Félix Bolaños durante una comparecencia tras el Consejo de Ministros. Marta Fernández Europa Press
Tribunales El Ministerio desmiente a los jueces: "En la implantación de los tribunales de instancia no hay incidencias relevantes"El Departamento de Félix Bolaños asegura que "ya hay indicadores de actividad positivos" de la Ley de Eficiencia, como el incremento del 4,4% en los señalamientos de juicios.
Más información: Los demoledores informes sobre la 'ley de eficiencia' de Bolaños: "Improvisación", "colapso", "desánimo general"
María Peral Publicada 11 marzo 2026 02:50hLas claves nuevo Generado con IA
"En las cinco comunidades autónomas que dependen del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, los Tribunales de Instancia están implementados sin incidencias relevantes", aseguran fuentes del departamento de Félix Bolaños.
Replican así los informes en los que numerosos presidentes de Tribunales de Instancia y responsables de Tribunales Superiores de Justicia reflejan incidencias generalizadas en el desarrollo de la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.
La norma introduce una compleja reforma organizativa de la planta judicial diseñada en el siglo XIX. Transforma los tradicionales Juzgados unipersonales (3.800) en 431 tribunales de Instancia, órganos colegiados donde los jueces se dividen en secciones (instrucción, civil, penal, familia, violencia sobre la mujer, menores, etc.).
Ya no existe una oficina con un letrado de la Administración de Justicia (LAJ) y un equipo de funcionarios para cada Juzgado. Ahora los funcionarios se aglutinan en tres servicios comunes (general, de tramitación y de ejecución) que trabajan en conjunto para las distintas secciones en las que se agrupan los jueces.
La responsabilidad de la implementación de la ley es del Ministerio en Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia y Baleares, además de Ceuta y Melilla. En el resto de los territorios, el trabajo corresponde a las Administraciones autonómicas.
"La ley es para todos. Lo que no haya hecho alguna de ellas entrará en el ámbito de su responsabilidad", señalan fuentes del Ministerio, que destacan que comunidades como Aragón, La Rioja o Cataluña "también están avanzando de forma satisfactoria".
Explican que el pasado 22 de diciembre "el Ministerio y las comunidades constataron que estaba todo listo para los tribunales de instancia y acordaron por unanimidad que la tercera y última fase de implementación de la ley entrase en funcionamiento el día 31, tal y como estaba previsto y renunciando a la posibilidad de una prórroga".
"Solo se acordó dotar de cierta flexibilidad a los partidos judiciales, de tal manera que la entrada en funcionamiento de los equipos que lo requiriesen se realizase de forma progresiva", añaden.
Desde que arrancó la implementación de la ley, el grupo de trabajo técnico creado por el Ministerio con las comunidades autónomas ha mantenido 29 reuniones de seguimiento y coordinación. También se han celebrado nueve comisiones sectoriales desde enero de 2025.
En la última de ellas, celebrada el pasado día 6, "ninguna comunidad indicó que hubiese incidencias relevantes en materia de gestión por la implementación de los Tribunales de Instancia", afirman desde el Ministerio.
La fecha
Estas fuentes constatan que muchas de las críticas vertidas en los informes provenientes del Poder Judicial se basan en la insistencia del departamento de Bolaños en implementar la reforma en los breves plazos previstos.
"Esto se debe a que existe un precedente que revela lo que implica postergar las reformas estructurales", indican.
"A finales de 2003, se aprobó una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para regular la denominada Nueva Oficina Judicial, un cambio organizativo profundo que buscaba mayor agilidad y eficacia creando servicios comunes procesales. Dos décadas después, en 2024, solo dos comunidades (Cataluña y País Vasco) y el Ministerio habían implementado nuevas oficinas judiciales. El resto no habían implementado ninguna", añaden.
"Si se hubiese hecho lo mismo con la Ley de Eficiencia, la estructura del siglo XIX se habría perpetuado durante varias décadas más", aseguran.
Incremento de señalamientos
Desde el Ministerio de Justicia se insiste en que "en los tribunales de instancia que entraron en funcionamiento el 31 de diciembre de 2025 no se han producido incidencias relevantes teniendo en cuenta la envergadura de esta transformación estructural".
