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El juez ordena la demolición del apartahotel Vista del Rey de Benalmádena

El juez ordena la demolición del apartahotel Vista del Rey de Benalmádena
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El establecimiento, sobre el que pesa una sentencia firme desde 2021, está operado por la misma empresa que explotó ilegalmente el Vistamar
El juez ordena la demolición del apartahotel Vista del Rey de Benalmádena

El establecimiento, sobre el que pesa una sentencia firme desde 2021, está operado por la misma empresa que explotó ilegalmente el Vistamar

Regala esta noticia Añádenos en Google El establecimiento, situado en Torremuelle, cuenta con 61 apartamentos. (SUR)

José Carlos García

Benalmádena

29/06/2026 a las 00:18h.

El juez de la Sección de lo Contencioso-Administrativo de la Plaza 3 del Tribunal de Instancia de Málaga ha ordenado la demolición del Vista ... del Rey, el apartahotel construido ilegalmente en Benalmádena a principios de este siglo y sobre el que pesa una providencia del Tribunal Supremo desde abril de 2021 que obliga a su derribo. El establecimiento cuenta con 61 apartamentos, 46 plazas de aparcamiento, piscina climatizada al aire libre y zonas comunes, y opera actualmente como un tres estrellas bajo la denominación de Vive Costa Azul. Quien está al frente del apartahotel es Grupo Vega, un conglomerado de empresas con sede en la calle Marqués de Larios de la capital malagueña que estuvo explotando ilegalmente el hotel Vistamar. La denuncia de los propietarios de este último hotel desencadenó la bautizada como operación 'Target', que supuso la detención por parte de la Policía Nacional de seis personas por su presunta implicación en delitos de estafa y falsificación documental, incluido C. V. M., el máximo responsable del grupo empresarial, además de la imputación del concejal de Aperturas del Ayuntamiento de Benalmádena, Raúl Campos, y de un funcionario municipal, como adelantó este periódico.

El juez pone fecha al inicio de los trabajos de demolición y autoriza a la policía a realizar un desalojo forzoso y a descerrajar cualquier cerradura

A esta resolución judicial se ha llegado después de que el pasado 1 de septiembre el Ayuntamiento acordara la revocación de la licencia de apertura otorgada en agosto de 2008 al establecimiento a favor de Inversiones y Promociones Inmobiliarias Ramos Blanco, la empresa que construyó el establecimiento merced a un decreto de 2001 del entonces alcalde, Enrique Bolín. Además, el Consistorio ordenó el cese de las actividades y desestimó el cambio de titularidad de la licencia de apertura que pretendía hacer el grupo empresarial utilizando una de sus empresas, Vive Resort Management, que ya estuvo implicada en la explotación ilegal del Vistamar. El Grupo Vega solicitó medidas cautelares, y el Ayuntamiento decidió no oponerse al entender «adecuada y proporcional» la solicitud, a pesar de que iba en contra de su propia resolución. La postura del Ayuntamiento fue uno de los argumentos esgrimidos por el entonces Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Málaga para estimar —en un auto fechado el pasado 28 de noviembre— la petición del grupo empresarial, lo que le ha permitido seguir explotando el hotel.

La primera sentencia, de 2011

Ahora, la provincia judicial es la respuesta a la apelación realizada por el conglomerado empresarial contra un auto del pasado mes de mayo en el que se reclamaba «la tutela cautelar judicial efectiva» y se pedía un «plazo razonable» para el desalojo en caso de que fuera necesario. Y contra ella solo cabe recurso de reposición (ante el mismo órgano judicial).

El auto del juez de lo Contencioso viene a hacer efectiva la providencia del Supremo de abril de 2021 que declaraba firme una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ordenaba al Ayuntamiento de la localidad a proceder a su demolición al declararse ilegal la licencia de obras. Este fallo, a su vez, venía a confirmar un auto de ejecución forzosa decretado el 20 de noviembre de 2017 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Málaga tras la sentencia en primera instancia dictada por este mismo órgano judicial, que data de julio de 2011.

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Fuente original: Leer en Diario Sur - Ultima hora
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