Quiere incorporar como prueba la extracción telefónica de Rodolfo Reyes, analizada por Homeland Security y remitida después a la UDEF
Regala esta noticia Añádenos en Google José Luis Rodríguez Zapatero. (Ronald Pena/Efe)Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín
09/06/2026 Actualizado a las 11:47h.El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha pedido cooperación jurídica a Estados Unidos para poder usar como prueba en el caso Plus Ultra ... el contenido extraído del teléfono móvil de Rodolfo Reyes Rojas, exaccionista principal de la aerolínea rescatada por el Gobierno con 53 millones de euros y uno de los interlocutores clave de las comunicaciones incorporadas a la causa contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
La clave jurídica está en el salto de categoría del material. Calama explica que la información procedente de HSI «ha sido utilizada hasta la fecha como elemento de investigación», pero que, «dada su relevancia para el esclarecimiento de los hechos investigados», resulta necesario fijar las condiciones de su incorporación al procedimiento para que pueda emplearse «en el plenario, como medio de prueba con plenos efectos procesales».
El juez subraya que los datos han servido hasta ahora como pista policial, pero necesitan validación formal para llegar a juicio
El juez no se limita a pedir una copia de los datos. Solicita autorización formal a Estados Unidos para blindar la validez procesal de una prueba digital obtenida fuera de España. El auto recuerda que la información facilitada por autoridades policiales extranjeras puede servir como fuente de investigación, pero su eficacia como prueba en un proceso penal exige una «adecuada incorporación a las actuaciones» mediante mecanismos de cooperación jurídica internacional.
La extracción del teléfono de Reyes procede de una investigación transnacional iniciada en 2018 contra una red de empresarios venezolanos y personas políticamente expuestas dedicada, según recoge el auto, al «blanqueo de capitales, corrupción y ocultación de activos». La resolución habla de «estructuras financieras sofisticadas», «empresas pantalla», «fideicomisos» y «operaciones internacionales» que incluirían «desfalco de fondos públicos, fraude, sobornos y adquisición de bienes en múltiples jurisdicciones».
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