Un juez de Sevilla ha citado a 18 investigados en otra causa de corrupción de la etapa del PSOE en la Junta de Andalucía por el aval irregular de un millón de euros que la Administración andaluza otorgó a una empresa que también se benefició de las ayudas de los ERE.
Entre los investigados figuran al menos cuatro ex altos cargos que ya han sido condenados por el caso de los ERE, si bien alguno de ellos ha sido amparado parcialmente por el Tribunal Constitucional. Se trata del ex consejero del Gobierno andaluz Francisco Vallejo; los ex viceconsejeros Agustín Barberá y Jesús María Rodríguez Román; y el ex director general de la Agencia IDEA de la Junta Jacinto Cañete.
Las pesquisas las está tramitando el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla a través de una pieza separada que trata de aclarar la "indebida" concesión de una ayuda en forma de aval por importe de 1.190.000 euros por parte de la Agencia IDEA a la sociedad Grupo TPM, Inversiones Plásticas TPM S.L. Esta empresa ya recibió otros 1,5 millones de euros en 2008 de la Junta del conocido como fondo de reptiles que nutría los ERE irregulares.
En un auto notificado esta semana, el magistrado instructor atiende la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción y cita a declarar a las 18 personas investigadas entre los próximos días 17 y 25 de febrero, y acuerda, además, ampliar y prorrogar el plazo de instrucción de la causa por otros seis meses adicionales, hasta el día 21 de junio de 2026, según ha informado este viernes la Oficina de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
En esta causa se investigan presuntos delitos de prevaricación y malversación, vinculados con la "indebida" concesión de ayudas en forma de avales a Grupo TPM, "sin concurrencia o cumplimiento de los requisitos y presupuestos objetivos habilitantes para ello", ya que la empresa estaba en crisis y no estaba clara su "viabilidad futura", dice el auto judicial.
De la investigación judicial se deduce que los ex altos cargos de la Junta investigados habrían utilizado "de manera ilícita la figura de los avales, como medio para hacer llegar fondos públicos a Grupo TPM de manera absolutamente injustificada y arbitraria", precisa el juez.
El caso ERE
En el caso de Grupo TPM, el magistrado considera que "sería posible deducir que en la concesión de tales ayudas en forma de avales habrían mediado razones, no de legalidad, sino de arbitrario voluntarismo; careciendo dicho otorgamiento de razones técnicas que permitieran, desde una perspectiva jurídica y financiera, justificar la concesión de estas ayudas". Tanto los avales de IDEA como las ayudas sociolaborales concedidas por parte de la Consejería de Empleo por importe de 1,5 millones con cargo a la partida 31-L -la de los ERE-, suponen una "ilícita y progresiva inyección continuada" de fondos públicos en favor del Grupo TPM, "conculcando la legalidad vigente", advierte el juez.
El aval de 1.190.000 euros concedido por Idea al Grupo TPM el 30 de septiembre de 2008 es especialmente llamativo e irregular porque se concedió "pese a que la empresa había sido previamente declarada en concurso voluntario de acreedores por medio de auto de 25 de enero de 2005", apostilla el auto.
El juez instructor ha pedido a la Agencia IDEA que, "a la mayor brevedad posible", facilite "toda la información y documentación de que disponga (peticiones de informes, borradores, comunicaciones, informes, acuerdos, memorandums, actas de reuniones, propuestas, correos electrónicos, notas, etc...) sobre la concesión" de una serie de ayudas a esta sociedad, en concreto dos incentivos directos por importes de 1.040.366 euros y 106.639 euros y dos incentivos reembolsables por valor de 10.159.820 euros y 903.717 euros.
En este sentido, el juez requiere al director de la Agencia IDEA que emita un informe sobre si las dos ayudas en forma de incentivos directos mencionadas "han sido efectivamente abonadas por IDEA; incluyendo documentación justificativa". De otro lado, acuerda también librar oficio a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a fin de que, conforme a lo solicitado por la Fiscalía, amplíe atestado "practicando las diligencias pertinentes en orden a identificar a los directivos, responsables y/o representantes" del Grupo TPM "que habrían podido tener participación en la concesión, desarrollo, seguimiento y ejecución irregulares del aval, por importe de 1.190.000 euros, concedido por los responsables de la Agencia IDEA en favor" de esta sociedad.