De hecho, aseguran, a fecha de 6 de marzo ya hay indicadores de actividad positivos, como el incremento del 4,4% en los señalamientos de juicios respecto al mismo periodo de 2025 en las comunidades del 'territorio Ministerio'.
Con la antigua organización la pendencia de asuntos aumentaba cada año. "El nuevo modelo, defendido por todas las asociaciones judiciales en 2017, está diseñado para ganar eficiencia y agilizar los procedimientos", afirman.
Desde el Ministerio se prevé que "en unos meses la pendencia de asuntos se reducirá. Y la entrada de asuntos ya se está reduciendo gracias a los MASC (medios adecuados de solución de controversias). El tiempo lo confirmará".
Funcionarios y edificios
Esas fuentes también niegan que haya imposibilidad de completar los equipos que integran los servicios comunes.
Señalan, a este respecto, que la Ley de Eficiencia "reorganiza el personal, no lo reduce ni lo aumenta".
"No se ha modificado la cifra de funcionarios ni se eliminan espacios en las sedes judiciales. Si los funcionarios entraban antes, entran ahora", agregan en referencia a otra de las críticas: las dificultades de reubicación en edificios que no están preparados para acoger los servicios comunes.
"Lo óptimo es que los servicios estén en un mismo espacio. Pero no es imprescindible. De hecho ya había oficina judicial en muchos partidos judiciales. El uso del expediente judicial electrónico hace que la necesidad de readaptación de las infraestructuras o la reubicación de personal sea menor", aseguran.
Además, sostienen que en las comunidades que dependen del Ministerio "todas las sedes judiciales construidas o reformadas desde la entrada en vigor de la ley que creó la Nueva Oficina Judicial (2003) han sido diseñadas teniendo en cuenta este modelo. Por lo tanto, ahora no requieren una readaptación importante".
"Muchas comunidades autónomas ya tienen sus edificios adaptados a esta estructura, pero algunas no implementaron nunca las oficinas judiciales y ahora deben adaptarse", indican.
Y, en algunos casos, nunca se podrá adaptar la oficina. Por ejemplo, los Juzgados de Soria están en un palacio renacentista del siglo XVI.
Respecto a la perturbación que ha supuesto la coincidencia del proceso de estabilización de funcionarios y la implantación de los Tribunales de Instancia, indican que "las dos medidas eran urgentes. La consolidación de funcionarios era una exigencia de la UE. Es cierto que no estaba previsto que la resolución del proceso de consolidación se alargase tanto en el tiempo, pero en mayo terminarán todos los procesos de estabilización".
Sistemas informáticos
Las fuentes del Ministerio niegan también deficiencias en las aplicaciones informáticas que dependen de la Administración central.
"Las comunidades autónomas del 'territorio Ministerio' y, además Galicia, Asturias y La Rioja trabajan con la aplicación Minerva-Atenea, que permite tener un control de las incidencias en tiempo real", manifiestan.
"No ha habido problemas destacables desde la puesta en marcha de los Tribunales de Instancia. El Ministerio tiene funcionarios informáticos in situ en los tribunales y también un servicio online de atención al usuario que funciona 24/7. Puede haber alguna incidencia puntual, pero no es la tónica", aseveran.
En el Ministerio sí tienen constancia de que algunas comunidades, entre las que citan Andalucía y la Comunidad Valenciana, tienen dificultades con sus sistemas de gestión procesal.
Respecto a las quejas por el "aislamiento" de los jueces, que lamentan que no se les haya dado información ni se hayan tenido en cuenta sus criterios, en el Ministerio son taxativos: "la organización de las oficinas no es competencia del Consejo General del Poder Judicial, sino de la Administración. El CGPJ lo que tiene que hacer es adaptar sus reglamentos a la Ley de Eficiencia (en un año, solo llevan adaptado uno). En los temas que se solapan, la relación tribunal-oficina y en la inspección, Ministerio y CGPJ hemos aprobado instrucciones paralelas".
También aseguran que desde el Ministerio "hay un contacto permanente" con la Abogacía y los procuradores. "En ningún caso se han notificado problemas graves y generalizados", afirman.