La providencia dictada este miércoles no especifica los delitos concretos por los que cita a Marcos, que dirigió el Instituto Armado entre junio de 2023 y septiembre de 2024. La acusación popular había pedido investigarlo por unos hechos que encuadra indiciariamente en los delitos de prevaricación administrativa y obstrucción a la Justicia, las mismas figuras por las que Pedraz llamó a declarar como imputados el pasado 16 de julio a Mercedes González y a su DAO.
Yuste declaró que Marcos reclamó acelerar análisis materialmente imposibles y entregar resultados favorables en apenas una semana
El principal episodio que sitúa a Leonardo Marcos en la causa se produjo en julio de 2024, cuando la UCO investigaba la creación del puesto de trabajo de David Sánchez, hermano del presidente, en la Diputación de Badajoz. Los agentes habían propuesto acceder a los correos corporativos de los responsables que intervinieron en la contratación del hermano del jefe del Ejecutivo, unas diligencias que entonces se encontraban bajo secreto.
Según las declaraciones incorporadas al sumario, Marcos conoció por la prensa el alcance de las pesquisas y convocó el 12 de julio a responsables de la Jefatura de Policía Judicial y de la UCO. Los mandos sostienen que el entonces director general se mostró indignado, cuestionó el carácter de las diligencias y las calificó de prospectivas o malintencionadas.
El coronel Rafael Yuste, jefe de la UCO en aquellas fechas, declaró que Marcos exigió acelerar el análisis de la documentación y reclamó que determinados informes estuvieran «limpios» en el plazo de una semana. Yuste consideró materialmente imposible cumplir esa exigencia en el tiempo fijado, debido al volumen de correos y dispositivos que debían examinarse. La acusación sostiene que esa reclamación excedió una mera labor de supervisión jerárquica.
Los testimonios señalan además que Marcos quería que las comprobaciones concluyeran rápidamente y que el resultado estableciera que «no había nada». La presión provocó una reorganización de las vacaciones de la unidad y obligó a varios investigadores a renunciar a periodos de descanso ya elegidos para acelerar el análisis de la documentación del caso David Sánchez.
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