- Cataluña aglutina el 40% de las viviendas okupadas que salen a la venta
- Los propietarios con inquilinos morosos, obligados a tributar por las rentas que no cobran
Junts y Vox han aceptado tramitar en el Congreso de los Diputados la proposición de ley del PP que eliminaría los topes al alquiler y reduciría los límites para declarar a una familia vulnerable.
El Congreso de los Diputados dio hace unos días luz verde a la tramitación de una proposición de ley del Partido Popular "de medidas administrativas y procesales para la seguridad jurídica de la ordenación territorial y urbanística, el impulso del desarrollo urbano y la vivienda" que busca solucionar la grave crisis de oferta a la que se enfrenta el mercado residencial, sobre todo en el apartado del alquiler, pero también en el de compraventa.
La proposición incluye medidas como la eliminación de las zonas tensionadas que permiten a los ayuntamientos imponer topes a las subidas de precios en los arrendamientos, algo que no sólo no ha servido para contener las alzas en las ciudades donde se han aplicado, como Barcelona, sino que ha tenido el efecto contrario al reducir aún más la oferta de viviendas en alquiler. Según los últimos datos del portal inmobiliario idealista, el número de viviendas ofrecidas en alquiler de larga estancia cayó en más de 15.000 en Cataluña durante el año pasado, de las cuales una cifra importante se encontraban en la Ciudad Condal.
La proposición de ley de los populares también recoge una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para reducir a la mitad el umbral de ingresos para considerar a una familia como vulnerable y dificultar su desahucio en caso de impago, un fenómeno conocido como inquiokupación. De prosperar la propuesta, este límite pasaría de 1.800 euros mensuales a 900 o, lo que es lo mismo, 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) que se utiliza como referencia para acceder a ayudas y subsidios públicos.
Según han venido denunciando numerosas voces en los últimos meses, la inquiokupación supone un freno cada vez mayor a la oferta de alquileres, más aún después de la extensión del decreto antidesahucios dentro del llamado "escudo social" del Gobierno que pone en suspenso -al menos durante este año- los lanzamientos para las familias vulnerables; o de la fiscalidad de las rentas no cobradas, lo que supone "un doble castigo" a los propietarios que dejan de cobrar la renta mensual y, además, deben tributar por estos ingresos en la Renta e invertir recursos y tiempo en el procedimiento judicial.
Asimismo, la Cámara Baja aceptó poner en marcha la tramitación parlamentaria de la Ley del Suelo del PP con el apoyo de Vox y de Junts, que volvió a escenificar sus profundas diferencias con el Gobierno en materia de vivienda. La toma en consideración de la proposición de ley se producirá después de meses de bloqueo por parte del PSOE, en un encontronazo que tuvo su primer capítulo en la oposición popular a la propuesta socialista que, según reprocharon desde el principal partido del Gobierno, guardaba "gran similitud" a la suya.
Entre los objetivos del texto, destaca la agilización de los trámites para poner en marcha nuevas promociones de vivienda, una reclamación que desde el sector llevan tiempo realizando ante el cada vez más elevado déficit residencial en el mercado español, que el Banco de España ya cifra en más de 700.000 unidades.
Hoy se vota el decreto de extensión de alquileres
La victoria parlamentaria del PP para comenzar a tramitar una proposición de ley que, según fuentes populares, supone "una enmienda de totalidad a la parte central de la política de vivienda del Gobierno" se produjo días antes de que la Cámara Baja vote hoy la convalidación o derogación del real decreto-ley de medidas en el alquiler para responder a las consecuencias económicas de la guerra de Irán aprobado hace un mes por el Consejo de Ministros y que incluye una prórroga automática de dos años para todos los contratos que finalicen este ejercicio, sin posibilidad de subir el precio y siempre que el inquilino lo solicite a su casero; o la limitación de las actualizaciones de la renta al 2%.
A tenor de la postura de Junts, la votación podría mostrar una vez más la debilidad parlamentaria del Ejecutivo de Pedro Sánchez, sobre todo en materia de vivienda. Desde la formación de Carles Puigdemont afirmaron que "no hay nada que negociar" con el Gobierno, y que no votarán a favor de una medida que consideran intervencionista y perjudicial para solucionar la crisis de vivienda.
No obstante, desde el Ejecutivo no cerraban ayer la puerta a un pacto in extremis con la formación independentista. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, aseguró que el acuerdo es "posible" y "viable" siempre que el ala socialista del Gobierno acepte algunas de las condiciones de Junts, como aprobar la exención del IVA para los autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año o acompañar las medidas del real decreto-ley de nuevas bonificaciones fiscales para los propietarios afectados por la prórroga del alquiler. En la misma línea, el portavoz de Sumar y titular de Cultura, Ernest Urtasun, afirmó que "ninguna de esas dos cuestiones, que son las que ha puesto Junts encima de la mesa, deberían ser un obstáculo".
Ello, mientras desde Podemos llaman al Gobierno a "hacer lo que sea necesario" para que las medidas no decaigan, incluso aprobando el mismo real decreto cada mes en el Consejo de Ministros para mantener la prórroga de espaldas al Parlamento en caso de que la Cámara Baja hoy rechace el texto.
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