Sumar quiere imponer ya la congelación de alquileres sin el aval del Parlamento.
El precio de la vivienda sigue creciendo de manera imparable y va a seguir haciéndolo mientras la oferta no se ajuste a la demanda. Y eso exige medidas que fomenten la construcción allí donde se necesitan. Lamentablemente, las medidas intervencionistas del Gobierno, lejos de impulsar la oferta la retraen.
Sin ir más lejos, en las últimas horas el Ministerio de Consumo ha exigido por carta a 13 grandes tenedores de inmuebles, entre ellos fondos de inversión y administraciones públicas, que poseen en conjunto 100.000 pisos en alquiler, que prorroguen dos años y mantengan las condiciones actuales a sus inquilinos para los contratos que venzan entre el 22 de marzo de este año y el 31 de diciembre de 2027, tal como recoge el Real Decreto Ley aprobado el pasado 20 de marzo.
El problema que se plantea es que la norma, que está ya en vigor, deberá ser convalidada en el Parlamento en un plazo de 30 días hábiles, pero el Gobierno no cuenta con los apoyos necesarios, lo que previsiblemente significa que decaerá pasado ese plazo. Los representantes de Sumar en el Gobierno están forzando la puesta en marcha de una medida que no tiene el aval del Parlamento, con la única intención de obtener una escasa notoriedad política, a costa de introducir una incertidumbre que perjudicará sin duda el acceso a la vivienda.
El Real Decreto, de entrar en vigor, modificaría de forma unilateral más de 600.000 contratos, lo que extendería la inseguridad jurídica y desincentivaría no sólo la inversión en vivienda de alquiler sino en vivienda en general, precisamente lo que hay que evitar si se pretende poner solución a unos de los mayores problemas que tiene ahora la sociedad española. Con su propuesta, Sumar podría beneficiar coyunturalmente a unos miles de inquilinos, que aprovecharían estos días que coinciden con la revisión de su contrato para congelarlo, y a cambio acabaría perjudicando a millones -en España hay casi cuatro millones de viviendas alquiladas- al tensionar una vez más el mercado con este nuevo brindis al sol.
Ante una norma que introduce mayor inseguridad muchos propietarios optarán una vez más por retirar oferta y serán también bastantes los inversores que desistan de construir las casas que este país necesita para que el acceso a la vivienda de los españoles, fundamentalmente de los más vulnerables, sea una realidad. Con demagogia e intervencionismo el problema de la vivienda en este país sólo se va a agravar.
Un decreto sin sentido que debe ser retiradoEl intervencionismo evapora los alquileresLa dimensión de la falta de vivienda en Europa Comentar ÚLTIMA HORA-
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