Con el dictamen aprobado por las Cortes Valencianas, el PP y Vox, con su votos el pasado 17 de junio, dieron por cerrada la investigación parlamentaria de la dana del 29 de octubre de 2024, sin embargo, el PSOE ha decidido pelear en los tribunales contra unas conclusiones que reescribieron u relato alternativo al que traza el juzgado de Catarroja y que apuntó a la responsabilidad del Estado más que a la de la propia Generalitat. Por eso, los socialistas han presentado en el Tribunal Constitucional un recurso de amparo con la finalidad de que ese dictamen quede sin efecto.
El grupo socialista basa su recurso en "irregularidades" cometidas durante la comisión parlamentaria de investigación y la aprobación de su dictamen. Por un lado, que se sustituyera la comparecencias como la de la ex consellera Emergencias, Salomé Pradas, y otros altos cargos, como el imputado Emilio Argüeso, como el, por la transcripción de las declaraciones que prestaron en el Congreso. Eso impidió que los diputados miembros de la comisión pudieran hacer sus propias indagaciones. "Se privó a los recurrentes de la posibilidad de formularle directamente preguntas relacionadas con la convocatoria del Cecopi, la información conocida tras decretarse avisos meteorológicos, las comunicaciones con el presidente de la Generalitat y otros responsables, la adopción de decisiones en el Cecopi...", recoge el escrito.
Además, indican que la comisión se extralimitó en su investigación al fiscalizar la política del Gobierno de España y formular "juicios explícitos sobre sus responsabilidades".
La portavoz socialista de Emergencias, Alicia Andújar, asegura que los socialistas solicitan que se restablezcan los derechos vulnerados y se deje sin efecto una actuación parlamentaria que "no puede tener cabida en una institución que representa la voz del pueblo valenciano, y en consecuencia, la memoria de las 232 personas que murieron ahogadas".
"Las Cortes Valencianas están para esclarecer lo sucedido y para exigir responsabilidades, y no vamos a permitir que el Partido Popular y Vox las utilicen como escudo político para borrar la responsabilidad de Mazón y al Consell del Ventorro", aseguró la diputada antes de calificar el dictamen de "ilegal e intolerable". "Frente a los intentos de imponer una versión que encubre a Mazón, nuestra obligación como representantes del pueblo valenciano es defender la verdad, la dignidad de las víctimas y el derecho de toda la sociedad valenciana a saber qué ocurrió y por qué", sentenció.
La comisión de investigación de las Cortes Valencianas aprobó el 17 de junio el dictamen de conclusiones con los votos de PP y Vox y el rechazo de PSOE y Compromís, el documento de 125 páginas en el que no se menciona ni una vez la actuación del entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. En cambio, es muy crítico con las "deficiencias" en la información meteorológica e hidrológica transmitida durante la emergencia y la falta de ejecución por parte del Gobierno central de infraestructuras hídricas en zonas de riesgo.
Sobre el papel la Generalitat valenciana, habla de "una falta de dirección a la hora de exigir, contrastar y reclamar de forma constante información actualizada sobre la evolución hidrológica de los barrancos y caudales que estaba en posesión de la Confederación Hidrográfica del Júcar".