El juez de la Audiencia NacionalAntonio Piña ha propuesto sentar en el banquillo al empresario que, según la investigación del caso Koldo, pagó el piso de lujo de la novia de José Luis Ábalos y compró un chalé en Cádiz para el entonces ministro de Transportes. El objetivo de Claudio Rivas era que el dirigente socialista le ayudara a obtener una nueva licencia para la compraventa de hidrocarburos.
El juez considera que Rivas y otras 21 personas a las que envía a juicio participaron en una red que defraudó más de 70 millones de euros de IVA entre 2016 y 2018. El magistrado de la Plaza 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia (antiguo Juzgado Central de Instrucción 6) considera que los hechos son constitutivos de tres delitos contra la Hacienda Pública, falsedad de documento mercantil, blanqueo de capitales e integración en una organización criminal. La Fiscalía y las acusaciones tienen un plazo de 10 días para precisar sus peticiones de condena.
La causa que ahora el instructor da por concluida es previa al caso Koldo. Su apertura impedía que Rivas siguiera con la actividad defraudatoria cumpliendo con los requisitos legales, que incluían aportar tres millones de euros. Según los investigadores, Rivas no quería mover sus fondos para que no los bloqueara la Justicia, lo que le llevó a intentar sobornar al entonces ministro de Transportes para que intercediera en la concesión de la nueva licencia. El contacto entre ambos fue el empresario Víctor de Aldama, del que era socio.
Cuando vio que Ábalos perdía el ministerio, dejó de pagar el piso de Jéssica Rodríguez en la Torre de Madrid y conminó al político caído en desgracia a abandonar el chalé que iba a ser suyo tras la obtención de la licencia.
En la investigación que ahora el juez da por cerrada y propone juzgar, Rivas empleaba la mercantil SKT OIL para incrementar de forma ficticia la cuota de IVA soportado deducible a través de facturas emitidas por otras empresas, algunas inactivas o inexistentes.
Posteriormente, la red blanqueaba los fondos no entregados a Hacienda comprando inmuebles, entre ellos una vivienda y una finca en Valdemoro (Madrid), seis apartamentos en Benidorm (Alicante), un local comercial en Madrid y un edificio de 45 viviendas en la capital.
Rivas tiene abierta otra investigación en la Audiencia Nacional por el mismo tipo de fraude, abierta en paralelo al caso Koldo y por un fraude aún mayor: más de 184 millones.