Concentración a favor de la regularización de los inmigrantes ilegales frente al Congreso de los Diputados. EFE
Editorial EL RUGIDO DE EL ESPAÑOL El PP y la UE activan las alarmas frente a una regularización descontrolada Publicada 1 abril 2026 02:39hLa decisión del PP de promover una ponencia en el seno de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional para analizar las consecuencias de la regularización extraordinaria de inmigrantes marca un salto cualitativo en el debate.
No se trata ya de una discrepancia política más entre Gobierno y oposición, sino de la constatación de que el proceso impulsado por La Moncloa ha cruzado una línea roja: ha dejado de ser sólo un expediente administrativo para convertirse en un potencial problema de seguridad nacional.
La nueva ponencia, presidida por la diputada popular Edurne Uriarte y con mayoría de PP y Vox gracias al voto ponderado, tendrá capacidad para recabar documentación de las administraciones, solicitar informes y llamar a comparecer a altos cargos, funcionarios y expertos.
Sus trabajos coincidirán con la ventana de solicitudes de la regularización, prevista entre abril y finales de junio, lo que garantiza que el examen parlamentario se desarrollará al mismo tiempo que el Ministerio del Interior tramita cientos de miles de expedientes.
El punto de partida no es irrelevante. El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional ha elaborado un análisis de riesgo que eleva hasta casi 1,3 millones los posibles beneficiarios de la regularización, muy por encima del medio millón estimado por el Gobierno.
El último Informe Anual de Seguridad Nacional, correspondiente a 2024, ya advertía de que las redes de inmigración irregular pueden coexistir con la financiación de otras actividades delictivas y ser utilizadas por terceros Estados como herramienta de presión geopolítica o de desestabilización institucional.
Ignorar esas señales no es prudencia; es desentenderse de los propios diagnósticos del Estado.
En paralelo, el tablero europeo se ha movido en dirección contraria a la que propone Pedro Sánchez.
La Unión Europea ha endurecido su política migratoria, reforzando los mecanismos de control de fronteras, los centros de retorno y las devoluciones, y reduciendo el alcance de las reubicaciones obligatorias.
Alemania, antaño símbolo de la acogida sin límites, ha pactado con el nuevo Gobierno de Damasco una hoja de ruta para repatriar en tres años hasta el 80% de los sirios que residen en su territorio, empezando por quienes carecen de permiso de residencia o han delinquido.
Mientras el corazón de Europa pivota hacia el retorno ordenado, Pedro Sánchez se obceca en abrir una regularización masiva de alcance aún incierto.
A este contexto se suma la advertencia nítida del comisario europeo de Migración, Magnus Brunner. En unas recientes declaraciones, Brunner ha recordado que un permiso de residencia concedido por España "no es un cheque en blanco" en el espacio Schengen y que los inmigrantes regularizados que intenten asentarse en otros países podrán ser devueltos a territorio español.
El mensaje es inequívoco: la responsabilidad última del proceso recae sobre España y sobre la solvencia de sus controles, no sobre unos socios europeos que ya han dejado claro que no están dispuestos a asumir los efectos de decisiones unilaterales ajenas.
Conviene subrayarlo: no se trata de negar la realidad de cientos de miles de personas que viven y trabajan en la economía sumergida ni de cerrar los ojos ante sus condiciones de vida. Cualquier Estado serio necesita mecanismos de regularización, precisamente para favorecer la integración y reducir el espacio de la explotación laboral y del delito.
Pero una regularización es algo más que un gesto humanitario. Es una gigantesca operación jurídica y administrativa que exige datos fiables, criterios claros y controles estrictos.
El Gobierno, sin embargo, ha optado por el atajo. Ha impulsado la regularización por decreto, sin una evaluación transparente del impacto sobre sanidad, educación, vivienda o servicios sociales, y resistiéndose a reforzar las garantías básicas que reclaman el PP y otros actores.
El rechazo a exigir certificados oficiales de antecedentes penales de los países de origen, sustituidos por meras declaraciones responsables, es un síntoma preocupante de ligereza en un ámbito donde la presunción de buena fe debe ir acompañada de la obligación de verificar.
Nadie discute que la inmensa mayoría de los potenciales beneficiarios sean personas pacíficas. Pero precisamente por eso es irresponsable no hacer todo lo posible por detectar a la minoría que no lo es.
Que el Congreso y el Senado, con los votos de PP, Vox y otros grupos, hayan pedido frenar o revisar en profundidad la regularización debería llevar al Gobierno a rectificar, no a atrincherarse.
También lo debería hacer la creciente inquietud en Bruselas, donde se teme que una medida de esta magnitud, adoptada "a ciegas y por decreto", acabe generando tensiones adicionales dentro del espacio Schengen.
La respuesta del Ejecutivo, hasta ahora, ha sido descalificar a quien disiente y minimizar las advertencias técnicas.
EL ESPAÑOL no pretende alimentar fantasmas ni demonizar la inmigración. Pero tampoco puede mirar hacia otro lado ante una regularización que el propio aparato de seguridad nacional considera potencialmente desestabilizadora si se gestiona sin rigor.
Entre el alarmismo y la ingenuidad hay un terreno amplio: el de las políticas serias, evaluadas y compatibles con nuestros compromisos europeos.