El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social niega irregularidades y bendice el certificado que permitió a Plus Ultra optar al rescate, pese a las dudas del juez instructor, José Luis Calama. La aerolínea consiguió en la Tesorería General de la Seguridad Social un certificado de estar al corriente de pago, cuando en realidad, arrastraba una deuda a la que se le había concedido un aplazamiento", lo cual ha despertado las sospechas del juez de la Audiencia Nacional. "Plus Ultra obtiene el 20 de agosto de 2020 un certificado de estar al corriente de deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social, a pesar de que, en la información obtenida a tenor de requerimiento judicial dirigido a la TGSS, esta informa de la existencia de una deuda", resalta el auto.
Sin embargo, el Ministerio niega contradicción: "Es compatible estar al corriente con tener reconocido un aplazamiento de deuda", señalan a este diario en el Ministerio de Inclusión que dirige Elma Saiz.
"Plus Ultra presentó la solicitud de acceso a la ayuda pública en fecha 1. 09.2020, adjuntando dos certificados de estar al corriente en las obligaciones de Seguridad Social", redacta el juez en su auto sobre el escándalo del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al que atribuye liderar una trama que recibió mordidas de, entre otros, Plus Ultra.
Sin embargo, el magistrado recalca que la aerolínea tenía cuentas pendientes con la Tesorería de la Seguridad Social cercanas al medio millón: "Esta deuda, ascendía a un importe de 451.954, 79 euros y comprendía un periodo desde el mes de julio de 2017 hasta el mes de mayo de 2020". E incide en que en octubre de ese año logró un nuevo aplazamiento mientras estaba solicitando ya formalmente el rescate gracias al certificado de un mes antes.
Según las citadas fuentes del Ministerio nada de esto se sale de lo normal y subrayan que 2020 fue un año particular por la pandemia. "En primer lugar, dentro del ámbito de competencia de la Tesorería General de la Seguridad Social está la tramitación de los aplazamientos, que se efectúa siguiendo el máximo rigor y la legalidad vigente y sin ánimo de perjudicar o favorecer a una compañía concreta. La TGSS actúa de acuerdo con criterios estrictamente técnicos".
Añaden que "la figura del aplazamiento de cuotas a la Seguridad Social es una herramienta habitual que solicitan muchas empresas en momentos puntuales, y que durante la pandemia de la COVID se utilizó de forma más intensiva, debido a que el Gobierno puso a disposición varios instrumentos de este tipo para mejorar la liquidez del tejido empresarial en este periodo tan complicado. Por ejemplo, en 2020 se concedieron más de 137.000 aplazamientos (el doble que el año anterior)".
En todo caso, inciden en que para, conceder un aplazamiento de deuda "se tiene en cuenta a la hora de aprobarlo en caso de que haya habido aplazamientos anteriores, que se hayan abonado en el periodo previsto, y que a la vista de la documentación aportada acrediten viabilidad". Por tanto, el Ministerio consideró viable a Plus Ultra antes de que ésta consiguiera el rescate, pese a su angustiosa situación.
El juez da importancia a los funcionarios que firmaron el certificado, pero el Ministerio los exculpa: "Los certificados de estar al corriente con la Seguridad Social se expiden de forma automática (como si se tratase del certificado de vida laboral), sin que lo tenga que conceder un funcionario en concreto". Saiz fue muy elogiosa el pasado martes con la figura de Zapatero al término del Consejo de Ministros y pidió presunción de inocencia.
Escrivá se desmarca
El auto salpica al antecesor de Elma Saiz, el actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. Porque en plena negociación para conseguir un nuevo aplazamiento de deuda tras el certificado de estar al corriente, el entonces ministro almorzó con Zapatero. Sin embargo, fuentes próximas al gobernador niegan relación alguna con el caso.
Este admite que pidió ver al ex presidente para comentar medidas para la pandemia, pero no por esta aerolínea. "Escrivá nunca ha tratado sobre Plus Ultra ni su posible rescate con nadie. Es una materia además que no tenía relación con sus competencias como ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Tampoco tuvo nunca conocimiento ni participación alguna en la aprobación de aplazamientos de deudas con la Seguridad Social u otras medidas de liquidez, o en la expedición de certificados de estar al corriente de pago por parte de la Seguridad Social en relación con ninguna empresa o entidad. Todas estas son actuaciones de carácter técnico adoptadas en la Tesorería General de la Seguridad Social, sin que existiera ninguna participación o conocimiento de las empresas beneficiarias por parte del ministro", afirman.