Carlos Martínez se ha desvinculado de la operación anticorrupción vinculada al Gobierno municipal del que fue alcalde durante 19 años. "Ni yo ni el Ayuntamiento de Soria somos causa ni objeto de investigación ni acusación ninguna. En este río turbio y fango interesado del PP y Vox, que intentan enturbiar y que salpique para lo que es la realidad, que se circunscribe a una ya ex concejala y a personas del entorno de una empresa", ha afirmado el ahora secretario general del PSOE en Castilla y León.
En declaraciones a los medios de comunicación, ha explicado que en "apenas 12 horas" se retiraron las competencias de Yolanda Santos, la edil acusada junto a otras cinco personas en supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos y que fue suspendida de militancia en el partido. También ha reconocido "la gravedad" de los hechos que motivaron el registro de las dependencias municipales por la Guardia Civil, aunque ha pedido circunscribirlos a las personas afectadas por ellos.
"No voy a permitir que intenten extender esa mancha de aceite y de fango para sembrar la más mínima duda ni sobre la gestión del Ayuntamiento, ni sobre los propios técnicos, ni sobre la honestidad, la transparencia y la rendición de cuentas que ha sido la seña de identidad con la que hemos trabajado todos estos años", ha añadido Martínez. Y a los que intentan "enfangar" e implicarle les ha advertido que "pinchan en hueso".
En su intervención, el líder de los socialistas en Castilla y León ha recalcado que en el marco de esta investigación "nadie ha destruido ni un papel ni un ordenador a martillazos", en una crítica al PP, y que no pueden compararse "cosas que son absolutamente incomparables". A lo que ha apostillado: "Tolerancia cero, pero tampoco condenas anticipadas".
La investigación impulsada por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Soria y desarrollada por la Guardia Civil, está bajo secreto y analiza hechos presuntamente constitutivos de los delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, falsedad documental, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, informa Efe.