El juez Juan Carlos Peinado cree que los mismos policías que garantizan la seguridad de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podrían ayudarla a huir llegado el momento, y con ese argumento en la mano ha decidido retirarle el pasaporte, como medida cautelar para evitar una posible huida, en tanto la Audiencia Provincial de Madrid decide si acoge o no los recursos de la defensa y de la Fiscalía, que se oponen a su procesamiento.
Peinado explicita el argumento en el siguiente párrafo, procedente del auto de procesamiento: "Se alega, por el letrado de la acusada, que dada su condición de esposa del actual Presidente Del Gobierno ello implica que en todo momento se encuentre acompañada, y custodiada, por agentes o miembros de los Cuerpos de Seguridad Del Estado, pero [de] lo que no cabe duda es que esos agentes en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean [sic] precisamente, quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre a disposición de la Justicia".
El magistrado, valorando el argumento de la defensa de Gómez, estima también la posibilidad, vice versa, de que la esposa del presidente disfrute ahora de dicha protección de sus escoltas públicos, pero no vaya a disfrutarla en unos pocos meses, lo que a su juicio es un argumento más para quitarle el pasaporte y evitar males mayores.
Es decir, después del párrafo anterior, dice textualmente lo siguiente: "Pero además de lo anterior, y especialmente trascendente es que, como se ha dicho, la condición de actual Presidente del Gobierno de su esposo es algo efímero, y por tanto transitorio, y esa protección, o acompañamiento de los agentes de los cuerpos de Seguridad del Estado, desaparecería, lo que facilitaría, aún más, esa hipotética fuga".
Es decir, que tanto si los policías están, como si no están, hay que retirarle el pasaporte, por mucha esposa de, presidente del Gobierno que sea. Si están, porque la podrían ayudar. Y si no, porque no están.
El primer razonamiento de Peinado ha sublevado a las principales centrales sindicales policiales, Jupol, SUP (Sindicato Unificado de Policía) y CEP (Confederación Española de Policía), que han cargado contra el razonamiento.
Jupol lo ha calificado de "auténtica barbaridad", y ha defendido que los profesionales que integran la escolta de Presidencia "desempeñan exclusivamente las funciones que les atribuye la ley: garantizar la protección y seguridad de las autoridades a las que están asignados, actuando en todo momento con absoluta profesionalidad, neutralidad y en estricto cumplimiento de la legislación vigente y de las resoluciones judiciales".
Por su parte, el SUP también ha emitido un comunicado en el que rechaza "cualquier insinuación que cuestione la profesionalidad, lealtad e independencia de los policías nacionales de las unidades de protección. Actúan siempre bajo la ley, sin margen para órdenes ilegales. La Policía Nacional es garantía del Estado de Derecho".
La Confederación Española de Policía (CEP) va más allá y, además de reclamar a Peinado una rectificación, "estudiará la puesta en conocimiento de los órganos de gobierno del Poder Judicial de estos hechos para que se depuren las eventuales responsabilidades disciplinarias que pudieran derivarse de unas manifestaciones incompatibles con el respeto institucional que merecen los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".