inicialmente no previstos pero dotados de verosimilitud delictiva".
Añade que la representación de Zapatero "pretende que el auto inicial de imputación actúe como un blindaje que impida considerar cualquier indicio sobrevenido". "Como ya hemos enfatizado", añade Calama", "el Tribunal Supremo ha calificado esa tesis como un auténtico 'dislate'".
El informe que Zapatero quería hacer desaparecer de la causa detectó tres transferencias por un monto global de 200.000 euros que no parecen corresponder con servicios prestados realmente a Focus Social Research. Enmascaran, según la Udef, gestiones del ex presidente del Gobierno ante el Gobierno de Venezuela para librar a una empresa de una deuda de 107 millones de dólares.
"Las personas detrás de estos pagos a José Luis Rodríguez Zapatero formarían parte del conglomerado empresarial de origen peruano denominado Grupo Gloria. El objetivo pretendido era tratar de mediar o influir a favor de este grupo empresarial, en varios litigios millonarios mantenidos con la Administración Pública de Bolivia. Con esta finalidad, Zapatero se había reunido o contactado con altas esferas políticas de Bolivia, como son el propio presidente de la nación, los ministros de Economía y Justicia o el Procurador General del Estado", concluye la Policía Nacional.
En el atestado se recalcan "los indicios de la existencia de una organización criminal, liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que, aprovechando sus contactos y ascendencia pública internacional, se dedicaría al ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes".
Con este nuevo movimiento de fondos como comisionista internacional, la Udef refuerza los indicios hallados contra el ex presidente y sus influencias remuneradas "por los clientes de la organización criminal simulando servicios de asesoría no prestados" y "creando contratos ad hoc para justificar dichos pagos".