Cuando le reprochan sus pactos, sus fieles responden que Pedro Sánchez ha hecho lo mismo que sus predecesores: sacrificar parcialmente sus principios a cambio de poder. Según ellos, no habría nada novedoso en la política de alianzas que ha sostenido el sanchismo. Pero esta lectura obvia un matiz importante: Sánchez, a diferencia de Felipe, Zapatero o Aznar, no ha pactado con partidos nacionalistas, sino con partidos nacionalistas que atentaron contra la legalidad.
Sus líderes no son meros adversarios ideológicos del consenso constitucional, sino condenados por delitos contra ese consenso. No hablamos de pactos sobre tipos impositivos marginales, sino de alianzas con actores que han atentado contra los derechos y libertades de todos los españoles, y que se ufanan de ello.
Pero si un socialista lo denuncia, es deslealtad.
España es constitucionalmente un Estado social y democrático de Derecho. La singularidad de Sánchez es que sus pactos han tensado los dos componentes de esa fórmula: la aspiración del Estado social, por la consabida incompatibilidad doctrinal entre redistribución universal y nacionalismo, y el ideal del Estado de Derecho por la situación procesal de sus socios. Y lo lógico es asumir que esta anomalía tiene consecuencias institucionales y electorales.
Pero si lo hacen Felipe González o Emiliano García-Page, es deslealtad.
Los llaman traidores. Los llaman resentidos. Les dicen que no deberían hablar en contra del partido, insinuando que las siglas y sus intereses siempre están por encima de los principios. Y esta es la parte más confusa, porque quien está descuidando los intereses del PSOE no es Felipe González, sino Pedro Sánchez. Los socialistas críticos no son puristas escandalizados por la evidencia de que la política parlamentaria implica aritméticas incómodas. Son líderes que observan que la aritmética se ha vuelto solipsista.
Entiendo que haya militantes dispuestos a aceptar la erosión de ciertos principios en nombre de la estrategia y la supervivencia del partido. Lo que resulta mucho más difícil de justificar -incluso desde una lógica puramente instrumental- es que el partido termine sacrificando no solo sus principios, sino también sus propios intereses, en beneficio exclusivo de su secretario general. Y Sánchez está erosionando tanto los principios como los intereses a largo plazo de su partido con el fin de asegurar su continuidad inmediata.
Las deleznables palabras de Óscar López sobre el fallecido Javier Lambán sólo pretendían desviar el foco del liderazgo nacional. Porque todos lo saben culpable de la caída en desgracia del PSOE en Aragón. Como antes en Extremadura, y pronto en Castilla y León y Andalucía.
Convergen en Sánchez estas dos singularidades: alianzas que violan los más básicos principios de decoro institucional, y un cálculo en el que ni los principios ni los intereses del partido tienen peso. El resultado no es un pragmatismo rutinario, sino una política en la que tanto la arquitectura social y jurídica del Estado como la identidad histórica del partido quedan subordinadas a los intereses de un solo hombre.
Pero no digan ustedes nada, no sea que les llamen desleales.