- DAVID CASALS Barcelona
- El juez sitúa a Zapatero como líder de una "estructura de tráfico de influencias" para la "obtención de beneficios económicos"
- Sánchez da "todo su apoyo" a Zapatero y Feijóo pide su salida
Sumar, ERC, Compromís, PNV y Unidas Podemos marcan distancias con Sánchez tras conocer el auto judicial. Núñez Feijóo les emplaza a "mover ficha" y a que dejen de ser "cómplices" y "corresponsables" de un "Gobierno corrupto".
El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, está más solo desde este miércoles. Atrás queda el apoyo férreo que sus socios le dispensaron el martes, tras la imputación por parte de la Audiencia Nacional del exjefe del Ejecutivo y exsecretario general de los socialistas, José Luis Rodríguez Zapatero.
En menos de 24 horas, y tras leer el auto del juez que instruye el caso, José Luis Calama, ERC, Sumar, Izquierda Unida (IU), PNV, EH Bildu, Compromís y Unidas Podemos corrigieron su postura. Pidieron explicaciones y cargaron contra la respuesta de los socialistas. Estos últimos optaron de forma práctica unánime con cerrar filas con Zapatero, cuya imputación consideran un ejemplo de lawfare. O sea, de cómo se usan procesos judiciales como arma política.
El Congreso celebró la primera sesión de control al Gobierno donde el mal resultado del PSOE tras las elecciones andaluzas del pasado domingo quedó totalmente eclipsado por la situación procesal del exdirigente socialista. Sánchez defendió a ultranza a su predecesor en el Ejecutivo y en el partido y descartó adelantar las elecciones generales, tal como le reclamó el bloque de la derecha.
No sólo sacó pecho de Zapatero, sino que enalteció su legado, de quien destacó lo siguiente: "Propició el fin de ETA", "extendió derechos y libertades" y sacó a España "de una guerra ilegal en Irak" tras su llegada al poder, en 2004. "Lecciones de quienes tanto tienen que ocultar, ninguna", añadió Sánchez, tras volver a vincular al PP con corrupción.
Feijóo y sus compromisos
"Sólo hay que leer el auto para darse cuenta de que, sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir", proclamó el presidente nacional de los populares, Alberto Núñez Feijóo, durante el pleno. "Voy a hacer todo lo posible para que haya un cambio de Gobierno", afirmó.
El PP siguió sin recoger el guante de Vox y la moción de censura que plantea. Su líder, Santiago Abascal, ayer prefirió centrar su intervención en la sesión de control en las migraciones y la "prioridad nacional" que ha arrancado al PP en sus pactos autonómicos.
Feijóo no quiso dar detalles sobre cuál será su estrategia para conquistar al poder. "Cuando crea que ha llegado el momento, actuaré", afirmó escuetamente. Sí que quiso recordar que a Zapatero, se suman "diez" sumarios más que ponen a Sánchez contra las cuerdas. "La financiación del PSOE, otro [caso] sobre el hermano de Sánchez, sobre su mujer, el caso Leire, el caso Ábalos... ¿Qué más hace falta?", se preguntó.
Es una reflexión que el dirigente popular trasladó a los socios del Ejecutivo, a quienes tildó de "cómplices" y "corresponsables" de la degradación que vive la política española. Les acusó de sostener "la corrupción y a un Gobierno corrupto", por lo que les hizo un emplazamiento: "Tienen que mover ficha".
Sin embargo, ninguno de los integrantes de la denominada "mayoría de la investidura" está por la labor. Ni siquiera Junts, la formación más díscola, quien se limitó a pedir el respeto a la presunción de inocencia tras la imputación de Zapatero.
No hay voluntad de romper con el PSOE, pero el malestar de los aliados con la formación de Sánchez y Zapatero se evidenció explícitamente. Desde el socio pequeño del Ejecutivo de coalición, Sumar, se hizo un llamamiento a llegar "hasta el fondo" en la causa, detalló su portavoz en la Cámara Baja, Verónica Martínez.
El portavoz adjunto del grupo confederal y dirigente de Compromís, Alberto Ibáñez, aseguró que el auto de citación de Rodríguez Zapatero "no pinta bien" y que faltan "explicaciones" por parte del PSOE. Otro de los parlamentarios de la coalición izquierdista y dirigente de IU, Enrique Santiago recordó que "cobrar por gestiones políticas es delito". Por esta razón, vio oportuno que, de una vez por todas, se proceda a "regular bien todas las actividades" de los expresidentes.
"¿Dónde acaba el lobismo y empieza el tráfico de influencias?", se preguntó el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. Reconoció no ser "objetivo" ya que profesa "un enorme respeto y afecto" por Zapatero. Con todo, proclamó: "Tengo ojos en la cara; la izquierda somos otra cosa".
El PNV también consideró que las acusaciones contra Zapatero son "graves", aunque hizo un llamamiento a la cautela. EH Bildu evitó relacionar la imputación con la continuidad del Ejecutivo y vio "más importante dar un propósito a la legislatura".
Por el contrario, Unidas Podemos vio "atado" el futuro del Gobierno de coalición y el de Rodríguez Zapatero, cuyo auto "pinta feo". Así lo dijo su secretaria general, Yone Belarra, quien recriminó al presidente del Ejecutivo que haya salido "a la defensiva" en vez de adoptar una respuesta "más humilde".
Ante los reproches del bloque de la derecha y la distancia que marcaron varios de sus aliados en el Gobierno y en el Congreso, Sánchez decidió ayer no moverse ni un milímetro. Instó al PP a "mirarse al espejo" antes de hablar de corrupción y abandonó el hemiciclo tras las preguntas de los diputados.
Los ministros que intervinieron en el pleno también cerraron filas con el argumentario oficial. Lo mismo replicaron la mayoría de barones territoriales, entre ellos el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, quien apeló a la presunción de inocencia.
En cambio, el mandatario castellanomanchego, Emiliano García Page, fue la gran voz discordante por segundo día consecutivo. "No utilicen los ideales como justificación para poder delinquir", agregó sobre quienes defienden a Zapatero desde el "furor".
Testimonio en el Senado
En el Senado, compareció el auditor Jesús Ángel Carbajo, a quien la aerolínea Plus Ultra contrató para supervisar sus cuentas. No vio "irregularidades" en ellas, pero sí que detectó "alguna factura" de Análisis Relevante.
Se trata de la consultora del empresario Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero y presuntamente actuó como testaferro del expresidente. Carbajo expuso a los senadores que esta compañía "podía haber entrado en concurso de acreedores en 2020 si los accionistas lo hubieran considerado adecuado". Sin embargo, se optó finalmente por un rescate con fondos públicos de 53 millones de euros, y que fue a cargo de la Sepi.
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