Imagen de tres de los cuatro AK-47 hallados por la Policía en una finca de Huelva. EL ESPAÑOL
Tribunales NARCOTRÁFICO El onubense que vigilaba 4,5 toneladas de coca y AK-47 de los narcos pide al juez su libertad tras el alud de excarcelacionesUn reciente fallo del TC fuerza a los instructores a motivar con más detalle por qué envían a prisión provisional a los investigados en causas secretas.
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Javier Corbacho Publicada 26 marzo 2026 21:14hLas claves nuevo Generado con IA
El dueño de una finca de Huelva en la que la Policía encontró varias toneladas de cocaína y cuatro fusiles AK-47 ha solicitado a la Audiencia Nacional su libertad.
Este ciudadano español fue enviado a prisión provisional el pasado 16 de marzo por el juez Francisco de Jorge, instructor de una causa judicial secreta contra una supuesta organización criminal con ramificaciones internacionales y dedicada a la venta de droga.
En una resolución, el magistrado señaló que este onubense, que responde a las siglas de J. C. D. L., "se encargaba de funciones de vigilancia de la cocaína depositada en su finca". El terreno está ubicado en la localidad de Gibraleón.
Ahora, menos de quince días después de que el juez le enviase a prisión, su defensa, ejercida por el abogado Juango Ospina, ha solicitado su excarcelación.
Lo ha hecho después de que la misma Audiencia Nacional haya puesto en libertad a más de una veintena de investigados en varias causas judiciales vinculadas al narcotráfico.
Una reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC), fechada el pasado febrero, concluyó la Justicia había vulnerado los derechos de una de estas personas —un guardia civil— cuando, en el marco de una causa secreta, le envió a la cárcel sin haberle "dado acceso a los elementos esenciales" que motivaron su entrada en prisión provisional.
Por ello, el TC anuló dicha disposición. No es suficiente, estableció el Constitucional, con un resumen genérico de los indicios contra un investigado. Y el secreto de sumario
El guardia civil, no obstante, ya estaba en libertad cuando recibió este fallo del Constitucional. Ahora bien, aquello constituyó un importante precedente.
Al poco tiempo, a principios de marzo —en una causa judicial secreta distinta, pero también dirigida también contra una red de narcotraficantes—, Ospina logró que otro de sus clientes fuese puesto en libertad por este mismo motivo. También fue enviado a prisión sin conocer con un cierto nivel de detalle qué elementos provocaron su encarcelamiento.
Por ello, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional puso en libertad a este segundo individuo. Con estos dos antecedentes, no tardó en producirse un alud de excarcelaciones.
En las últimas semanas, el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional —al que la Sala obligó a liberar al cliente de Ospina— excarceló a más de una veintena de investigados más en esa misma causa judicial.
'Guardería' de cocaína
Así las cosas, Ospina insiste en su estrategia y ya ha solicitado —en este caso, al Juzgado Central 1, del que es titular Francisco de Jorge— la excarcelación de J. C. D. L.
Un informe policial, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, considera que la parcela de la que es dueño funcionaba como una guardería, nombre que recibe, en el argot del narcotráfico, las instalaciones donde se almacena y custodia la droga.
La Unidad Central de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional encontró allí más de 3,5 toneladas de cocaína.
Ahora bien, los agentes hallaron mil kilos más en una furgoneta que salía de la parcela.
Imagen del registro policial sobre la parcela.
Como se aprecia en las imágenes del atestado policial, la finca albergaba una vivienda, en cuyo salón se amontonaban 116 fardos de coca. Cada uno, con un peso aproximado de 30 kilos.
La UDYCO también halló 35 paquetes, mucho más pequeños, de un kilo cada uno. Y, junto al alijo, un fusil AK-47. En la cocina, otras tres armas de este mismo modelo, además de cargadores y munición.
Según recoge el informe policial, cuando la Policía penetró en el terrero, "los moradores trataron de huir". De hecho, el juez De Jorge envió a J. C. D. L. a prisión por riesgo de fuga y por la magnitud de las penas que enfrenta.
No obstante, en dicha resolución, el magistrado sólo concreta que "la participación [de J. C. D. L.] en los hechos investigados se desprende del atestado policial y de las vigilancias llevadas a cabo". Sí ha facilitado, no obstante, a su defensa una copia del mismo y del auto que autorizó el registro de la finca de Gibraleón.
El juez De Jorge también detalló que el investigado podría enfrentarse a delitos de tráfico de drogas "en cantidad de notoria importancia", así como de pertenencia a organización criminal y de tenencia de armas de guerra.
Temor en la Audiencia
Fuentes de la Audiencia Nacional consultadas por EL ESPAÑOL admiten cierta preocupación por las consecuencias del mencionado fallo de febrero del TC.
Especialmente, por cómo puede afectar a la colaboración internacional penal en causas en las que España va de la mano con otros miembros de la Unión Europea para combatir grandes redes criminales.
"Podría poner en peligro a los agentes dobles, por ejemplo, si un detenido conoce que la labor de éstos es lo que le manda a prisión", señalan.
Las mismas fuentes también dan por hecho que las excarcelaciones podrían acabar beneficiando a traficantes de armas y/o de personas. Y reconocen que ya existe un "aluvión" de recursos con ese propósito.
Otras fuentes jurídicas señalan, no obstante, que la manera más óptima para proceder pasa por excarcelar a los investigados que cumplan los requisitos para ello e, inmediatamente, celebrar una vista en la que —ahora sí— se les facilite el nivel de detalle que exige el TC para justificar su entrada —regreso, en este caso— a prisión provisional.
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