- EXPANSIÓN
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Tras el proceso por el 'caso mascarillas', llegarán los juicios al hermano del presidente y a su esposa.
La Justicia avanza lenta pero inexorable y la cuenta atrás para que el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García afronten su primer juicio, en este caso por la presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia, ha llegado a su fin. Ábalos y Koldo se sientan hoy en el banquillo en el Tribunal Supremo. Lo hará también el empresario y presunto comisionista Víctor de Aldama, aunque con una estrategia de defensa diferente. De hecho, Ábalos y Koldo, para quienes la Fiscalía pide 24 y 19,5 años de cárcel (7 para Aldama), se enfrentarán al juez con defensas coordinadas que, a priori, enfrían la posibilidad de acusaciones cruzadas y con las que intentarán minimizar el impacto de las revelaciones que pueda hacer Aldama, el presunto conseguidor de la trama corrupta.
Aunque el Gobierno y el PSOE de Pedro Sánchez hace tiempo que intentaron desvincularse de Ábalos, quien, además de ministro de Transportes, en su día fue secretario de Organización de los socialistas, un cargo de la máxima confianza y relevancia dentro del partido, su imagen sentado en el banquillo de los acusados durante todo abril dará el pistoletazo de salida a la travesía judicial por el desierto que, a partir de ahora, afrontarán Sánchez y su entorno. Y es que el juicio por el caso mascarillas es solo el primer paso en la procesión judicial que está por llegar. De hecho, se prevé que a finales de mayo sea el propio hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, el que se siente ante un tribunal por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, mientras que el juez Juan Carlos Peinado perfila la última fase de la instrucción de la causa abierta a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida o intrusismo profesional.
En otras palabras, el jefe del Ejecutivo y líder del PSOE afronta una primavera tórrida en el ámbito judicial, que, curiosamente, ha coincidido en el tiempo con el arranque ayer del juicio por el caso Kitchen en la Audiencia Nacional, que se prolongará hasta el próximo 30 de junio y que en este caso afecta a la excúpula del Ministerio del Interior bajo el mandato de Mariano Rajoy; esto es, a antiguos cargos del PP. Una circunstancia que los socialistas han aprovechado para elevar los decibelios del ruido político contra el principal partido de la oposición, que se defiende esgrimiendo que el PP actual nada tiene que ver con el del caso Kitchen, cuyos orígenes se remontan a trece años atrás.
Con este telón de fondo, el PSOE llegó a pedir la suspensión del inicio del juicio para que se investigue como imputados a la ex secretaria general del PP y exministra de Defensa María Dolores de Cospedal y a su exmarido, el empresario Ignacio López del Hierro, ambos citados en el proceso como testigos.
Mientras, el PP, a través de su vicesecretario general de Economía, Juan Bravo, hizo ayer un llamamiento a "dejar trabajar a la Justicia" en el caso Kitchen para conocer quiénes fueron sus responsables, al tiempo que señaló que lo que está trascendiendo sobre los casos Ábalos y Koldo es reflejo de la "producción natural de la corrupción" del entorno del presidente, Pedro Sánchez.
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