El magistrado del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, continúa sin responder a la petición de inhibición que cursó el instructor del caso de las cloacas del PSOE, el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, el pasado mes de junio, cuando le reclamó el procedimiento en el que investiga a Leire Díez, al empresario Javier Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.
Zamarriego investiga los intentos de soborno a los fiscales Ignacio Stampa y José Grinda por parte de la denominada fontanera del PSOE. Díez trató de acceder a través de ellos a información sobre su superior, el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón. A cambio, la imputada ofreció a ambos fiscales distintas contraprestaciones.
Por su parte, Pedraz investiga a la fontanera Leire Díez en una doble vertiente: por su papel en los presuntos amaños llevados a cabo por la Sepi y por las maniobras encaminadas a desactivar las causas judiciales que afectaban al Gobierno, el partido y la familia del presidente Pedro Sánchez. Y, pese a que hace semanas que la Audiencia Nacional reclamó la inhibición a Zamarriego, el instructor de Plaza de Castilla sigue sin responder al tribunal especializado en investigar la corrupción a gran escala en nuestro país.
Además, según se desprende de un auto dictado el pasado martes, el juez Arturo Zamarriego tampoco prevé responder a la inhibición de manera inmediata. En la citada resolución, el magistrado decidió prorrogar la instrucción «al concurrir en las presentes actuaciones circunstancias sobrevenidas que hacen previsible que la causa no pueda concluirse en el plazo de 12 meses a que se refiere el primer párrafo del artículo 324.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al encontrarse pendiente de recibir un informe pericial, necesario a juicio de este instructor para resolver sobre el requerimiento de inhibición anteriormente mencionado, solicitud de nuevas diligencias instructoras, ampliación de la denuncia y resolución de solicitud de sobreseimiento parcial, procede acoger la petición a instancia de parte y declarar la prórroga la presente causa».
La actuación del magistrado es calificada de «asombrosa» y «bastante irregular» por fuentes jurídicas y fiscales consultadas por EL MUNDO. En primer lugar, porque el espíritu de la Ley de Enjuiciamiento Criminal respecto de las inhibiciones lleva a afirmar que estas deben producirse con máxima celeridad, pudiendo plantear aquel juez que se muestre en desacuerdo con ceder una causa a otro, una cuestión de competencia ante el Supremo. «La petición de inhibición se tiene que resolver. En un sentido o en otro pero hay que resolver y da igual que haya diligencias pendientes», indican las fuentes consultadas.
Aunque es cierto que el magistrado Zamarriego incoó el primero el procedimiento contra Leire Díez, la realidad es que la presunta organización criminal tenía una dimensión mayor a los sobornos que instruye el juez de Madrid. Entre otras cuestiones, porque la trama delictiva habría operado en más de un territorio -argumento en favor de la competencia de la Audiencia Nacional-, ya que así lo demuestran las maniobras puestas en marcha contra la juez de Badajoz Beatriz Biedma, que investigó el enchufe del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, condenado por un delito de prevaricación.
Además, la red criminal no se dedicaba sólo a tratar de desactivar causas judiciales, sino también a enriquecerse con contratos adjudicados por la SEPI.
En contraposición, la causa que investiga Zamarriego se ciñe al episodio de sobornos de dos fiscales para atacar al fiscal Luzón.
Las fuentes consultadas indican que el procedimiento de Madrid se ha visto superado por el aluvión de datos incautados por orden de la Audiencia Nacional. Asimismo, estas fuentes recalcan la anomalía que supone el hecho de que haya determinadas personas que tengan distinta condición según qué procedimiento genera disfunciones. Por ejemplo, mientras el histórico dirigente socialista Gaspar Zarrías está imputado en el juzgado de Pedraz (a través de una de sus empresas el PSOE tuvo a sueldo a Leire Díez) figura como testigo en el procedimiento de Zamarriego en Madrid.
De igual manera, el instructor de Plaza de Castilla dio la condición de testigo al abogado Jacobo Teijelo, quién también está imputado en la Audiencia. El letrado de Santos Cerdán se negó a declarar ante el juez Zamarriego cuando fue llamado a declarar bajo el argumento de que había presentada una querella de Vox contra él por estos hechos y debía esperar a saber si sería admitida a trámite o rechazada.