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Parte de las 62 familias de Manilva, concentrándose delante del Ayuntamiento de la localidad. E.Pérez-Romera. El pleno de Manilva aprueba por unanimidad una moción institucional para frenar el desalojo de 62 viviendas la próxima semanaLas viviendas, situadas en la calle Sarmiento, fueron compradas en 2022 por un fondo inversor sin que los inquilinos, algunos con contrato de alquiler con derecho a compra, fuesen notificados
Manilva
Jueves, 5 de febrero 2026, 14:33 | Actualizado 14:56h.
... la calle Sarmiento nº 2, previsto para los próximos días 10, 11 y 12 de febrero. La iniciativa, consensuada por todos los grupos políticos tras más de dos horas de reunión y debate, será trasladada a la propiedad, al Juzgado y a las distintas administraciones competentes.El acuerdo plenario subraya que «el Ayuntamiento carece de capacidad suficiente para ofrecer alternativas habitacionales por sí solo y apela a la máxima coordinación institucional entre la Junta de Andalucía, el Gobierno central, la Diputación de Málaga y los órganos judiciales para que se valoren las situaciones de vulnerabilidad y se adopten medidas conforme a derecho».
Asimismo, se insta a la mercantil ejecutante a «aceptar una moratoria de los desalojos», para lo cual el alcalde, Mario Jiménez, ha convocado una reunión urgente con la propiedad mañana viernes a las 12.00 horas y en la que habrá también un representante de los vecinos.
Jiménez ha explicado en el pleno que «es hasta donde podemos llegar desde el Ayuntamiento, habiendo también procedido a empadronar a los habitantes que aún no estaban y demás informes necesarios», insistiendo en que se seguirá prestando apoyo a los vecinos afectados.
El Consistorio asegura que ha pedido ayuda a Diputación de Málaga para que los trabajadores sociales del Centro de Servicios Sociales Comunitarios, dependiente de ese organismo provincial, estén presentes los días 10, 11 y 12 de febrero, fecha en la que están previstos los desahucios «y que lo harán si lo pide el Juzgado competente», como así ha confirmado a este periódico fuentes de Diputación Provincial, asegurando que «no es su función estar allí, porque este organismo no tiene competencia alguna en procedimientos judiciales de desahucios».
Desde Diputación Provincial se afirma además que «se han realizado las tareas que son de su competencia, es decir, emisión de los informes de vulnerabilidad social para que el Ayuntamiento pueda gestionar la asignación de soluciones habitacionales a los usuarios afectados y se han atendido todas las peticiones realizadas, a pesar del escaso plazo con el que se ha contado».
Los Servicios Sociales de Diputación «en menos de diez días han procedido a la atención, evaluación y recopilación de la documentación de los 33 usuarios que han solicitado esos informes. De ellos, se han emitido 29 informes de vulnerabilidad social, de los que 28 se han declarado vulnerables y uno no, y los otros cuatro no han aportado la documentación que se les ha requerido», concluyen dichas fuentes provinciales.
Imágenes de la urbanización objeto de desahucio y del pleno celebrado en Manilva. E.Pérez-Romera.Posiciones de los grupos políticos
Por orden de intervención, el portavoz de Vox, Antonio Marín, apeló al artículo 47 de la Constitución, que reconoce el derecho a una vivienda digna, aunque fue muy crítico con la gestión municipal: «Este Ayuntamiento ha mirado para otro lado durante años hasta que el problema ha estallado. No se sabe cuántas personas son realmente vulnerables ni quién se ha lucrado cobrando alquileres. Llegamos tarde, mal y sin herramientas; lo único que se puede hacer ahora es pedir una prórroga a la propiedad», afirmó, calificando la situación como «la herencia de años de incompetencia».
Por su parte, el portavoz del PSOE, Diego José Jiménez, centró su intervención en la especulación inmobiliaria: «El derecho a la vivienda se está viendo atropellado por fondos de inversión, pequeños y grandes, que han visto en la vivienda un negocio. Un solo fondo es dueño no sólo de estas 62 viviendas, sino de varias promociones más en Manilva. Nosotros nos posicionamos siempre del lado de las familias, sean 400 o sea una». El edil socialista criticó que estos fondos «no asumen costes de urbanización ni de mantenimiento, pero sí vienen a recoger beneficios», reclamando que «den la cara y cumplan con sus obligaciones en el municipio».
