El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante la inauguración de la exposición ‘Libération. París 1944. Españoles, exilio y resistencia’, ayer, jueves, en el Palacio Real. Europa Press
Tribunales El ministro Torres invoca el privilegio de declarar por escrito y eludir el interrogatorio directo en el juicio a ÁbalosEl expresidente canario ha aparecido en informes de la UCO que reflejan que se involucró, a petición de Koldo García, en el pago de los contratos adjudicados a la empresa por la que intermedió Aldama.
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María Peral Publicada 13 marzo 2026 15:31hLas claves nuevo Generado con IA
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha pedido a la Sala Penal del Tribunal Supremo declarar por escrito como testigo en el juicio por presuntos delitos de corrupción que se celebrará en abril contra el exministro José Luis Ábalos; su asistente, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama.
Se trata de un privilegio que permite a determinadas autoridades -entre ellas, el presidente y los miembros del Gobierno, presidentes del Congreso y del Senado y presidentes de comunidades autónomas- testificar por escrito cuando han tenido conocimiento de los hechos por razón de esos cargos.
De este modo, y a diferencia de cualquier otro testigo, pueden conocer de antemano las preguntas, medir sus respuestas y consultarlas con asesores. Evitan someterse al interrogatorio en vivo y en directo de acusaciones y defensas y pueden eludir ser repreguntados.
Debido a la quiebra del principio de inmediación, muy relevante en los juicios orales, ese privilegio se ha aplicado de forma rigurosa.
El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy testificó de forma presencial en el juicio del 'procés' el 28 de febrero de 2019, lo mismo que la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y los exministros Juan Ignacio Zoido y Cristóbal Montoro. Pero en ese momento ninguno de ellos era ya miembro del Ejecutivo.
El ministro Torres tendrá que ir al Congreso a explicar su cita con el constructor Ruz al que dio un contrato de 7 millonesFue también el caso de Felipe González en el juicio por el secuestro de Segundo Marey por los GAL. Compareció de manera presencial el 23 de junio de 1998, cuando ya no era presidente del Gobierno.
En cambio, pese a ser miembro del Ejecutivo, Francisco Álvarez-Cascos compareció de forma presencial en ese mismo juicio el 22 de junio de 1998. El entonces vicepresidente del Gobierno no declaró por escrito porque no había conocido en el ejercicio de ese cargo los hechos que fueron objeto de su declaración. Cascos fue interrogado por reuniones que celebró con algunos implicados como portavoz del PP en la Comisión de Interior del Congreso.
En el caso de Ángel Víctor Torres, convergen las circunstancias de que es miembro (actual) del Gobierno y ha sido presidente de una comunidad autónoma. Pero ya no ejerce este segundo cargo, en el ejercicio del cual conoció los hechos por los que ha sido citado en el juicio a Ábalos.
La Sala Penal no ha decidido aún si acepta o no que el titular de Política Territorial eluda la comparecencia presencial. Lo que resuelva será también aplicable a Francina Armengol, que, al menos por ahora, no ha pedido declarar por escrito.
La presidenta del Congreso está entre las autoridades que pueden acogerse a ese privilegio. Pero, en su caso, ha conocido los hechos como presidenta del Gobierno balear, cargo que no ostenta en la actualidad.
Torres ha aparecido en numerosos documentos del 'caso Ábalos', especialmente por su relación con Koldo García.
Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil conocido el pasado noviembre dio cuenta de los numerosos mensajes que el expresidente de Canarias se intercambió con el asesor del entonces ministro de Transportes durante la pandemia de la Covid-19.
La UCO concluyó que Torres se involucró de manera personal no solo en las negociaciones para adquirir pruebas PCR, sino también para que meses antes su Ejecutivo regional pagara a la empresa Soluciones de Gestión más de 7 millones de euros que se le debían por el suministro de mascarillas a la sanidad insular. El entonces presidente de Canarias aceptó hacer las gestiones ante la insistencia Koldo García.
Soluciones de Gestión fue la empresa a la que, a instancias de Aldama, se adjudicaron contratos de mascarillas por organismos de Transportes por importe de 24 millones de euros.
Las acusaciones sostienen que, a cambio, García y Ábalos recibieron comisiones y otras dádivas, como estancias en chalés.