El PP da por superada la prioridad nacional ante el examen final de Juanma Moreno con Vox

La primera vez que el PP asumió la «prioridad nacional» como cesión a Vox, en Extremadura, fue un shock para los populares. La segunda, en Aragón, resultó un trago amargo, pero ya descontado. A la tercera, en Castilla y León, la preocupación ya es mínima y el debate se da por superado. Por dos motivos. El primero, porque en el PP existe la convicción férrea de que el electorado ya ha asimilado que prioridad nacional no significa «los españoles primero», sino un incentivo para quienes acumulen 10 o más años de empadronamiento en el territorio. Sean de la procedencia que sean. El segundo, porque la actualidad política y judicial acumula tal cantidad de escándalos, que la prioridad nacional ya no se hace hueco en las portadas ni en los grandes titulares televisivos.

«Con el caso Leire, el caso Zapatero, la visita del Papa, las elecciones del Real Madrid y el Mundial a la vuelta de la esquina, ¿quién va a hablar ya de esto?», se pregunta un barón del PP. Sobre todo, añade otro presidente regional, cuando «ya se ha visto que todo se va a hacer dentro de la ley» y sin sucumbir al «racismo de otros», subraya. Es decir, no habrá acceso preferente a la vivienda pública o a las ayudas sociales para los españoles por el hecho de serlo, sino para los vecinos que acrediten un arraigo prolongado. No es en absoluto lo mismo.

De manera que ya no se habla de la prioridad nacional en el PP. Como preocupación interna de calado, ya es página pasada. Queda Andalucía, que es donde los populares dependen menos de la formación de Santiago Abascal, pero también es donde su candidato, Juanma Moreno, se ha significado más contra la ultraderecha. Y, por tanto, será donde le cueste más al PP tragarse el sapo discursivo.

Pero en Génova y en las baronías creen que al presidente en funciones de la Junta de Andalucía le quita presión el hecho de que los acuerdos en Extremadura, Aragón y Castilla y León se hayan digerido con normalidad en el electorado popular...y más allá. Hay que recordar que el equipo de Alberto Núñez Feijóo encargó una encuesta sobre la prioridad nacional en la que se demostró que el apoyo a la medida es muy mayoritaria entre los votantes del PP y ronda nada menos que el 40% entre los votantes socialistas. Además, casi un 25% de quienes votaron a Pedro Sánchez secunda, sin medias tintas, que «los inmigrantes irregulares no deberían tener ningún derecho a prestaciones». Uno de cada cuatro. «Nuestra postura gusta a Vox y gusta al PSOE. Tenemos cero deterioro por el centro y a la cuarta parte de los socialistas le gusta el mensaje. Decimos prioridad nacional, pero somos sensibles con el tema», señalaron en Génova.

Es algo que comparte el presidente en funciones de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. El miércoles, tras pactar la gobernabilidad con Carlos Pollán (Vox), que será su vicepresidente, el barón del PP explicó que asume el concepto de prioridad nacional para el reparto de ayudas públicas incluido en su pacto de gobierno con Vox, aunque condicionado a que sea legal y como «criterio inspirador». «No estamos hablando de las personas, estamos hablando del territorio y de la vinculación con nuestra tierra», añadió al día siguiente.

En las filas de Vox, sin embargo, ven claro que la «prioridad nacional» continuará estando muy presente en los próximos meses. «Por supuesto, seguirá el debate», trasladan fuentes de la formación de Santiago Abascal, que alegan que este asunto se mantendrá en el foco tanto por lo que Vox logre allí donde gobierna como porque, consideran, esta idea «es la mayor amenaza al statu quo del bipartidismo».

El «principio de prioridad nacional» impulsado por Vox se ha situado en el foco del debate a raíz de verse recogido en los pactos sellados con los populares en Extremadura, Aragón y Castilla y León, pero es un concepto que el partido ya incluyó en su programa electoral de 2023. «Estableceremos la prioridad nacional en las ayudas sociales y los programas de acceso a la vivienda», rezaba aquel documento, en un compromiso que ya se ve materializado en estas tres comunidades y que Vox pretende también introducir en Andalucía, ahora que tiene la llave para el gobierno de Juanma Moreno.

«Es un concepto político perfecto, muy sencillo de entender», argumentan en Vox sobre la «prioridad nacional», y además creen que conecta «de manera transversal» con una «mayoría absolutísima de españoles». «Es una idea transversal a las ideologías políticas» y «a las medidas políticas», exponen, y defienden que su tesis sobre la necesidad de priorizar a los nacionales «se refuerza a diario por lo que los españoles viven cuando ven el colapso de nuestros servicios y la falta de oportunidades reales para los jóvenes».

«Por eso tiene esa fuerza», reflexionan fuentes de la formación más a la derecha, que opinan así que la cuestión se ha «instalado en las conversaciones diarias» y no perciben que sea un debate agotado. En Vox creen que la «prioridad nacional» es «la base de construcción de la alternativa para lograr un gran cambio en España». «Y eso no lo acaba de digerir el PP, que es mucho más de alternancia», lanzan desde Bambú.

«Colapso»

Mientras tanto, la idea-fuerza de los de Feijóo es soasar al Gobierno en la olla de sus escándalos, sin entrar en la muleta de Vox. Por eso ayer, en un acto junto a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, el portavoz del PP, Borja Sémper, se limitó a colocar el mensaje del fin de ciclo gubernamental y a reclamar elecciones.

Es como si en esta semana no se hubiera cerrado un acuerdo de gobernabilidad con Vox. Nadie le preguntó. «El Gobierno colapsa» sin mayoría y «además está anegado ya por los casos de corrupción», sostuvo Sémper. «Es insoportable asistir a la actualidad política española y es normal que cada vez más españoles renieguen de la política y le den la espalda», añadió.

Para el portavoz donostiarra, ante «la evidencia, acreditada por la UCO, de que Pedro Sánchez era absolutamente conocedor de todo», sólo queda reclamarle al presidente «que pare ya» y les dé «la palabra a los españoles».

«Le pedimos a Sánchez que asuma su realidad y sus circunstancias. Si le ha pillado la Guardia Civil, que disuelva las Cortes y dé la palabra a los españoles», insistió. Entonces, ¿no hay mimbres para una moción de censura? Sémper no la ve, y presiona a los socios: «Todos esos partidos han aceptado la corrupción. Los españoles hablarán» y los juzgarán. «Y optarán por salir de este pozo».