Una pancarta de homenaje a la dirigente de ETA 'Anboto' en la balconada del Ayuntamiento de Escoriaza (Guipúzcoa), recientemente excarcelada. EP
Política SENADO El PP registra una ley para que los homenajes a terroristas de ETA se castiguen igual que la apología del franquismoLa nueva 'ley Feijóo' copia el modelo sancionador de la de Memoria Democrática y lo aplica a los 'ongi etorri', con multas de hasta 150.000 euros y castigos a cargos públicos.
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Alberto D. Prieto Publicada 3 abril 2026 10:56h Actualizada 3 abril 2026 10:59hLas claves nuevo Generado con IA
El Grupo Popular ha registrado en el Senado una reforma de la Ley de Víctimas del Terrorismo para castigar los homenajes a etarras con el mismo régimen sancionador que hoy se aplica a la apología del franquismo.
La nueva "ley Feijóo", como la han bautizado las fuentes del PP, fija multas de hasta 150.000 euros para quienes organicen o amparen los llamados ongi etorri a condenados por terrorismo. Así ocurrió hace unos meses con la etarra Anboto, recién excarcelada, en Escoriaza (Guipúzcoa).
La iniciativa añade un nuevo Título Octavo a la Ley 29/2011 con el objetivo de perseguir administrativamente los actos de exaltación del terrorismo y de humillación a las víctimas que no llegan al umbral del Código Penal.
Según el PP, a pesar de no llegar a constituir delito, estas acciones son "intolerables en democracia".
El texto registrado, al que ha tenido acceso este periódico, establece que "serán sancionables los homenajes, los recibimientos públicos, la exhibición de símbolos o mensajes que ensalcen a terroristas y la humillación de las víctimas o sus familiares".
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¿Franquismo sí, ETA no?
La estructura de la proposición calca, en lo esencial, el esquema de la Ley de Memoria Democrática que se aplica a la exaltación del franquismo.
Se establecen tres tipos de infracciones: leves, graves y muy graves. El catálogo de sanciones económicas es creciente y se prevé un sistema de sanciones accesorias que va desde la pérdida de subvenciones hasta la inhabilitación para cargo público.
Las multas van de 200 a 2.000 euros para las infracciones leves, de 2.001 a 10.000 para las graves y de 10.001 a 150.000 para las muy graves.
Estas últimas incluyen actos en lugares oficiales o masivos, la exaltación explícita de organizaciones terroristas, la participación de cargos públicos o la reiteración de infracciones graves.
Y esa cantidad es exactamente el mismo techo de 150.000 euros que ya prevé la ley de memoria para los actos de exaltación franquista.
Mecanismo de garantía
El PP introduce además una cláusula de garantías para blindar la norma frente a recursos.
La aplicación del régimen sancionador deberá respetar la libertad de expresión y de reunión, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
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La exposición de motivos subraya que "persisten" en espacios públicos los homenajes a etarras y los mensajes de menosprecio a las víctimas.
El texto recuerda que el artículo 61 de la Ley de Víctimas ya prohíbe monumentos o distinciones de exaltación, pero denuncia que faltan instrumentos para responder con rapidez a los actos que no son perseguibles penalmente.
La proposición insiste en que estas conductas, incluso sin relevancia penal, "lesionan la memoria colectiva y la dignidad de quienes padecieron la violencia terrorista".
Y sostiene que "afectan gravemente a la convivencia democrática" en el País Vasco y en el conjunto de España. El PP reivindica así a las víctimas como "elemento esencial" de la memoria democrática.
Pacto PSOE-Bildu
La portavoz popular en el Senado, Alicia García, presenta la iniciativa como una respuesta directa a los últimos ‘ongi etorri’ a etarras sanguinarios que han salido de prisión.
Acusa a Pedro Sánchez de "cruzarse de brazos mientras los etarras son homenajeados en las calles y las víctimas sufren con dolor". Y le reprocha haber pactado con EH Bildu el acercamiento y la excarcelación de presos de ETA.
García enmarca esta "ley Feijóo" también en el contexto vasco. Recuerda que la consejera de Justicia del Gobierno autonómico, del PSOE, está facilitando la salida de terroristas muy conocidos mediante decisiones administrativas, aplicando el artículo 100.2 del régimen penitenciario.
La nueva vida en semilibertad de 'Txeroki' en San Sebastián: un trabajo que "le han buscado sus amigos de Bildu" y voluntariadoPara el PP, ese uso flexible del trato penitenciario exige un dique adicional frente a la impunidad de los homenajes.
El PP subraya que no se trata de una reforma penal, sino de un complemento administrativo al artículo 578 del Código Penal, que castiga el enaltecimiento del terrorismo y la humillación a las víctimas.
La reforma legal fija que la instrucción y resolución de los expedientes correrá a cargo de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.
El Ministerio del Interior asumirá los casos muy graves o de ámbito superior a una provincia. Se remite a la legislación general de procedimiento administrativo para garantizar los derechos de audiencia, defensa y proporcionalidad del sancionado.
Al pleno ya mismo
La proposición se debatirá y votará en el Pleno del Senado del próximo 8 de abril, donde el PP tiene garantizada la mayoría para sacarla adelante.
Génova la presenta como una de las grandes leyes de la legislatura en la Cámara Alta, en su ofensiva por "recuperar el parlamentarismo, hurtado por Sánchez" a través del Senado.
Pero en el propio PP admiten que la vida útil de la norma se complica en cuanto cruce hacia el Congreso de los Diputados. Allí, la presidenta, Francina Armengol, mantiene congeladas en la Mesa varias decenas de proposiciones de ley aprobadas por el Senado.
Es lo que el secretario general del PP, Miguel Tellado, bautizó como "el congelador de Armengol".
La dirección de Alberto Núñez Feijóo denuncia que la mayoría de esas iniciativas no son leyes ideológicas, sino textos con fuerte contenido social.
Citan, entre otras, reformas en materia de vivienda y suelo, la ley de conciliación y diferentes medidas de apoyo a familias y clases medias. Y acusan a Armengol de bloquearlas "cumpliendo las órdenes de Sánchez, ante la falta de mayorías de un Gobierno incapaz".
Tellado ha repetido en las últimas semanas que "en el Congreso ya no legisla el Gobierno ni legisla la mayoría de la Cámara".
Y que Armengol actúa como "tapón político” para evitar que prosperen iniciativas del Senado que podrían reunir apoyos transversales, como hizo recientemente con la reforma que evitaba el "coladero de delincuentes" en la regularización masiva de inmigrantes.