El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, terció ayer en la polémica sobre las joyas que José Luis Rodríguez Zapatero guardaba en una caja fuerte de su despacho -y que, según la versión que ha proporcionado al juez Calama, fueron un regalo a título «personal» del Rey Abdullah de Arabia Saudí, en 2007-, abogando por regular el procedimiento que han de seguir los cargos públicos cuando reciben un obsequio. Para explicar su propuesta, Torres hizo una suerte de comparación entre las alhajas valoradas en 1,3 millones de euros, que recibió y conservó para sí el ex presidente del Gobierno, y una «caja de productos típicos».
«Se ha abierto un debate sobre los regalos que se le dan a los cargos públicos», argumentó el ministro en una entrevista en La Radio Canaria, como respuesta a las preguntas que se le hacían acerca de la explicación que ha dado Zapatero al juez. En su opinión, habría que «regular todas estas cosas, que sean iguales para todas las administraciones y que haya transparencia por parte de todos los representantes públicos» y, a continuación, se preguntó qué ocurre si al cargo en cuestión se le obsequia «una caja de productos típicos para que los deguste». «¿Qué hay que hacer al respecto?», remachó retóricamente.
Más allá de la diferencia palmaria entre un ajuar de joyas valorado en 1,3 millones de euros y una caja del mejor producto gastronómico típico de una región o un país, el ministro dio muestra de desconocer o haber olvidado que los regalos a los miembros del Gobierno y a los altos cargos, en razón del puesto que ocupan, está claramente regulado en España.
Zapatero, como antes Aznar o González, y después Rajoy y ahora Sánchez, era presidente del Gobierno las 24 horas del día y los 365 días del año, y su relación con el monarca saudí, ya fallecido, era fruto de su condición de jefe del Ejecutivo y no de una amistad personal previa. El primer contacto de alto nivel entre Zapatero y el Rey Abdullah se produjo en 2007 cuando el monarca saudí viajó a Madrid para lanzar definitivamente el Fondo Hispano-Saudí de Infraestructuras. En aquella ocasión Abdullah recibió, previa aprobación del Congreso, el Toisón de Oro y fue entonces, según la versión del ex presidente, cuando se le hizo entrega de las joyas. Posteriormente, en 2009, fue Zapatero quien viajó a Arabia para impulsar las obras del tren de alta velocidad a La Meca.
El cuerpo normativo que regula en España la recepción de obsequios por parte de los altos cargos es variado aunque el ministro de Política Territorial lo orille en sus declaraciones.
Así, y según su propia versión, el ex presidente fue obsequiado con las alhajas dos años después de que él mismo aprobara el Código de Buen Gobierno, según el cual -el apartado tercero es meridiano- los altos cargos de la Administración y, por su puesto, los miembros del Ejecutivo deben rechazar los obsequios que superen en valor los presentes que entran dentro de las normas de cortesía habituales. Esos obsequios, en caso de no ser rechazados para no desairar a quien los realiza, deben ser entregados a Patrimonio del Estado.
Ya desde 2003, la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas establecía el procedimiento para que los regalos valiosos recibidos por razón del cargo se integraran en el patrimonio público como donaciones en favor del Estado.
A esto se añade el Código Penal que, en su artículo 422, considera incluso como cohecho o malversación penado con hasta un año de cárcel, la aceptación por parte del cargo de regalos con los que se pueda pretender influir en decisiones públicas o que no sean declarados. No parece razonable especificar en el Código que se exceptúan las delicias gastronómicas de una región a las que aludía Torres.
Igualmente, la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, de 2013, se refiere a los usos normales de cortesía como baremo para establecer si un regalo puede aceptarse como personal -lo que sucedería con la caja de productos para degustar a la que se refirió el ministro- o si, por el contrario, debe ser declarado y pasar a formar parte del patrimonio estatal. Esta ley no precisa cantidades ni valores límite, pero nadie consideraría un regalo habitual de cortesía joyas que superan el millón de euros. La Ley de Transparencia derogó el Código de 2005, pero mantiene su espíritu aunque no mencione expresamente el cargo de presidente del Gobierno.