Ángel García Rosique, en un campo de tiro. Imagen dentro de uno de los dispositivos móviles de Koldo García EL ESPAÑOL
Política KOLDOGATE: LOS WHATSAPPS SECRETOS El PP exige al Gobierno que "investigue de oficio" la venta de "armas ilegales" de la 'trama Koldo' al 'marido' de IcetaLos de Feijóo vinculan la "opacidad" de la orden ministerial de Marlaska con la posible clasificación de información clave en la adquisición de dos pistolas, y registran una moción en el Senado para que Interior dé explicaciones.
Más información: Marlaska podrá clasificar como "confidencial" información que según él afecte a "intereses de España" sin llevarlo al Congreso.
Alberto D. Prieto Publicada 4 abril 2026 03:05hLas claves nuevo Generado con IA
El Partido Popular exige al Ministerio del Interior que "investigue de oficio" la presunta venta de "armas ilegales" por parte del Rubén Villalba, comandante de la Guardia Civil implicado en la trama Koldo, a Ángel García Rosique, pareja del exministro Miquel Iceta.
Los populares advierten de que la orden interna que tramita el Ministerio del Interior para convertir en "confidencial" información permite blindar exactamente expedientes como el de este caso.
La norma crea un sistema general que permite clasificar como "confidencial", de "difusión limitada" o información "sensible" dosieres bajo la alegación genérica de proteger "los intereses de España".
El texto da poderes a 11 cargos, todos ellos de extracción política, para blindar durante cinco años, prorrogables hasta 15, informes policiales, expedientes de intervenciones de armamento y actividades de mandos investigados.
Ése es precisamente el tipo de información que nutre la investigación sobre las armas del marido de Iceta, que desveló en exclusiva EL ESPAÑOL, dentro del llamado Koldogate, tras tener acceso al móvil secreto de Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos.
El Gobierno pide al TS a través de la Abogacía del Estado intervenir en el juicio a Ábalos para acusarle de malversaciónAmbos irán a juicio la semana entrante, acusados de varios delitos en la primera parte del caso Mascarillas.
El Partido Popular ya denunció un "evidente conflicto de intereses" por parte del exministro, y hoy embajador de España ante la Unesco, e incluso un posible delito de negociaciones prohibidas y otro de tráfico de armas.
A pesar de que esos chats intervenidos ya obran en los sumarios judiciales, y siguen siendo investigados por la UCO de la Guardia Civil, cualquier informe policial futuro podría toparse con estos obstáculos si la norma entra en vigor.
Y es que las declaraciones sobre el papel del comandante Villalba como proveedor de la trama Koldo o los expedientes sobre la circulación de armas procedentes de incautaciones de la Guardia Civil podrían ser clasificados y entorpecer nuevos avances en la investigación.
La moción del PP
Ésa es la sospecha del PP, tras tener conocimiento de la orden ministerial que ahora mismo está dentro del trámite de audiencia e información pública. Los populares registraron el 18 de marzo de 2026 una moción en el Senado, a la que ha tenido acceso este diario, que vincula directamente la "opacidad" de Interior con el caso de las armas.
El primer punto exige al Gobierno "retirar el proyecto de orden ministerial" de clasificación de información.
El segundo reclama "garantizar el cumplimiento íntegro de la Ley 19/2013 de Transparencia", facilitando el acceso a la información solicitada por ciudadanos, medios de comunicación y representantes públicos sobre la gestión de Interior.
El tercero es el más directo: insta al Gobierno a "investigar de oficio [...] los casos de venta de armas ilegales, como las presuntamente compradas por el marido de Miquel Iceta, según declaraciones de Koldo García, que habría sido el intermediario entre el comprador y Rubén Villalba".
La petición, al amparo del Real Decreto 137/1993 que aprueba el Reglamento de Armas, es especialmente significativa porque exige a Marlaska que investigue hechos vinculados al entorno de un exministro de su propio Gobierno.
Ese Reglamento de Armas prohíbe expresamente la adquisición, tenencia y cesión de armas sin licencia, y tipifica como "infracción grave" la compra entre particulares sin las autorizaciones preceptivas.
Compra de armas en Moncloa
Como informó este periódico, el marido de Iceta, entonces ministro de Cultura, compró una pistola Astra 3000 calibre 9 a través de la trama Koldo. Los intermediarios fueron el propio Koldo García y el comandante Villalba de la Guardia Civil, investigado por haberse beneficiado económicamente de la trama.
Las gestiones quedaron registradas en conversaciones intervenidas por la UCO.
El 'marido' de Iceta compró armas a la 'trama Koldo' y trató de guardarlas en Moncloa cuando vivía allí con el ministroEn abril de 2021, Rosique pidió a Koldo hablar con urgencia sobre armas. Koldo le envió fotos de dos pistolas procedentes de Villalba y Rosique eligió "la blanca". Las armas, según los chats, procedían de intervenciones realizadas por la Guardia Civil en sus operaciones.
En aquel momento, Rosique vivía con Iceta en un piso de 160 metros cuadrados dentro del complejo de la Moncloa.
El piloto intentó instalar allí un armero, pero el Departamento de Seguridad de la Presidencia del Gobierno denegó la solicitud en septiembre de 2023, recordando que en el recinto sólo pueden portar armas los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
11 cargos políticos pueden clasificar
La orden ministerial diluye la capacidad de clasificar información entre el ministro, la Secretaría de Estado, la Subsecretaría, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, la Dirección General de la Policía, la de la Guardia Civil, la de Coordinación y Estudios, el CITCO.
Y además, la Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad, la dirección adjunta de Policía y la de la Guardia Civil.
Son hasta 11 instancias, todas de nombramiento político, que hasta ahora no tenían esa capacidad formalizada. Antes, en Interior, esa función recaía esencialmente en la Secretaría de Estado de Seguridad, en aplicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986.
La información policial y de la Guardia Civil sobre tráfico de armas, intervenciones de armamento y actividades de mandos investigados es exactamente la categoría que la nueva orden define como susceptible de ser clasificada "confidencial" o "sensible de uso interno".
Bajo esa segunda etiqueta, un expediente puede quedar cerrado al exterior durante cinco años, con dos prórrogas posibles de otros cinco años cada una.
Las exigencias anticorrupción
La moción registrada por el PP en el Senado amplía el foco más allá de este caso concreto. También insta al Ejecutivo "implementar de inmediato las recomendaciones del GRECO", el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, en relación con la "mitigación de riesgos de corrupción y conflictos de intereses" en altos cargos del Gobierno.
Y finalmente, exige el "cumplimiento del Código de Buen Gobierno" de la Administración General del Estado, para garantizar "la integridad, la objetividad, la responsabilidad, la credibilidad, la ejemplaridad y la honradez de los altos cargos".
La Guardia Civil incauta 80 armas y desmantela 14 fábricas 3D en Europa, 3 de ellas en EspañaEl PP enmarca estas peticiones en lo que califica como "patrón de opacidad creciente" en el departamento de Marlaska, con "récords de reclamaciones" ante el Consejo de Transparencia por denegación de información sobre gastos, viajes oficiales y contratos.
"Después de los escándalos por la desaparición del expediente policial de un diputado del PSOE, la gestión de Barbate o la destitución de mandos incómodos", señalan fuentes del grupo popular, "ahora lo que pretenden es blindar normativamente el acceso a casi todo lo que pasa en Interior".
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