El presidente de Aragón, Jorge Azcón, este miércoles en Zaragoza tras pactar con Vox. A su izquierda, Alejandro Nolasco, futuro vicepresidente. E.P.
Política El PP refuta a Vox: extranjeros con arraigo tendrán el mismo derecho que los españoles al aplicar la "prioridad nacional"Hasta que no se reforme la Ley de Extranjería, la "prioridad nacional" seguirá siendo simbólica, y este miércoles PP y Vox ni siquiera lograron acordarla en el Congreso.
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Íñigo Zulet Publicada 23 abril 2026 02:45h Las clavesLas claves Generado con IA
"Prioridad nacional" sugiere que a partir de ahora los españoles irán primero. Pero eso no es lo que dicen los pactos firmados ni, sobre todo, lo que permite la ley.
Lo que PP y Vox han acordado en Extremadura y Aragón —sus dos nuevos gobiernos de coalición— se traduce, en la práctica, en algo más acotado: que quienes lleven más tiempo empadronados en el territorio tendrán preferencia en el acceso a determinadas ayudas y vivienda pública.
Dicho de otro modo: no sería "españoles primero", sino "vecinos primero".
Y eso significa que un ciudadano extranjero con residencia legal y años de empadronamiento podría tener preferencia frente a un español recién llegado a esa comunidad autónoma que no acredite vínculos con el territorio.
El propio Alberto Núñez Feijóo y distintos dirigentes del PP han insistido en esa idea estos días: ese principio de prioridad nacional "sólo cabe aplicarse dentro de la legalidad vigente" y "se basa en el arraigo".
El PP y Vox interpretan de manera opuesta el concepto de "prioridad nacional" pactado en Extremadura para tener ayudasEn otras palabras, aunque el PP compra el marco que el partido de Santiago Abascal ha instalado en el debate público, y que electoralmente puede resultar rentable, lo limita siempre a lo que establece la ley.
¿Y qué dice la ley? La Ley Orgánica de Extranjería (LO 4/2000), que tiene un rango superior a cualquier norma autonómica, establece en su artículo 14 que los extranjeros residentes tienen derecho a las prestaciones sociales "en las mismas condiciones que los españoles".
Más aún: el mismo artículo añade que los extranjeros, "cualquiera que sea su situación administrativa", tienen derecho a las prestaciones sociales básicas.
¿Y qué dicen los pactos? Ambos acuerdos —el de Extremadura, firmado el pasado jueves 16 de abril, y el de Aragón, cerrado este mismo miércoles— incluyen un capítulo de "prioridad nacional" con una redacción prácticamente calcada.
La fórmula que se usa en los dos documentos es la siguiente: el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas "se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio".
Ninguno de esos textos habla de nacionalidad española como requisito, porque es una garantía que ninguna norma autonómica puede contravenir.
Y precisamente porque conocen ese límite, y porque ni Jorge Azcón en Aragón ni María Guardiola en Extremadura tienen competencia para modificar una ley orgánica, PP y Vox han incluido en ambos acuerdos una cláusula en la que "instan" al Gobierno central a cambiar la ley.
Y cambiar una ley orgánica, como lo es la LO 4/2000, requiere una mayoría absoluta en el Parlamento.
Este mismo miércoles, sin embargo, ni siquiera PP y Vox se pusieron de acuerdo sobre la prioridad nacional en el Congreso. Vox llevó al pleno una moción para consagrar ese principio en toda España.
El texto de Vox iba mucho más allá de lo pactado en los gobiernos autonómicos, porque incluía, entre otros puntos, la repatriación de todos los extranjeros en situación irregular o la "remigración" de quienes "no contribuyen a la economía nacional".
También reclamaba limitar la atención sanitaria de los irregulares a los casos de "urgencia vital", reservar las pensiones no contributivas en exclusiva para los españoles y endurecer o suprimir la asistencia jurídica gratuita en los procedimientos de expulsión.
El PP respondió con una enmienda para intentar suprimir todos esos elementos y recoger en el texto estrictamente lo que dicenlos pactos autonómicos. No hubo acuerdo y solo los 33 diputados de Vox votaron a favor de su moción.
En Bambú, la sede nacional del partido, desvinculan el texto presentado en la Cámara Baja del que han acordado en Extremadura y Aragón.
Fuentes de Vox explican que la moción de este miércoles reflejaba una posición de máximos, mientras que los textos para las investiduras de Guardiola y Azcón son "fruto de un acuerdo y una negociación" entre dos partidos, con cesiones en función del peso en las urnas de cada uno.
Valencia: papel mojado
En la Comunidad Valenciana, donde el PP también depende de Vox, ya conocen la "prioridad nacional".
Se puso en marcha hace un año, cuando los dos partidos aprobaron una enmienda a la ley de acompañamiento de los Presupuestos para introducir la nacionalidad española como requisito para determinadas ayudas sociales. Era, sobre el papel, la primera victoria del "los españoles, primero" en una comunidad autónoma.
Los de Abascal lo anunciaron a bombo y platillo en X y en Instagram, presentándolo como un éxito.
El problema es que los efectos reales de aquella cacareada victoria eran muy limitados, por no decir directamente nulos. Y se puede comprobar un año después.
El fracaso de Vox con su ley de "los españoles, primero": la aprobó hace un año en Valencia para ayudas y es papel mojadoYa desde el primer momento, el propio PP trató de matizar el alcance de la enmienda. La portavoz popular en Les Corts, Laura Chulià, dijo que las ayudas sociales "se iban a seguir dando sin tener en cuenta la nacionalidad".
La explicación está en la jerarquía de las normas, porque la Ley de Extranjería está por encima.
Incluso el Consell Jurídic Consultiu, un organismo que asesora jurídicamente a la Generalitat, confirmó esa interpretación pocos meses después.
En un dictamen de agosto de 2025 recordó que las Administraciones pueden conceder ayudas sociales a extranjeros, incluso sin NIE si están empadronados.
Y hay más pruebas. La más evidente está en la Renta Valenciana de Inclusión. Un año después de esa reforma de Vox, sigue admitiendo beneficiarios extranjeros. Sus requisitos son el empadronamiento y determinados límites de renta, pero no la nacionalidad española.
Pero la señal más reveladora de que aquella reforma no había servido de mucho llegó en noviembre de 2025, cuando Vox volvió a registrar nuevas enmiendas para endurecer el acceso de la población migrante a las ayudas sociales en la Comunidad Valenciana.
Entre otras medidas, propuso condicionar las ayudas a programas obligatorios de integración y a exigencias como aprender el idioma o participar en actividades "acordes con las costumbres del país".
Ese paso resulta clarificador, porque si la llamada "prioridad nacional" aprobada meses atrás hubiera tenido verdaderos efectos, estas nuevas restricciones carecerían de sentido.
"Mucho marketing pero ningún cambio", resume un exdirigente de Vox en conversación con este periódico. "En la Comunidad Valenciana no hubo prioridad nacional a pesar de lo anunciado. Spoiler: en Extremadura tampoco va a haber".
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