- JAVIER AYUSO
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Tanto Aitor Esteban como el lehendakari Pradales tienen motivos para estar preocupados y plantearse un cambio de posición. Su pacto de gobierno con el PSE les puede pasar factura por los casos de corrupción.
Cuando se cumplen ocho años de la moción de censura contra Mariano Rajoy que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa (mayo de 2018) y falta un año para las elecciones autonómicas y municipales (mayo de 2027), el PNV ha lanzado este fin de semana un serio aviso al presidente del Gobierno. "Es irresponsable que Sánchez siga más allá de 2026 con una agenda descontrolada y judicializada", dijo el presidente del Partido Nacionalista Vasco, Aitor Esteban, en un acto en Durango (Vizcaya). Añadió que "todos los escándalos judiciales que están rodeando al gobierno español son absolutamente perjudiciales para la imagen de la política y de la estabilidad gubernamental. Aquí no vale todo. Ya van nueve casos abiertos, ahora Zapatero. Lo que hemos leído en el auto es muy grave y muy preocupante. Esto es muy serio".
No es la primera vez que el nacionalismo vasco de derechas amenaza al Ejecutivo al que lleva apoyando durante ocho años y no está claro si se trata de un aviso serio o de una presión para que les concedan la gestión de la Seguridad Social y se avengan a negociar un nuevo Estatuto para el País Vasco. Pero el final de su intervención no deja lugar a dudas sobre un cambio de posición. "Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin Presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada", concluyó.
Inmediatamente después, los representantes del partido en el Congreso de los Diputados quisieron aclarar que una cosa es criticar la situación y otra apoyar una moción de censura del PP y de Vox para derribar al Gobierno. Ese es el doble juego al que nos tiene acostumbrados el PNV, que votó a favor de Sánchez días después de haber aprobado los Presupuestos de Rajoy. Son oportunistas y saben sacar tajada de la debilidad de los dos partidos mayoritarios. Lo hicieron con Felipe González, con José María Aznar, con José Luis Rodríguez Zapatero, con Mariano Rajoy y con Pedro Sánchez. Y cada vez que firmaban un apoyo hacían caja.
Sin embargo, en esta ocasión, tanto Aitor Esteban como el lehendakari, Imanol Pradales, tienen motivos para estar preocupados y plantearse un cambio de posición. EH Bildu consiguió empatar con ellos en las últimas elecciones autonómicas y las encuestas auguran que los independentistas podrían arrebatarles innumerables alcaldías dentro de un año (lo mismo les sucede en Cataluña a Junts con Alianza Nacional). Su pacto con el PSE para formar gobierno en el País Vasco les puede pasar factura en los próximos meses, a medida que avancen todos los procedimientos judiciales contra exministros, ex secretarios generales del PSOE, familiares del presidente y, sobre todo, contra Zapatero.
Las duras afirmaciones de Esteban se produjeron mientras seguían publicándose documentos relativos a la imputación del expresidente Zapatero. Primero fue la resolución del magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama, luego los dos informes de la UDEF y finalmente el sumario completo de una investigación que lleva realizándose durante año y medio. Y pronto se conocerán todos los detalles obtenidos tras la entrada y registro de su despacho en la calle Ferraz y el de la empresa de sus hijas.
Sin negar la presunción de inocencia a la que se agarran sus amigos, seguidores y periodistas adictos al sanchismo, los datos que se van publicando son demoledores y echan por tierra las declaraciones exculpatorias del expresidente en el Senado y en su intervención grabada y difundida el día de la imputación. Cada dato nuevo mata el relato victimista que intentan mostrar sus compañeros de partido y sus aliados de gobierno. Tanto es así, que sus defensores han dejado de pronunciar la palabra lawfare, para limitarse a poner en valor su legado progresista.
Un legado muy discutible que, además, supone un señalamiento del propio Sánchez. Porque Zapatero ha sido el líder moral del PSOE, consejero político y diplomático del presidente y negociador con los independentistas catalanes y vascos. Su caída va a ser la más dura para los socialistas, dejando los nueve casos abiertos a José Luis Ábalos, Koldo García, Santos Cerdán, Leire Díez o la esposa y el hermano del secretario general, en meras anécdotas frente a la gravedad de la trama de corrupción que sigue investigando la Audiencia Nacional, con la colaboración de UDEF y de la Justicia de varios países.
El resto de los socios y aliados del Gobierno se mantienen a la espera de lo que pueda declarar el imputado el próximo 2 de junio. Algunos han hecho amagos de dejar de apoyar al Ejecutivo, pero siguen sin tener incentivos para ello. Prefieren mantenerles en el poder con una extrema debilidad que les permitirá seguir obteniendo beneficios económicos y políticos, e incluso más salidas de asesinos etarras de prisión. Solo darán el paso si consideran que el riesgo de ponerse de perfil ante un caso tan flagrante de corrupción les puede afectar en las próximas citas electorales.
Tampoco en el PSOE confían mucho en el futuro judicial de Zapatero y en las consecuencias que traerá en las siguientes elecciones. La noticia de su imputación se retrasó unos días para que no afectara a los comicios de Andalucía, en los que los socialistas cayeron por debajo del 23% de los votos, un nuevo mínimo histórico.
Los alcaldes y los presidentes autonómicos del partido, que habían recibido como un mazazo la hecatombe de María Jesús Montero, se muestran ahora en pánico, pensando que Sánchez podría aguantar hasta julio de 2027, dejándoles a los pies de los caballos en las elecciones de mayo. Algo que choca con la frase de "tranquilidad máxima", que repiten en La Moncloa.
En medio de todo ello, Alberto Núñez Feijóo sigue esperando pacientemente cómo se desarrollan los acontecimientos en la Audiencia Nacional y en la sede de los partidos que sostienen a Sánchez. Tiene claro que no debe presentar ahora una moción de censura que aleje del foco mediático este nuevo escándalo de corrupción en el PSOE y ha optado por ordenar una pausa política.
El problema de todo lo que sucede es que la actual agonía política e institucional que sufre España está haciendo mucho daño a un sistema democrático que se sustenta en la confianza en los políticos y las instituciones. Algo que, desgraciadamente, va a peor día a día.
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