El Partido Popular exige al Gobierno someter a votación en el pleno del Congreso el acuerdo Unión Europea-Reino Unido en relación con Gibraltar, publicado el pasado 26 de febrero, por entender que el mismo maraca un «hito de primer orden» con implicaciones directas en materias sensibles para España como son la gestión fronteriza y migratoria, los controles y el espacio Schengen, la cooperación policial y aduanera, cuestiones medioambientales, así como aspectos de fiscalidad, competencia portuaria y aeroportuaria, con impacto directo en el entorno del Campo de Gibraltar.
Los populares han registrado una iniciativa para que esta se pronuncie sobre la necesidad de que el Gobierno someta a debate el acuerdo, a efectos de que el mismo sea ratificado por la Cámara.
Aluden en su propuesta a la exigencia recogida en el artículo 94.1 de la Constitución según el cual se requiere la autorización previa de las Cortes Generales para los tratados o acuerdos internacionales que afecten a la integridad territorial, tengan carácter político o militar, incidan en derechos y deberes fundamentales, comporten obligaciones financieras para la Hacienda Pública o requieran medidas legislativas para su ejecución.
El PP afirma, en este sentido, que el acuerdo sobre Gibraltar afecta como mínimo a varios de estos supuestos por lo que su sometimiento a las Cortes Generales es una obligación constitucional a la que el Gobierno debe dar cumplimiento.
En la iniciativa se añade la circunstancia de que las negociaciones del acuerdo se llevaron a vabo «con falta de transparencia y sin el debido escrutinio democrático» puesto que «ni las Cortes Generales ni el primer partido de España fueron infromados de los aspectos sustantivos que finalmente han quedado recogidos en el texto». Y ello, añaden, a pesar de que el Grupo Popular en el Congreso lo solicitó reiteradamente por entender que el acuerdo «afecta a los intereses estratégicos de España».
El texto, además, no se ha publicado en una versión en castellano pese a la relevancia del mismo para España y para los ciudadanos directamente afectados, algo que, en opinión de los populares, «limita el adecuado conocimiento y escrutinio público de su contenido».
El PP recuerda que Gibraltar es una colonia que, desde 1960, figura en el listado de las Naciones Unidas de «territorios no autónomos pendientes de descolonización» y, por tanto, «constiruye una anomalía jurídica y política en la Europa del siglo XXI». Senalan también que la cesión de Gibraltar al Reino Unido por parte de España, recogida en el Tratado de Utrecht de 1713, se circunscribe sólo «a la ciudad y castillo», con su puerto, defensas y fortaleza, pero no al istmo y las aguas circundantes, pese a que, de facto, el Reino Unido las ocupa actualmente.
En 2016, el Reino Unido decidió salir de la UE, un proceso que finalizó en 2020. Ello situó a España en una posición negociadora favorable en relación con el acuerdo puesto que la retirada británica alteraba el contexto aplicable al Peñón. Finalmente el acuerdo, cuya aplicación está prevista para el próximo 15 de julio, no modifica la soberanía británica de Gibraltar pero sí elimina la verja y los controles fronterizos; integra el Peñón en el espacio Schengen, con controles de entrada y salida gestionados por España en el puerto y aeropuerto; establece para la colonia un impuesto equivalente al IVA que empezará siendo del 15% y equipara las normativas medioambientales y de comercio con las existentes en la UE.