En el caso de González el juez le manda a juicio por cohecho activo y pasivo, 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos, grupo criminal, administración desleal y falsedad documental
Regala esta noticia Añádenos en Google Francisco González. (Efe) 09/07/2026 Actualizado a las 14:23h.Punto y final a la instrucción de la pieza del BBVA dentro del sumario Villarejo. El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha acordado ... abrir juicio oral contra el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria como persona jurídica, contra su expresidente Francisco González y contra otras 14 personas, entre antiguos directivos de la entidad, responsables de seguridad, mandos policiales y el propio comisario jubilado José Manuel Villarejo, por la trama de encargos presuntamente ilegales que el banco habría realizado a través del grupo Cenyt entre 2004 y 2016 al exmando del CNP.
El auto, dictado este jueves en la pieza 9 del caso, llega cinco meses después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazara los recursos de los investigados y avalara que esta línea de investigación siguiera hacia juicio. Esa pieza se abrió a finales de 2018 y ha examinado durante años las presuntas contrataciones ilícitas y trabajos de espionaje que BBVA habría encargado a Cenyt, el entramado empresarial de Villarejo.
El núcleo de la investigación se centra en el rastreo masivo, la intervención de comunicaciones telefónicas y la obtención de datos confidenciales para frustrar el intento de la constructora Sacyr, liderada entonces por Luis del Rivero, de tomar el control del banco entre 2004 y 2005. Aquella operación empresarial, vista dentro de la entidad como una amenaza directa al poder de González, derivó presuntamente en encargos de vigilancia sobre empresarios, políticos, periodistas y directivos.
La Fiscalía Anticorrupción pide para Francisco González 173 años de prisión. La cifra es muy elevada por la acumulación de delitos, aunque el cumplimiento efectivo, en caso de condena, estaría muy por debajo: la pena máxima real no podría superar los 15 años. El Ministerio Público solicita para él cinco años de cárcel por cohecho activo y cuatro años por cada uno de los 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a tercero por los que se le acusa.
El juez le manda a juicio por cohecho activo y pasivo, 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos, grupo criminal, administración desleal y falsedad documental. Las acusaciones particulares dibujan para el expresidente del BBVA un papel más amplio que el perfil sostenido por la Fiscalía y apuntan a que algunos contratos investigados fueron ordenados por el propio González, que, según una de esas acusaciones, «ya sabía quién era esta entidad y sus métodos de investigación por contratos anteriores».
BBVA irá a juicio como persona jurídica por cohecho y por 52 delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Anticorrupción reclama para la entidad una multa de 181,1 millones de euros: cinco años de multa a razón de 5.000 euros diarios por el delito continuado de cohecho activo y otros dos años, también a 5.000 euros diarios, por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos.
La fotografía procesal del banco es especialmente delicada. Podemos y Adicae reclaman además la inhabilitación del BBVA para obtener subvenciones y ayudas públicas, contratar con el sector público y gozar de beneficios fiscales o de la Seguridad Social durante quince años. Lo hacen, según recoge el auto, «atendiendo a la especial gravedad de las conductas cometidas». Otra acusación llegó incluso a pedir la «disolución de la persona jurídica», una petición extrema que quedará ahora en manos de la Sala de lo Penal.
Villarejo también se sentará en el banquillo. El auto le atribuye cohecho pasivo propio, cohecho activo, 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos cometidos por funcionario, integración o pertenencia en organización o grupo criminal y falsedad de documento mercantil. Anticorrupción reclama para él seis años por cohecho pasivo propio y cuatro años por cada uno de los 42 delitos de revelación de secretos cometidos como funcionario público.
Junto a él será juzgado Rafael Redondo, socio del comisario en Cenyt, por cohecho, revelación de secretos, falsedad y grupo criminal. También irá a juicio Julio Corrochano, excomisario general de la Policía Judicial y exjefe de Seguridad del BBVA, considerado por los investigadores una pieza clave como enlace entre el banco y Villarejo. Para Corrochano, Anticorrupción solicita seis años por cohecho activo, cinco años por cada uno de los 47 delitos de revelación de secretos y otros dos años por corrupción en los negocios.
En el listado de acusados aparecen asimismo Ángel Cano, exconsejero delegado del BBVA; Eduardo Arbizu, exresponsable de Regulación y Control Interno y de los servicios jurídicos y de cumplimiento de la entidad; José Manuel García Crespo, antiguo responsable de los servicios jurídicos del banco; Eduardo Ortega, exdirector de los Servicios Jurídicos Contenciosos Corporativos del BBVA; Antonio Béjar, exdirector de Riesgos del banco y expresidente de Distrito Castellana Norte; Joaquín Gortari, exdirector del gabinete de presidencia y responsable de Auditoría Interna; Antonio Bonilla, exinspector de la Policía Nacional; Óscar Santos, empleado del BBVA vinculado por la Fiscalía al entorno de Villarejo; un agente del CNP identificado solo por su número profesional; José Santiago Sánchez Aparicio, entonces comisario jefe de la Policía Judicial; y Manuel Vázquez López, entonces comisario jefe de la UDEF.
Piña fija además una fianza solidaria de 1.173.333 euros para asegurar las eventuales responsabilidades civiles. El auto advierte de que, si no se deposita en el plazo de tres días, «podría acordarse el embargo de sus bienes». También mantiene las medidas cautelares personales ya acordadas y emplaza a las defensas para que presenten en diez días sus escritos, se opongan a las acusaciones y propongan las pruebas que quieran llevar al juicio.
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