«Desde el momento del nombramiento de su esposo como presidente del Gobierno, aumentó la proyección institucional de la investigada, así como su capacidad de influencia tanto ante la administración como en sectores privados y su ámbito de relaciones sociales y posibilidades de acceder a los directivos de grandes empresas; siendo la misma consciente en todo momento de todo ello, y por tanto de la capacidad de influir en otros por sus vínculos personales. E igualmente accedió a la posibilidad de utilizar medios y recursos públicos para fines privados, laborales, mercantiles y/o universitarios». Así describe la acusación popular la actuación de Begoña Gómez, mujer del presidente Pedro Sánchez, para la que reclama hasta 24 años de prisión.
La dirección letrada de Hazte Oír, que unifica al resto de acusaciones populares personadas en el procedimiento, le atribuye cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. Pide, además, 22 años de cárcel para la asistente de Gómez, Cristina Álvarez, y otros seis para Juan Carlos Barrabés, el empresario que supuestamente se benefició de diversos contratos con la Administración.
Gómez se encuentra a un paso del banquillo -aunque el procesamiento aún tiene que ser confirmado por la Audiencia Provincial de Madrid- por haber presuntamente aprovechado su condición de cónyuge de Sánchez para lograr decisiones públicas favorables a su cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid. También por haberse presuntamente apropiado del software de la cátedra, así como por haber tratado de aprovecharse económicamente de la plataforma digital que empresas como Google, Indra o Telefónica estaba construyendo en una cátedra que financiaban La Caixa y Reale Seguros. Peinado también quiere que Gómez sea juzgada por haber encomendado a su asesora en Moncloa realizar cuestiones vinculadas a sus negocios particulares.
Sobre estos extremos, el escrito de acusación también resalta que «tras la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, la investigada, con plena consciencia de ello y de forma voluntaria, dio un giro radical a la trayectoria profesional, y así en junio de 2018 (o en cualquier caso, con carácter concomitante o cercano a la llegada del esposo al poder) solicitó una excedencia». «En agosto de 2018, fue nombrada directora del IE Africa Center; entabló relaciones con la OMT y con Wakalua (así como sus colaboradores, como el Grupo Barrabés); y, manteniendo su codirección del Máster Propio en Dirección de Fundraising de la UCM iniciado en el curso 2014/2015, impulsó en 2020 la creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, formalizada el 30 de octubre de 2020. Todo ello se produjo pese a no ser licenciada universitaria y sin que aparezca en autos un proceso abierto y competitivo de selección académica equiparable al ordinario de la Universidad Complutense», prosigue el escrito.
Además, la actividad profesional de la mujer del presidente ha desembocado en que en el listado de testigos propuestos para declarar en el juicio se encuentre gran parte del núcleo político y empresarial del poder de este país. Para empezar, las acusaciones populares quieren que testifique el propio jefe del Ejecutivo Pedro Sánchez. También el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el secretario general del Departamento de Asuntos Económicos del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Manuel de la Roca; y, el ex director de Gabinete de Sánchez, Iván Redondo, entre otros.
Del ámbito empresarial, la solicitud de testigos abarca desde Marc Murtra, actual presidente ejecutivo de Telefónica y ex presidente de Indra; a José María Álvarez-Pallete López, ex presidente ejecutivo de Telefónica; pasando por José Bogas, consejero delegado de Endesa; y continuando con Rosauro Varo, ex vicepresidente y consejero de Movistar. Además, la acusación ha pedido que se cite a declarar en la vista al empresario Víctor de Aldama, el comisionista arrepentido del caso Koldo.
De mundo docente, se han solicitado las testificales del rector de la Universidad Complutense de Madrid Joaquín Goyache Goñi y del ex vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Juan Carlos Doadrio, entre otros.
Tal y como informó EL MUNDO, los plazos procesales habituales de Audiencia Provincial de Madrid sitúan el eventual juicio a Gómez antes o a las puertas de las próximas elecciones generales, previstas para julio de 2027.
A la esposa del presidente del Gobierno la acusación popular le pide seis años de cárcel por tres presuntos delitos de tráfico de influencias (así como la prohibición de contratar con la Administración y obtener subvenciones durante 10 años), cuatro años de prisión por corrupción en los negocios (y seis de inhabilitación para comerciar), ocho años de cárcel por malversación (y 20 de inhabilitación absoluta), y seis años más por apropiación indebida. Para el empresario Juan Carlos Barrabés, se piden dos años por tráfico de influencias (además de inhabilitación de 10 años para contratar con el sector público), y otros cuatro por corrupción en los negocios (junto con seis de inhabilitación para realizar negocios).
Las acusaciones populares consideran que «existiendo un evidente y fundado riesgo de fuga por parte de los tres acusados», derivado de la «gravedad de las penas solicitadas en el presente escrito», se le deben imponer como medidas cautelares la prohibición de salida del territorio nacional, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer en el juzgado cada 15 días. Gómez, por su parte, cree que el juez Peinado está «masacrando» la verdad con tal de llegar a un «objetivo».