La etarra 'Anboto' durante un juicio.
Editorial EL RUGIDO DEL LEÓN El precio de la supervivencia de Sánchez es la memoria de las víctimas de ETA Publicada 22 marzo 2026 16:39h Actualizada 22 marzo 2026 22:43hLa noticia de que María Soledad Iparraguirre, alias Anboto, comenzará a disfrutar de un régimen de semilibertad este lunes ha provocado una razonable conmoción entre las víctimas del terrorismo y una profunda indignación en la opinión pública española.
No es para menos. Se trata de una de las dirigentes más sanguinarias de la historia de ETA, responsable de ordenar decenas de asesinatos y de gestionar las finanzas de la banda.
Su salida diaria de la cárcel de Zaballa no es un acto de justicia, sino el resultado de una estrategia calculada. Un movimiento que, como han denunciado expertos juristas y distintos colectivos de víctimas, se sirve de un uso fraudulento de la normativa penitenciaria.
Porque no consiste en una aplicación automática de la ley, sino en una treta legal diseñada para sortear los controles más estrictos del sistema.
Esta arquitectura de impunidad parcial se sostiene sobre cuatro pilares fundamentales.
En primer lugar, el abuso del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. El Gobierno vasco se ha servido de este mecanismo de flexibilidad para otorgar beneficios de tercer grado a presos que técnicamente siguen en segundo, evitando así las exigencias de arrepentimiento que marca la ley.
En segundo lugar, la reforma de la Ley 7/2014. Una modificación técnica que permite descontar los años de cárcel cumplidos en Francia, acelerando artificialmente la liquidación de condenas en España.
En tercer lugar, la transferencia de la competencia de prisiones al Gobierno Vasco, lo que ha facilitado una interpretación laxa de la reinserción más atenta a la conveniencia política que al rigor penal.
Y, por último, la prescripción de causas. El reciente archivo del caso Miguel Ángel Blanco por prescripción eliminó el último dique que mantenía a Iparraguirre en prisión preventiva.
El indicio más claro de que estamos ante un proceso viciado es que en el caso de Anboto no existe el más mínimo arrepentimiento. La exjefa de ETA no ha pedido perdón de forma sincera ni ha colaborado con la Justicia para esclarecer los casi 400 crímenes de la banda que siguen sin autor conocido.
Sin estos requisitos, cualquier medida de semilibertad es un simulacro que desvirtúa el fin último de la pena.
Este relajamiento del régimen penitenciario que ha venido fomentando el Gobierno en una ingeniería jurídica secuencial tiene una motivación política nítida: el pacto de "presos por presupuestos" entre el PSOE y EH Bildu.
Por desgracia para Pedro Sánchez, el propio Arnaldo Otegi fue explícito al vincular la estabilidad de la legislatura y el apoyo a las cuentas del Estado con la "vuelta a casa" de los reclusos etarras.
La salida de Anboto sólo puede ser entendida, por tanto, como una letra de cambio cobrada en el altar de la gobernabilidad del presidente.
Es cierto que España presenta una situación singular en el tratamiento de asesinos múltiples.
Mientras otros países aplican la acumulación matemática de penas, nuestro sistema introdujo tarde la Prisión Permanente Revisable (PPR).
Esta pena, que impide la salida de prisión sin una revisión judicial rigurosa, es la herramienta más contundente de nuestro ordenamiento contra los criminales más peligrosos.
El problema es que la PPR no es aplicable a los etarras debido al principio de irretroactividad, ya que sus crímenes son anteriores a la aprobación de la ley que la introdujo.
Una vía para solventar este déficit de justicia habría sido ampliar los supuestos de aplicación de la PPR, tal como propuso la oposición hace apenas unos días en el Congreso, haciéndola extensible a quienes oculten el paradero de un cadáver o a reincidentes habituales.
Pero el rechazo en bloque del PSOE y sus socios a esta reforma confirma que no hay voluntad de cerrar las grietas por las que escapan los terroristas.
Con independencia de los debates de índole técnica que pueda plantear el tratamiento penal a los asesinos de ETA, la faceta ética de la cuestión es indiscutible.
Y sólo puede calificarse de infamia que el Gobierno del PSOE haya antepuesto su perpetuación en el poder a la memoria de las víctimas.
Facilitar la semilibertad de criminales no arrepentidos con atajos reglamentarios encubiertos supone rendir al Estado de derecho a una aritmética parlamentaria inmoral, que mientras concede una impunidad parcial a los terroristas, ultraja la dignidad de sus víctimas.