En su última entrevista con EL MUNDO, el 15 de febrero, Alberto Núñez Feijóo aseguró que, si llega a La Moncloa, "en los 100 primeros días de Gobierno", va a aprobar un Plan Nacional del Agua. "Ya lo tenemos redactado". ¿Y por qué no lo presenta ya? "Pues por razones obvias, porque en España hablar hoy de propuestas es imposible", entre tanto escándalo, contestó.
Aun así, el PP cree que es el momento de hablar del mantenimiento de las presas y de prevenir el deterioro de las infraestructuras antes de que sea demasiado tarde. España es el país de la Unión Europea con más presas, casi 2.500, de las cuales, alrededor de 1.300 son de gran tamaño.
Y la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha alertado de que el 76% de las 375 presas de titularidad estatal dependientes de las confederaciones hidrográficas carece de planes de emergencia implantados. Tres de cada cuatro.
Por ello, la dirección nacional del principal partido de la oposición ha anunciado este domingo "un plan de emergencia completo para garantizar la seguridad y la explotación responsable y efectiva de las presas españolas", mediante el cual prevé movilizar 100.000 millones de euros en nueve años para las políticas hidráulicas.
"Ante las alarmantes informaciones sobre su conservación y mantenimiento y la falta de planes de emergencia", el PP propone una auditoría técnica "exhaustiva" de todas las presas estatales, que comience por las más antiguas o donde se hayan descubierto deficiencias estructurales, "con el objetivo de priorizar las inversiones según el riesgo que presente la infraestructura".
El plan contempla una inversión de entre 400 y 500 millones de euros vinculados a un programa presupuestario específico para esta actuación, un programa extraordinario de 4.000 millones de euros -que incluye las actuaciones en los barrancos- para las cuencas mediterráneas.
"España arrastra un déficit en sus infraestructuras hídricas, lo que pone de manifiesto que, con las políticas actuales, la seguridad de los españoles no está garantizada", asegura el informe elaborado por la vicesecretaría de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, que capitanea Alberto Nadal. Y que calcula que "solo las inundaciones provocan en España una media de 800 millones de euros anuales en daños".
Nadal mantendrá este lunes una reunión con las principales asociaciones de ingenieros y asociaciones vinculadas con las presas españolas para presentarles el plan y "conocer de primera mano su opinión sobre el estado del parque".
El ex secretario de Estado en el Gobierno de Rajoy ha asegurado en sus redes sociales que este tema certifica que "España no funciona". "Del caos ferroviario y el accidente de Adamuz, a la falta de conservación de las carreteras o el peor apagón de nuestra historia. Se necesitan medidas urgentes", ha añadido, antes de resumir en 10 puntos su plan "para el preocupante estado de las presas españolas".
El primero, la ya citada auditoría técnica de los embalses. El segundo, el Pacto Nacional del Agua del que hablaba Feijóo. El tercero, "movilización de 100.000 millones de euros con horizonte 2035 para el conjunto de políticas de agua, incluyendo políticas de adaptación con infraestructuras hídricas críticas, como 5.000 millones para modernizar presas, 3.500 millones en defensas estructurales y alrededor de 1.500 millones en restauración fluvial e infraestructuras verdes".
El cuarto punto del plan es la puesta en marcha de un programa presupuestario de mantenimiento de presas adscrito a los Presupuestos Generales del Estado. El quinto, el programa extraordinario de 4.000 millones para las cuencas mediterráneas, además de actuaciones en barrancos y áreas endorreicas valoradas en unos 400 millones
El sexto punto del plan es contratar a más personal en los servicios de explotación de las Confederaciones Hidrográficas, con "atención continua 24/7 en infraestructuras críticas". El séptimo, la modernización "integral" de sistemas. El octavo, la movilización de fondos europeos orientados a infraestructuras críticas y adaptación climática.
La novena idea del plan es crear una Autoridad Nacional del Agua con un Consejo Nacional de Seguridad de Presas adscrito que se encargue de la supervisión técnica independiente y de la evaluación estructural periódica.
Por último, el PP propone reformar el artículo 14 de la Ley de Aguas, para priorizar la seguridad de las personas y la protección frente a inundaciones en la gestión hídrica de España e incorporar "la protección de la vida humana como principio rector de la política del agua".