Los populares advierten de las contradicciones directas de los dos decretos leyes publicados el BOE ya que las medidas se solapan y llegan a anularse entre sí
Regala esta noticia Añádenos en Google Feijóo, junto a Bravo y Muñoz este jueves en la sede nacional del PP en Madrid. (Efe)Madrid
01/10/2026 Actualizado a las 17:13h.A menos de 24 horas de una votación clave en el Congreso para el futuro del mercado inmobiliario y para la propia estabilidad parlamentaria del ... Gobierno de Pedro Sánchez, el PP ha encendido todas las alarmas al advertir de que de convalidarse los nuevos decretos de vivienda aprobados de forma urgente por el Consejo de Ministros desatará una ola de recursos judiciales y agravará el fenómeno de la «inquiokupación» en España. La formación de Alberto Núñez Feijóo, quien este miércoles confirmó su voto negativo por la «trampa» y «estafa» de la maniobra legislativa, considera que las nuevas normativas, lejos de solucionar la crisis residencial en España, colapsarán el sistema judicial y tensionarán aún más las relaciones entre propietarios e inquilinos.
Para los populares, este escenario genera un vacío legal inasumible. Al estar ambas normas vigentes de forma simultánea, los ciudadanos se encuentran ante la total incertidumbre de no saber a qué marco legal acogerse. Desde la dirección nacional califican el procedimiento como una «chapuza legislativa» que recurre a conceptos jurídicos indeterminados, lo que derivará de forma inevitable en una masiva batalla de recursos ante la justicia y en un incremento exponencial de la litigiosidad.
El primer partido de la oposición también alerta sobre las devastadoras consecuencias que este choque normativo tendrá sobre el ya maltrecho mercado inmobiliario. Denuncian que un día después de conocerse la letra pequeña del primer decreto el miedo de los arrendadores ante la desprotección legal está provocando que miles de viviendas desaparezcan diariamente de las plataformas de alquiler, contrayendo la oferta de manera drástica. Asimismo, los populares hacen hincapié en que este blindaje favorecerá el fenómeno de la «inquiokupación». «Estos dos decretos lo que traerán es confrontación, generará una ola de recursos en el ámbito judicial y enfrentamientos entre el arrendador y el inquilino y, además, potenciará la inquiokupación», declaró el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, tras un encuentro informativo en la sede del partido en Génova junto a la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz.
Recurso del Gobierno de Castilla y León
Frente al modelo del Gobierno, los conservadores defienden una alternativa enfocada en incrementar la oferta estructural a través de la liberalización de suelo, incentivos fiscales para el arrendamiento asequible, una Ley del Suelo eficaz que logre la construcción de un millón de viviendas en una legislatura y una reforma legal exprés que agilice los desahucios en casos de okupación.
Los servicios jurídicos del PP están estudiando posibles pasos a seguir en que caso de que este viernes se convaliden los dos textos. Por lo pronto, el Gobierno de Castilla y León ya ha anunciado su voluntad de recurrir los decretos al entender que invaden de forma «clara» las competencias autonómicas, «perjudican» los intereses de la comunidad y generan «inseguridad jurídica». Una senda que podrían seguir otras comunidades en las que gobiernan los populares ya que no se descarta una acción conjunta como se hizo con la ley de amnistía.
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