La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, este lunes en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Europa Press
Política El PP lleva al Congreso la "deslealtad institucional" de la campaña oficial que culpa a las CCAA del colapso de la viviendaEL ESPAÑOL informó de las dudas jurídicas que presenta esta publicidad y de la negativa de Vivienda a informar sobre su coste.
Más información: El Gobierno cruza otra línea roja al usar publicidad institucional para culpar al PP del colapso en vivienda: "Depende de tu CCAA"
José Andrés Gómez Publicada 16 junio 2026 02:40h Las clavesLas claves Generado con IA
El Partido Popular ha decidido llevar al Congreso de los Diputados la última campaña de publicidad institucional lanzada por el Ministerio de Vivienda, dirigido por Isabel Rodríguez, para promocionar la ley homónima, aprobada en mayo de 2023.
La ofensiva parlamentaria se produce después de que EL ESPAÑOL informara este lunes de las dudas jurídicas que suscita la nueva estrategia de marketing del Gobierno, que culpa a las comunidades autónomas, gobernadas en su mayoría por el PP, del colapso en la vivienda por la no aplicación de la norma.
La campaña, realizada con dinero público y con presencia en televisión, radio, prensa y publicidad exterior, incluye mensajes como "Aplicar la Ley de Vivienda depende de tu comunidad autónoma".
El controvertido eslogan forma parte de una campaña institucional más amplia —#UnaLeyParaVivir: vivienda para vivir, no para especular— y, según fuentes jurídicas consultadas por este medio, es legalmente cuestionable desde dos frentes: por posible publicidad engañosa por omisión y por finalidad propagandística.
En el escrito registrado en la Cámara Baja, el PP incide en que la estrategia debe analizarse a la luz de la Ley 29/2005 de Publicidad y Comunicación Institucional.
El Congreso tumba el decreto de vivienda en un debate que muestra la fractura entre todos los socios de SánchezEn concreto, recuerda que dicha norma establece que las campañas institucionales sólo pueden desarrollarse "cuando concurran razones de interés público" y que deben ajustarse "a principios como el interés general, la lealtad institucional, la veracidad, transparencia, eficacia, responsabilidad, eficiencia y austeridad en el gasto".
Además, apunta que el artículo 4 de la citada ley dispone que "no se podrán promover o contratar campañas institucionales de publicidad y de comunicación que tengan como finalidad destacar logros de gestión".
Tampoco serán legales aquellas que "manifiestamente menoscaben, obstaculicen o perturben las políticas públicas de cualquier actuación legítimamente realizada por otro poder público en el ejercicio de sus competencias".
EL ESPAÑOL denuncia ante la ONU al Gobierno por retirar publicidad institucional para "castigarle por su línea editorial"En la batería de cuestiones registradas, el Grupo Popular pregunta al Ejecutivo en qué plataformas y medios se ha difundido la campaña, cuál ha sido su "coste concreto" y cuánto dinero se ha destinado a cada soporte.
El PP también solicita conocer si el Ministerio de Vivienda dispone de informes técnicos, económicos o de oportunidad que justifiquen la necesidad de poner en marcha esta iniciativa.
Además, pide al Gobierno que explique cómo considera que la campaña no vulnera las prohibiciones recogidas en el artículo 4 de la Ley 29/2005, especialmente las relativas a la utilización de recursos públicos para defender la actuación del Ejecutivo o destacar su gestión.
La iniciativa supone el primer movimiento formal de la oposición tras la difusión de la campaña y obligará al Gobierno a ofrecer una respuesta oficial por escrito.
A preguntas de EL ESPAÑOL, fuentes del Ministerio de Vivienda no han querido informar de la inversión destinada a esta polémica campaña ni qué medios han elegido para divulgarla, remitiendo a la Plataforma de Contratación del Estado y al Plan de Publicidad Institucional.
Desde el Ministerio de Vivienda sostienen que la campaña "no miente", que "el ánimo no es confrontar, sino señalar que esto [la salida de la crisis de la vivienda] depende de todos" y que se trata de una iniciativa de "divulgación sobre una norma estatal".
Así, desde el departamento de Isabel Rodríguez, que este mismo lunes sufría un escrache por parte del Sindicato de Inquilinas, también apuntan que la exclusión de EL ESPAÑOL de esta campaña, tal y como vienen haciendo todos los ministerios en los últimos tiempos, podría haber sido fruto de un descuido y que este medio será tenido en cuenta de cara a la siguiente oleada.
El Gobierno prevé gastar 155.601.788 euros en campañas institucionales, según puede leerse en el Plan 2026 de Publicidad y Comunicación Institucional. De esa cantidad, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana tiene asignados, en concreto, 5.516.819 euros, lo que supone el 3,55% del presupuesto total.