Cuca Gamarra, secretaria general, junto a Alberto Núñez Feijóo, en el último Comité de Dirección previo al congreso nacional del PP. Diego Puerta
Política El PP prepara una nueva ley del indulto que exija los dos tercios del Congreso para poder beneficiar a un políticoPrevé sustituir la ley de 1870 y "prohibir" perdonar corrupción, terrorismo, ataques a la integridad nacional y constitucional, y delitos contra menores.
Más información:Sánchez indulta a la líder separatista Laura Borràs y a otros dos condenados por corrupción vinculados al PSOE.
Alberto D. Prieto Publicada 30 julio 2026 02:40h Las clavesLas claves Generado con IA
El Partido Popular está preparando una nueva ley del indulto para la próxima legislatura. Si Alberto Núñez Feijóo llega a la Moncloa, el Gobierno no podrá conceder la gracia a "personas que ocupen o hayan ocupado responsabilidades políticas" sin el aval reforzado de dos tercios del Congreso de los Diputados.
El PP quiere que la obsoleta ley de 1870, que hoy regula la concesión de indultos, sea sustituida por una norma que acote su uso y lo saque del terreno del "privilegio político".
La futura regulación no sólo endurecerá los requisitos. También distinguirá entre ciudadanos y responsables públicos, exigiendo una tramitación reforzada cuando el beneficiario sea un cargo político y una mayoría cualificada para que el perdón salga adelante.
Además, la gracia del perdón estará "prohibida" para delitos de corrupción, terrorismo, ataques a la integridad nacional y constitucional y delitos contra menores.
Ese cambio se insertaba ya en el Plan de Calidad Institucional que el PP presentó en enero de 2023. Y Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional, trabaja desde hace un año en su actualización, con la "oleada de corrupción" del PSOE como catalizador.
El PP responde en las Cortes a la Ley de Integridad 'sanchista' con 15 medidas contra la corrupción "económica, política y moral"El propio Feijóo elevó esa agenda a compromiso la semana pasada, en su balance de cierre de curso político.
El líder popular prometió una "reconstrucción institucional" que impida que "nadie pueda volver a corromper el corazón del Estado" y, entre "el centenar" de normas que derogará o reformará, se encuentra la del indulto, según ha confirmado este periódico.
También la ponencia política que aprobó el PP en su último congreso nacional, en julio de 2025, fijaba este nuevo marco jurídico que quieren llevar al BOE: "El indulto no volverá a ser un privilegio político", establece el texto, que aboga por criterios "claros y objetivos" y por garantizar "la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley".
Sánchez 2014-2026
El mismo Pedro Sánchez que indultaba este martes, con nocturnidad veraniega, a la líder separatista catalana Laura Borràs, y a los socialistas Natalio Grueso y Juan Fernández, llegó a la Secretaría General del PSOE, en 2014, prometiendo algo muy parecido, y llevó ese compromiso en su programa para las elecciones generales de 2015.
Sin embargo, aquella línea desapareció de los sucesivos programas electorales del PSOE en 2016, 2019 y 2023. La prioridad pasó a ser la negociación con los partidos nacionalistas, y el endurecimiento de la respuesta legal frente a la corrupción quedó relegado.
El anuncio llega en plena polémica por esos tres indultos parciales aprobados por el Gobierno, que no se anunciaron ni en la referencia oficial del Consejo de Ministros.
La medida de gracia benefició a la expresidenta del Parlament de Cataluña, condenada a cuatro años y medio de prisión por trocear contratos a dedo a favor de un amigo en la Institució de les Lletres Catalanes. Se reduce su pena a dos años de cárcel, mantiene la inhabilitación y la multa, pero evita su ingreso en la cárcel.
También alivió la situación de Grueso, exdirector de la Fundación Niemeyer, condenado a ocho años por malversación, falsedad y delito societario, alegando "razones humanitarias", pese a la oposición de la Audiencia de Asturias y de la Fiscalía.
Lo que decía Sánchez en 2014 sobre indultos políticos como el de Borrás: "Hay que acabar con ellos. Siento vergüenza"Fernández, exalcalde socialista de Linares, fue sentenciado también por malversación, al haberse apropiado de un sobresueldo mensual de 1.700 euros con cargo al grupo municipal del PSOE durante seis años, y que también se encontró con el rechazo de la Fiscalía.
"Bolaños no contestó"
Para el PP, estos tres casos confirman el diagnóstico que sostienen en las Cortes. Gamarra resume así la posición de su partido: “Cuando, en la última sesión de control, el 24 de junio, le pregunté al ministro Félix Bolaños si se comprometía a no indultar a ninguno de sus condenados de la oleada de casos de corrupción del PSOE y del Gobierno, nunca me contestó".
La dirigente popular, con sarcasmo, dice entender hoy por qué. "Para el sanchismo no hay rehabilitación posible: el mismo día que aprueban una ley de Integridad Pública para tapar que ya van por 123 imputados, indultan a 3 condenados por corrupción. Las urnas no los indultarán".
Pero la propuesta del PP va más allá del caso Borràs o de los líderes del procés. Los populares enlazan estos indultos con una secuencia más amplia de decisiones del Ejecutivo.
Estar con la Justicia es no indultar la corrupción.
— Cuca Gamarra (@cucagamarra) June 24, 2026
Que el Gobierno se comprometa a no indultar a ningún dirigente socialista condenado, a ningún familiar de Sánchez, a ningún Ábalos ni a ningún ex fiscal general del Estado.
Eso sí es respetar las sentencias judiciales. pic.twitter.com/b3lBcNSvpi
"Ya indultaron a condenados por el Tribunal Supremo, y luego los amnistiaron", recuerdan estas fuentes. "Eliminaron el delito de sedición, redujeron las penas a la malversación, y han erosionado los contrapesos al poder politizando los órganos constitucionales".
La reforma del indulto es, para Feijóo, parte esencial de esa "limpieza a fondo" del Estado. Su compromiso pasa por destapar "la verdad", depurar responsabilidades y "legislar para que no pueda volver a repetirse" este ciclo de escándalos.
El PP entiende que el indulto debe dejar de ser un recurso discrecional del Gobierno y convertirse en una institución sometida a controles parlamentarios reforzados y "fuera del alcance de la corrupción política".