Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Agencias
Política LA IMPUTACIÓN DE ZAPATERO El PP pide imputar en 'Plus Ultra' a las hijas de Zapatero, Ábalos y Koldo por "blanqueo y organización criminal"Según el escrito al que ha accedido EL ESPAÑOL, las acusaciones populares ven también cohecho, tráfico de influencias y falsedad en documento, apoyándose en ingresos, chats y autos que describen una "trama jerarquizada".
Más información:Un juez cita como investigado al expresidente de la SEPI Bartolomé Lora por el rescate de Air Europa.
Alberto D. Prieto Publicada 8 junio 2026 13:34h Actualizada 8 junio 2026 14:00h Las clavesLas claves Generado con IA
El Partido Popular ha pedido al juez de la Audiencia Nacional que impute a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García por delitos de blanqueo, tráfico de influencias, cohecho y organización criminal en el caso Plus Ultra.
La petición se formula en un escrito de la Acusación Popular Unificada, que lidera el PP y armoniza todas las solicitudes previas de las acusaciones populares y pide, además, fianzas millonarias y nuevas diligencias sobre el rescate de la aerolínea.
"A la vista de las informaciones conocidas estas semanas", ha explicado Borja Sémper, portavoz del partido, "todas las acusaciones particulares hemos llegado a esa conclusión". Según los populares, "hay que conocer toda la verdad y que quien haya podido cometer un delito dé cuenta ante la Justicia".
La acusación sitúa a Laura y Alba Rodríguez Espinosa como administradoras solidarias y socias de Whathefav, SL, una mercantil calificada en un auto judicial como "elemento finalista del entramado" y "centro de redistribución de flujos económicos" de la red.
El escrito destaca que "han percibido, en sus cuentas personales —respecto de las cuales el investigado figura como autorizado—, las cantidades de 247.191,00 euros y 199.904,00 euros, respectivamente".
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, junto al entonces ministro José Luis Ábalos, en 2020. EP
El PP recuerda que el propio Zapatero "reconoció expresamente" en su comparecencia del 2 de marzo de 2026 en el Senado que la incorporación de sus hijas al circuito de Análisis Relevante a través de Whathefav "fue parte del acuerdo" con Julio Martínez Martínez, también investigado.
Con estos indicios, sostiene que los hechos son presuntamente constitutivos de blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil y participación en organización criminal, al encajar la operativa en los artículos 301, 392 y 570 bis del Código Penal.
Ábalos y Koldo
En el caso de José Luis Ábalos, exministro de Transportes, el escrito recuerda que el auto de 18 de mayo de 2026 lo identifica como "destinatario directo y sujeto principal de la denominada 'vía Ábalos' de ejercicio de influencias, paralela a la 'vía Zapatero'".
Las comunicaciones intervenidas reflejan que la cúpula de Plus Ultra organizó "desde el 23 de marzo de 2020, una estrategia específica para alcanzar al referido compareciente" con mensajes como "Necesitamos llegar a Ábalos" y "a su mano derecha".
Según la acusación, su entonces asesor, Koldo García Izaguirre, operó "como pieza fundamental de la 'vía Ábalos'", canalizando las gestiones ante el Ministerio de Transportes y "comunicando, en tiempo real, las actuaciones del investigado D. José Luis Rodríguez Zapatero".
Se cita, entre otras, la comunicación del 7 de septiembre de 2020: "Está Zapatero reunido ahora mismo con el ministro de Inclusión y Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo".
A partir de estos elementos, el escrito pide imputar a Ábalos por tráfico de influencias pasivo, cohecho pasivo y, eventualmente, organización criminal, al considerar que su intervención encaja en los artículos 428, 419 y 570 bis del Código Penal.
Para Koldo, reclama investigarle por tráfico de influencias, cohecho y pertenencia a organización criminal, al subsumir su conducta en los artículos 428 a 430, 419 y siguientes y 570 bis del Código Penal.
Otros cargos y diligencias
La petición se extiende también a otros cargos y empresarios vinculados al rescate de Plus Ultra.
Entre ellos figura el directivo de SEPI José Ángel Partearroyo, cuyas comunicaciones "Todo ok ya aprobado condicionado a vuestro ok a los contratos y al consejo de ministros […] Nada de prensa hasta el consejo de ministros por favor", de 2 de marzo de 2021, se aportan como indicio de revelación de secretos, prevaricación y cooperación necesaria en tráfico de influencias.
Cinco empresas chavistas vinculadas a Delcy ingresaban dinero en una de las sociedades que pagó al 'Grupo Zapatero'El escrito reclama, además, una batería de diligencias documentales, periciales y testificales.
Pide un tercer requerimiento a SEPI por la "incompletitud documental, inconsistencias en la información aportada y ausencia de trazabilidad en elementos clave del expediente" y exige reconstruir íntegramente el circuito de decisión y control del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE).
La acusación subraya que, conforme al marco jurídico del fondo de rescate y a las obligaciones asumidas ante la Comisión Europea, la inexistencia o incompletitud de documentación esencial resulta "prima facie, incompatible con el sistema de control y seguimiento legalmente previsto".
Por eso reclama informes internos, registros contables específicos, actas completas, correos electrónicos y protocolos de conservación documental para verificar si se cumplió el régimen de control reforzado sobre los 53 millones concedidos a Plus Ultra.
Viajes de ZP desde 2017
En el terreno internacional, el escrito solicita oficios a la Policía Nacional para recabar todos los viajes de Zapatero y sus hijas desde 2017, con especial detalle de los desplazamientos a Venezuela.
También pide registros de visitas en Moncloa y Transportes, informes de la Embajada en Caracas y una comisión rogatoria a Venezuela para esclarecer la estructura y el origen del capital de Snip Aviation y otras sociedades venezolanas accionistas de Plus Ultra.
La base penal y económica de la acusación se completa con un amplio apartado sobre responsabilidad civil.
La investigación "parte, precisamente, de la eventual utilización del rescate público de Plus Ultra Líneas Aéreas, S.A., aprobado en marzo de 2021 por importe de 53 millones de euros" en un contexto donde se indaga tráfico de influencias, blanqueo, apropiación indebida y organización criminal.
Las empresas ponen en pausa proyectos vinculados a la SEPI y al Gobierno tras la oleada de casos de corrupciónY el auto, recuerda el escrito, sitúa a Zapatero "en la cúspide de una estructura organizada de tráfico de influencias".
La Acusación Popular Unificada defiende que el daño indemnizable debe extenderse "al total del desembolso público" si se prueba que la decisión de conceder la ayuda estuvo "causalmente determinada por el ejercicio ilícito de influencias" y por una operativa carente de título material legítimo.
Por ello, solicita acordar una fianza por el importe de la deuda impagada por Plus Ultra, requiriendo a SEPI el estado del reembolso, y, en caso de impago, el embargo de bienes de los investigados para asegurar la responsabilidad civil ex delicto.
- Audiencia Nacional
- Partido Popular (PP)
- José Luis Rodríguez-Zapatero
- SEPI Sociedad Estatal Participaciones Industriales
- José Luis Ábalos
- Plus Ultra Líneas Aéreas
- Koldo García Izaguirre
- José Luis Calama (Audiencia Nacional)