Desde el Partido Popular, José Manuel Fernández destacó el carácter constructivo de la moción y anunció el voto favorable de su grupo. No obstante, reclamó medidas concretas de gestión: «Manilva no dispone de vivienda pública municipal para atender una emergencia habitacional. Sin presupuesto no hay plan y no habrá viviendas». En este sentido, preguntó «qué cantidad concreta se destinará a vivienda en el presupuesto de 2026 y cuántas viviendas públicas se prevé crear», proponiendo una inversión mínima de 1,5 millones de euros para iniciar una política municipal de vivienda. «Una moratoria puede dar margen, pero si no hay un plan, esto volverá a suceder», advirtió.
El portavoz de Izquierda Unida, Juan Carlos Morejón, quiso evitar la confrontación política: «No es momento de hacer política con una desgracia. Somos una administración débil, sin competencias directas en vivienda, pero queremos ayudaros». Reconoció que «seguramente se pudo hacer mejor en el pasado», aunque defendió que ahora «toda la corporación se ha unido para intentar parar una situación que nadie estaba atendiendo».
Desde Compromiso Manilva, Marcos Ruiz enmarcó el problema en una crisis provincial: «La vivienda es un problema grave en toda Málaga, no solo en Manilva. Ninguna administración ha dado un paso al frente con alternativas reales». Defendió «la necesidad de una moratoria justa mientras se buscan soluciones para las 62 familias», aunque advirtió de que «un millón y medio de euros para invertir en vivienda es una cifra muy elevada para un ayuntamiento sin competencias en esta materia; aquí tienen que involucrarse también la Junta de Andalucía y el Gobierno central».
El alcalde, Mario Jiménez, cerró el debate insistiendo en que el Ayuntamiento actuó «desde el primer momento» en que tuvo conocimiento de la situación y recordó que «ahora lo urgente es parar los desalojos con una moratoria, porque quedan apenas cinco días para que se haga efectiva la orden judicial». Subrayó además que «si el Ayuntamiento tuviera cien viviendas públicas, estarían todas ocupadas», lamentando la falta histórica de inversión pública en vivienda en las últimas décadas.
Familias vulnerables
Actualmente, varias familias han presentado recursos de vulnerabilidad ante la Audiencia Provincial, aún pendientes de respuesta. Desde el Ayuntamiento se recalcó que no se trata de una emergencia humanitaria, sino de una emergencia habitacional y social, cuya resolución dependerá en última instancia de la decisión judicial y de la implicación del resto de administraciones.
El fondo de inversión SPV REOCO 3 SLU, cuya acción única pertenece a la sociedad irlandesa Pirene Issuer Holdings DAC detrás de la cual hay otro fondo empresarial irlandés llamado Mayfair Place Investments Holdings DAC según los registros públicos disponibles, compró en subasta en 2022 varios inmuebles en Manilva, incluyendo dos bloques de viviendas en la calle Sarmiento. Los inmuebles se adquirieron por un precio muy bajo, alrededor de 14.000 € por vivienda según denuncian los vecinos, que no fueron informados de esta compra ni por la empresa a la que pagaban sus alquileres, tampoco la inmobiliaria intermediaria, ni por la empresa REOCO.
Tras la compra, el fondo inició procedimientos judiciales para expulsar a las personas que viven ahí, muchas de ellas sin que exista impago y otras tantas viviendo en ese bloque desde 2015, con contratos de alquiler y suministros de luz y agua a su nombre, algunos de ellos inicialmente con opción a compra.
El caso ha sido denunciado como «pura especulación inmobiliaria por grupos como el Sindicato de Inquilinas y partidos políticos como Adelante Andalucía o Podemos y han pedido a las administraciones competentes que se paralicen los desalojos y se busquen soluciones habitacionales para las familias.
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