El PNV ha puesto de manifiesto las graves dificultades que puede implicar cualquier intento de reformar la Constitución incluso en aspectos bien acotados y de menor trascendencia. Los nacionalistas vascos han aprovechado la propuesta de modificación del artículo 69.3 de la Carta Magna para dotar de un senador propio a la isla de Formentera, que se votará por el Pleno del Congreso la próxima semana, para introducir una batería de enmiendas que, de ser aprobadas, supondrían una modificación profunda del texto de la ley fundamental.
Las enmiendas del PNV no pasarán el corte, pero sirven para demostrar la enorme complicación que supone abrir cualquier resquicio de cambio en el texto constitucional en un Congreso tan fragmentado y enfrentado como el actual.
Los nacionalistas vascos pretenden, al hilo de la propuesta que busca dotar a Formentera de un representante en la Cámara Alta distinto del de Ibiza, introducir en la Carta Magna el reconocimiento del derecho de autodeterminación (mediante una disposición adicional); limitar la inviolabilidad del Rey (art.56.3); quitar a las Fuerzas Armadas su función de garantes de la integridad territorial del Estado (art. 8) y suprimir el artículo 155 que permite la intervención de las autonomías que no cumplan las obligaciones que la Constitución y las leyes impongan o atenten gravemente contra el interés general de España.
El PNV recoge estas propuestas en once enmiendas que son las mismas que ya presentaron en 2024 cuando se sometió a las Cortes -y se aprobó- la modificación del artículo 49 del texto constitucional con el objetivo de sustituir el término "disminuidos" por el de "personas con discapacidad".
En dos de las enmiendas, los nacionalistas plantean "reconocer y garantizar el derecho a decidir" de la ciudadanía vasca aunque condicionándolo a la existencia de un pacto previo con el Estado. Justifican su propuesta como una vía de realización de los "derechos históricos" del pueblo vasco.
Igualmente, proponen que la inviolabilidad del Rey sólo se aplique a sus funciones institucionales y no a su actividad privada. Es esta una propuesta que académicamente ha sido debatida en múltiples ocasiones y que podría llegar a suscitar el acuerdo de varias formaciones políticas pero topa con el obstáculo de requerir un procedimiento agravado de modificación que implica la disolución de Cortes y la celebración de un referéndum.
Por lo que se refiere a la supresión del artículo 155, el PNV considera que para reconducir las derivas autonómicas que atenten contra el interés general bastan los procedimientos ya contemplados en las leyes y en relación con el papel de las Fuerzas Armadas como garantes del ordenamiento constitucional y la integridad territorial del Estado, aducen que se trata de una labor que compete a la Justicia.
Además, en sus enmiendas también incluyen la creación de una Sala Foral del Tribunal Constitucional que entienda y dirima los conflictos que surjan de las leyes del Parlamento Vasco y de las normas forales de las Juntas Generales, así como constituir una Junta Arbitral entre Euskadi y el Estado para los conflictos de competencia entre ambos.